El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) aseguró hoy, jueves, que se han tomado “medidas cautelares” para evitar que los acusados por los asesinatos de cuatro miembros de la familia Ortiz Uceda estén expuestos a confrontaciones con otros prisioneros.

“En este caso, por la difusión que ha tenido, se han tomado las medidas cautelares necesarias de seguridad para evitar confrontaciones de la población penal”, dijo el titular del DCR, José Negrón Fernández, en un comunicado de prensa.

El funcionario, además, aseguró que “al momento no se han reportado amenazas hacia estas dos personas en la institución” a la que fueron ingresados anoche tras ser acusados en el Centro Judicial de Bayamón.

“Las medidas por ser de seguridad no pueden ser divulgadas en detalles”, sostuvo Negrón Fernández al referirse a los sumariados Christopher Sánchez Asencio y José Bosch Mulero, quienes permanecerán tras las rejas en espera de ser enjuiciados por los crímenes del militar retirado Miguel Ortiz Díaz, de 66 años; su esposa, Carmita Uceda Ciriaco, de 45 años, y la suegra del hombre, Clementina Ciriaco López, de 73. La pareja también fue acusada por un cuarto asesinato en el que la víctima fue el adolescente Miguel Ortiz Uceda, de 15 años, hijo del matrimonio Ortiz Uceda.

A Sánchez Asencio y Bosch Mulero se le fijaron fianzas de $8 millones, tras imputársele 40 cargos criminales que incluyen para cada individuo cuatro cargos por asesinato en primer grado, uno por tentativa de asesinato, en relación a la grave agresión contra el hijo menor del matrimonio -único sobreviviente de la matanza- nueve infracciones a la Ley de Armas, dos cargos de secuestros agravados, uno por agresión agravada y otros por robo, conspiración y destrucción de prueba.

“Alrededor de las diez de la noche de ayer miércoles (ambos jóvenes) fueron ingresados a la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón…Inmediatamente comenzó a llevarse a cabo el proceso rutinario con toda persona que ingresa a una institución penal. Se les hizo las entrevistas correspondientes por el personal de turno”, explicó Negrón Fernández.

Como parte del protocolo regular de ingreso a prisión, agregó que Bosch Mulero y Sánchez Asencio fueron llevados al área médica para la evaluación inicial, se les entregaron sus uniformes de reo y fueron asignados a celdas separadas.

La vista preliminar del caso incoado contra Sánchez Asencio y Bosch Mulero fue señalada para el próximo 12 de diciembre en el Centro Judicial de Bayamón, informó la Policía.

AI lamenta la matanza

La consternación e indignación causada por los asesinatos de los cuatro miembros de la familia Ortiz Uceda ha propiciado comentarios de todo tipo en redes sociales, incluyendo reclamos de pena capital para los imputados por la matanza.

Esta tarde, la organización Amnistía Internacional (AI) sección de Puerto Rico reclamó descartar plantear la pena de muerte como “solución” ante tragedias como la masacre de la familia de Guaynabo.

“Sabemos que el dolor nos hace vulnerables a dejarnos llevar por el odio y reclamar vida por vida, no obstante sabemos que la pena de muerte no es la solución. No estamos protegiendo a los perpetradores, aspiramos a que se haga justicia y cumplan sentencias justas y humanas”, dijo Evelyn Michelle Román, coordinadora del Comité en Contra de la Pena de Muerte de AI en Puerto Rico.

 “No es momento de buscar venganza con los perpetradores, sino justicia con las víctimas y con Puerto Rico. No podemos permitir que individuos cometiendo actos tan despreciables nos definan como sociedad. El fracaso del sistema tradicional de seguridad ha sido puesto en evidencia una vez más, esta vez de forma horrible y aplastante. La solución no es la respuesta fácil de más policías, más miedo, sentencias más severas o represión. Es momento de ir a las causas de la criminalidad y abordar la seguridad desde un enfoque salubrista y de derechos humanos”, dijo, por su parte, Pedro Santiago, director ejecutivo de la organización en la Isla, en declaraciones escritas.

Asimismo, AI Puerto Rico expresó su apoyo a los familiares de las víctimas de la matanza, que la entidad describió como un acto que toda la sociedad debe condenar. “Nadie merece ser asesinado, ni perder a un ser querido de esta forma, ni pasar por la experiencia tan aterradora como la que vivió el joven sobreviviente, por eso expresamos nuestra profunda solidaridad con el joven sobreviviente y su familia”, reza el comunicado de la organización.