El productor Sixto Jorge Díaz Colón, mejor conocido como Sixto George, lideraba tras bastidores las empresas mencionadas por el exsecretario de Asuntos Públicos bajo la administración de Ricardo Rosselló, Anthony Maceira Zayas, durante le juicio en su contra y que formaban parte de la supuesta extorsión que recibió de su parte, testificaron este viernes Lidmarie Torres y Madeline López Pagán.

Estas corporaciones eran Collective Impact y Social Consulting.

Torres dijo haber sido la gerente general de Collective Impact, quien mantuvo un contrato entre el 22 de abril al 30 de junio de 2019 con el Departamento de Hacienda. Este contrato fue concedido por el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, dijo.

Mientras, López Pagán era la presidenta de Social Consulting. Esta corporación recibió un contrato con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Torres fue más allá de involucrar a Díaz Colón en la creación de las empresas. Declaró que una vez Collective Impact recibió el primer pago de Hacienda, remitió un cheque a nombre de Díaz Colón el 8 de junio de 2019. El mismo fue por $1,400. Dijo que lo hizo ordenada por Díaz Colón y otro trabajador de la empresa, a quien identificó como Luis Otero.

Torres explicó que le retuvo $100 como parte de la retención contributiva.

Para emitir el pago, Torres dijo que le hizo a Díaz Colón suscribir un contrato de servicios profesionales con la corporación. Alegó que ese contrato se firmó el 8 de junio de 2019 y que la paga que supuestamente estableció el mismo acusado fue por $1,500 mensuales.

El contrato se firmó ese mismo día, pero alegaba que este fue contratado entre el periodo del 23 de abril al 30 de junio de 2019, testificó Torres durante el quinto día del juicio contra Díaz Colón.

Trascendió en el juicio que el 10 de julio de 2019 la corporación recibió un segundo pago de Hacienda por $19,325, según confirmó en su testimonio el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea.

La testigo afirmó que de este pago no se le dio ningún cheque a Díaz Colón. Informó que Otero y ella determinaron no hacerlo y dejar el dinero congelado en el banco.

Alegó que tomaron la decisión, porque “ya basicamente el escándalo había empezado a salir a flote”. No detalló de cuál escándalo se refería. No obstante, para esos días se divulgó el contenido completo del chat de Telegram que llevaron a Rosselló a renunciar.

Torres fue la sexta testigo que presenta el Ministerio Público en el juicio por extorsión que se sigue contra Díaz Colón en el Tribunal de Distrito de Puerto Rico con sede en el Viejo San Juan, ante la sala del juez Francisco Besosa. Mientras, López Pagán fue la séptima.

¿Cómo se formaron las corporaciones?

Cuestionada por la fiscal federal Myriam Fernández, Torres informó que fue llamada por un activista de la estadidad y que se dio a conocer para la época en que el exgobernador Pedro Rosselló lideraba al Partido Nuevo Progresista (PNP), Félix Plaud, a una reunión en algún momento de marzo de 2019. En ese encuentro, según dijo, estuvo presente Díaz Colón, entre otras personas.

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López Pagán también mencionó a Plaud y a Díaz Colón como los responsables de comenzar a establecer las corporaciones.

En su testimonio, Torres explicó que fue el acusado federal el que tomó la palabra en esta primera reunión en la que se formarían las corporaciones. Alegó que, “básicamente, expuso la oportunidad de dos proyectos dentro de los cuales se iban a trabajar de manera independiente, administrados independientemente, donde se iban a hacer unos servicios de apoyo colaborativo orientados a desarrollo social y que íbamos a estar dando servicios a agencias de gobierno”.

Declaró que Díaz Colón “me dijo que no quería estar al frente de las compañías, porque él era una personalidad pública”.

Una declaración similar fue hecha por López Pagán. Estableció que en la primera reunión para formar la corporación se le dijo que Díaz Colón no estaría en ningún documento.

Específicamente, manifestó que “en la reunión inicial nos indicaron que como él era una figura pública no debía aparecer en ninguno de los documentos”.

El testigo principal del Ministerio Público, Maceira Zayas, alegó durante su extenso testimonio que Díaz Colón le pidió que se renovaran estos contratos, ya que recibiría $2,000 mensuales por cada una de las empresas.

Durante la declaración de Torres, esta informó que en un chat del grupo de corporaciones que Díaz Colón estableció que él se encargaría de lograr la renovación de los contratos con Hacienda y OGP. No estableció, sin embargo, cómo lo lograría.

En ese chat, alegó que Díaz Colón escribió lo siguiente, tras preguntar sobre cómo iban las gestiones para renovar el contrato con Hacienda: “No funciona así. Yo me encargo. Concéntrate en enviar la factura, por el amor de Dios”.

Maceira Zayas incluyó esta petición de que los contratos se renovaran en el listado de favores y dinero que le solicitó el acusado federal como parte de la alegada extorsión que le hizo para mejorar la imagen del exgobernador Ricardo Rosselló en medio del convulso verano del 2019.

Además, en el testimonio alegó que Díaz Colón también le solicitó un pago de $300,000 para supuestamente comprar el silencio de Raúl “Raulie” Maldonado Nieves, hijo del exsecretario de Hacienda, Maldonado Gautier. Se alega que este hizo público el controvertible chat de Telegram en el que participaba Rosselló y su equipo de trabajo. Esta divulgación, así como unos arrestos por corrupción que ocurrieron a inicios de julio provocaron multitudinarias protestas que llevaron al exgobernador a renunciar a su cargo el 24 de julio de 2019.

Por otro lado, a preguntas del abogado del acusado, Ricardo Castro Lang, Torres aseguró que el trabajo de la corporación se realizó en beneficio de las comunidades, en especial el residencial Luis Lloréns Torres y las parcelas Falú, ambas en San Juan.

“El trabajo está documentado, el trabajo está hecho”, sentenció.

Ese trabajo de la corporación, dijo, era impactar comunidades vulnerables.

“Es un programa amparado, establecido en múltiples países. Programa novedoso para la comunidad local y básicamente en este proceso inicial, se estaba estableciendo, obteniendo información, donde aplicábamos la información ya obtenida en base al mismo modelo y en otros mercados y, entonces, se cogieron unas muestras en Lloréns Torres, parcelas Falú y lo que se buscaba era aplicar esos 17 principios de modelo inicial de Collective Impact y ver cómo podíamos atemperarlos para mejorar el servicio en las comunidades”, explicó.

Cabe destacar que durante el juicio trascendió que la líder comunitaria Carmen Villanueva había sido contratada y recibió pagos de la corporación Collective Impact.

Por otro lado, López Pagán informó durante el juicio que Social Consulting obtuvo un contrato cn OGP de $40,000 para trabajos entre mayo y junio de 2019.

Testificó que no llevó ninguna factura para cobrar a OGP cuando se enteró que Collective Impact le había realizado un pago a Díaz Colón.

Señaló que, de inmediato, “pregunté por qué un cheque para él, porque nos habían dicho que él no iba a cobrar”. Como no le contestaron, dijo que decidió no someter la factura a OGP.

“¿Tenía alguna preocupacion?”, le cuestionó la fiscal federal.

“Sí, porque no sabía quién iba a recibir el dinero restante de las facturas que se habían hecho”, respondió la mujer, quien solo trabajó para esta corporación un mes.

Por otro lado, a preguntas del abogado de Díaz Colón, la testigo dijo desconocer si el acusado realizó alguna función para Social Consulting. De paso, aceptó que nunca se le pagó ningún cheque.

Se supone que la corporación realizaría trabajos comunitarios para OGP, similares a los que hacía Collective Impact para Hacienda.