La jueza María Trigo Ferraiuoli, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, volvió a repautar hoy el comienzo del proceso judicial contra el exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, luego de que el Fiscal Especial Independiente (FEI) radicara ayer una petición de reconsideración ante el Tribunal Supremo para evitar que el juicio sea divido por cada una de las dos víctimas que acusan al otrora líder político de hostigamiento sexual.

“Este Tribunal continúa sin jurisdicción”, afirmó la jueza. De inmediato, pautó otra vista de conferencia de los estados para el próximo 2 de abril a las 10:00 a.m.

El proceso judicial está detenido desde octubre pasado, cuando el abogado de O’Neill, Harry Padilla, radicó dos mociones. La primera fue la de separar el juicio por delitos, lo que provocó que el caso quedase dividido en cada una de las víctimas que imputan al exalcalde.

El Tribunal de Apelaciones decidió en enero pasado conceder el pedido del acusado, por lo que los FEI Guillermo Garau y Leticia Pabón recurrieron al Supremo para evitar que esta separación de juicios ocurra. El pasado 15 de febrero el Supremo determinó declarar la petición “no ha lugar”, lo que ocasionó que ayer se solicitara la reconsideración.

El escrito sometido por el FEI establece que el Supremo debe aclarar si la negativa fue basada en los méritos de la petición o por incumplimientos reglamentarios.

También los fiscales aludieron que “el dictamen del Tribunal de Apelaciones atenta contra los valores más fundamentales de nuestra vida democrática y crearía una casta intocable de ciudadanos que estaría por encima de la ley”.

“De este Tribunal no intervenir y revocar al Tribunal de Apelaciones, se estaría confiriendo derechos o privilegios al acusado Héctor O’Neill García que no le cobijan a otro ciudadano particular que esté imputado o sea procesado de cualquier delito penal”, añade la petición de reconsideración.

Garau explicó hoy que la decisión del Supremo no significa una derrota para el FEI.

“Tenemos fe que van a reconsiderar y ver este caso en sus méritos”, expresó.

Dijo que abogan por que los juicios no se separen, ya que sería “un derroche de dinero. Le va a costar esto al gobierno dos juicios y jurado. Yo creo que la conveniencia y la economía procesal lo que aconseja es que se vea un solo juicio”.

Asimismo, alegó que el tener a las dos víctimas separadas no les afectará durante los juicios.

Es por “la cuestión procesal, no tener que pasar el trabajo dos veces. Mejor es pasarlo una vez”, aludió Garau. “No entendemos cómo el Apelativo resolvió verlo por separado, cuando no hay ni una cintila de prueba que se ocasione un perjuicio indebido en este caso”.

Mientras, la fiscal Pabón comentó que estos dos juicios harían que O ‘Neill se exponga “dos veces al mismo proceso”.

Por su parte, el abogado del exalcalde de Guaynabo insistió que la decisión del Supremo “es correcta en derecho”.

Además, dijo que la reconsideración radicada por el FEI “carece de mérito, porque no aborda lo realmente importante en el asunto que es si las reglas 89 y las reglas nuestras de procedimiento (criminal) permiten la consolidación de procesos como estos, y yo estoy claro que la regla no lo permite. El estado de derecho es claro”.

A modo de ejemplo, indicó que si una persona comete dos asesinatos en fechas distintas, los juicios se celebran por separado.

 “Eso no son casos consolidables. El hecho de sea una misma persona la imputada y sea un delito de igual naturaleza, no los hace consolidable”, expresó.

De paso, Padilla dijo que alegar que la decisión se convierte en un privilegio para O’Neill “es la cosa más absurda”. 

Por otro lado, la otra moción que está pendiente ante la jueza no se ha analizado en sus méritos por la paralización del proceso judicial. Se trata de una orden protectora que alude a lo publicitado del caso. Por ello, se pide que se aplace el proceso judicial.

Contra O’Neill pesan siete cargos criminales. Estos son por violencia doméstica en su modalidad de maltrato y de agresión sexual, acoso sexual en el empleo, así como violaciones a la Ley de Ética por aprovechamiento de su posición para obtener beneficio sexual.

El FEI alega en su acusación que O’Neill mantuvo relaciones sexuales con dos exempleadas del municipio de Guaynabo, las cuales supuestamente fueron víctimas de maltrato, agresión sexual y acoso sexual.

De ser hallado culpable en el juicio, que todavía no tiene fecha para iniciar, podría enfrentar una pena de cárcel de 25 años.