La jefa de fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, minimizó esta tarde la dilación en el inicio del juicio contra cuatro personas acusadas de darle muerte al publicista José Gómez Saladín en diciembre del año pasado.

Mientras, Rubén Delgado Ortiz, Edwin “Bebo” Torres Osorio, Alejandra “Pochi” Berríos Cotto y Lenisse “Prieta” Aponte Aponte siguen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en Guaynabo. Llevan allí ocho meses.

La noticia sobre el estancamiento en el proceso judicial que se lleva en el Tribunal Federal se conoció ayer cuando el fiscal federal a cargo del caso, Vernon Benet Miles, consignó en corte que no ha podido obtener evidencia del caso en poder de la Policía y del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

De hecho, los abogados de los acusados plantearon que no tienen el informe de autopsia, ni los informes de los agentes de la Policía. Esta tarde, la portavoz de la Policía, Michelle Franco, indicó que todos los documentos pertinentes al caso habían sido entregados por la agencia. Recordó que los abogados de la defensa en el caso pueden obtener copia de las querellas en las comandancias.

Hoy, en medio de una conferencia en la sede de la Guardia Costanera, Rodríguez rechazó que, a pesar de que han pasado ocho meses, haya "prejuicio" contra alguno de los acusados.

"Este caso no tiene ni fecha de juicio. Si argumentan que existe algo (evidencia), se les va a dar. En estos casos que son elegibles para pena de muerte, que es lo que se llama un 'open file', se le entrega todo o casi todo a la defensa", dijo Rodríguez.

En el sistema local, la Constitución de Puerto Rico dispone que si en un término de 180 no se inicia el proceso de juicio contra un imputado de un crimen, la persona puede salir en libertad a través del recurso de habeas corpus.

Cuando se le recordó a Rodríguez que el fiscal Benet Miles responsabilizó a la Policía y al ICF, Rodríguez contestó: "Eso puede ser, pero no va a ser por mucho tiempo. Como le digo a los fiscales, si tienen problemas con el Instituto (de Ciencias Forenses) o con la Policía, me avisan o le avisan a uno de los supservisores y nosotros llamamos. Puede que haya muchos casos y no necesariamente los nuestros van primero", dijo.

Rodríguez dijo que "quizás", Benet Miles le notificó a su supervisora inmediata, la fiscal María Domínguez, de sus contratiempos obteniendo prueba.

Este medio le solicitó en la tarde al ICF que detalle qué documentos o prueba relacionada a la muerte de Gomez Saladín falta por ser entregada a la fiscalía. A las 6:40 p.m., no se había obtenido una respuesta certera.

La tardanza en el inicio del juicio ha impedido que el caso sea presentado ante el comité del Departamento de Justicia de Estados Unidos que evalúa los casos elegibles a pena de muerte.

Al menos uno de los abogados en el caso, John Martin, le dijo a este medio ayer fuera de sala que sus compañeros de defensa están en un "limbo".

Los cargos contra los acusados son por actuar en concierto y común acuerdo con la intención de causar daño corporal y la muerte al apropiarse del carro de Gómez Saladín bajo la fuerza y por retirar dinero con la tarjeta de ATH de la víctima cuando ya estaba muerta.

Los hechos de este caso ocurrieron en la madrugada del 30 de noviembre de 2012, en Caguas.

Luego de que Gómez Saladín fue obligado a retirar $400 de un cajero automático, le dieron en la cabeza y lo montaron en el asiento trasero del vehículo y fueron a comprar gasolina, según el pliego acusatorio.

Los acusados lo llevaron a un lugar solitario en Cayey, donde le ordenaron que se pusiera de rodillas, mientras le daban con objetos que encontraron en el lugar. Luego, le impregnaron gasolina y lo prendieron en fuego. Gómez Saladín trató de huir, pero lo golpearon hasta morir.