El portavoz de la organización Toabajeños en Defensa del Ambiente, Juan Camacho, solicitará la intervención del juez federal, Gustavo Gelpí, y del asesor técnico de cumplimiento en la Policía, Arnaldo Claudio, para que atiendan su reclamo de cierre del polígono de tiro que opera en Isla de Cabras.

Claudio es responsable de asegurar la vigencia del Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía, y Gelpí tiene la jurisdicción del caso.

Durante décadas, esta organización comunitaria viene denunciando la falta de controles de seguridad y el alto grado de contaminación del área recreativa en la que opera el polígono de la Policía, además del almacén de pirotecnia de la División de Explosivos. 

“Nosotros vamos a seguir nuestra lucha allí o frente al Cuartel de la Policía. Vamos a referir el caso al Monitor de la Policía y al Departamento de Justicia federal en relación al informe del 2011, donde se le acusa a la Policía de ser represiva contra las comunidades. La represión no necesita violencia, no es solamente física. No nos tienen que entrar a macanazos y agredirnos”, sostuvo Camacho, quien reclama el cierre del polígono desde hace décadas. 

El otrora maestro en el sistema público considera que operar un campo de tiro en el mismo lugar que opera un área recreativa es una aberración que no tiene justificación. 

Al reaccionar al artículo de Primera Hora en el que la superintendente, Michelle Hernández, aseguró que, aunque no tienen presupuesto para ello, evalúan a largo plazo la posibilidad de cambiar el plomo de las balas para eliminar el foco de la contaminación, Camacho opinó que eso constituye una admisión de que el área está contaminada. 

Hernández reveló que varias agencias, entre ellas la agencia Estadounidense de Protección Ambiental (EPA) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) les certificaron que cumplieron con los señalamientos hechos sobre la salud de seis instructores de tiro sobre expuestos al plomo y la contaminación del área.

“Si cumplieron con OSHA u otras agencias fue los otros días, ese suelo ha estado totalmente contaminado. El problema no es solo de la Policía, sino de todas las agencias federales y estatales donde sus funcionarios usan sus pistolas para ir a disparar al polígono”, agregó Camacho. 

El activista también cuestionó el proceso que emplea la División de Explosivos de la Policía desde junio pasado, mediante el cual sumerge la pirotecnia en agua por cuatro horas y si la Junta de Calidad Ambiental certifica que no contiene metales, entonces se deposita en un vertedero regular.