Los Testigos de Jehová sometieron una moción informativa ante el juez federal Gustavo A. Gelpí en la que indicaron que en varias urbanizaciones se les ha negado el acceso y que los agentes de la Policía no les han provisto asistencia y a veces ni conocen sobre la orden emitida el 21 de marzo de 2013, garantizando el acceso de los religiosos en las urbanizaciones con control de acceso.

Según la moción suscrita por los abogados Paul D. Polidoro y Nora Vargas Acosta, los Testigos de Jehová llevaron a cabo una campaña mundial para "compartir un mensaje importante de la Biblia con sus vecinos", pero se les negó el acceso a las urbanizaciones Ciudad Jardín y River Valley en River Hills, ambas en Canóvanas, en Parmasola en Aguas Buenas, y en Palmas Royale, en Las Piedras. Los complejos residenciales tienen guardia de seguridad en los controles de acceso.

Según reza la moción, los Testigos de Jehová fueron a Ciudad Jardín el 16 y 30 de agosto, y en ambas ocasiones se les negó la entrada, por lo que llamaron a la Policía para asistencia. Los uniformados nunca llegaron, aunque se les dijo que iría una patrulla al lugar. Tras esperar más de una hora, "se fueron sin asistencia y sin poder entrar".

El 19 de agosto fueron a Parmasola, pero el guardia de seguridad no les permitió la entrada. Cuando llegaron agentes de la Policía, les dijeron que no podían ayudarlos alegando que el caso estaba pendiente en la corte. Prepararon una querella y se fueron sin ayudarles a entrar.

En otra ocasión, el 27 y 29 de agosto, intentaron, sin éxito, accesar River Valley en River Hills. La primera vez, la policía no llegó y en la segunda ocasión, los agentes dijeron que no podían hacer nada porque el administrador de la urbanización no les permitió la entrada. Los oficiales les sugirieron a los religiosos que tuvieran consigo una copia de la orden del juez y que les enviaran una copia para poder ayudarlos en el futuro.

A Palmas Royale fueron el 16 de agosto y el 2 de octubre pasado y no se les permitió entrar. Al igual que en los otros casos, la Policía no fue la primera vez y la segunda vez, les dijeron que no podían ayudarlos. También les aconsejaron tener consigo la orden del juez federal.

El 21 de marzo de 2013, el juez federal Gelpí emitió una orden permitiendo la entrada de los Testigos de Jehová a todas las urbanizaciones con control de acceso para poder llevar su mensaje evangelizador, dado a que las calles son públicas. De hecho, determinó que las comunidades con control de acceso sin guardias de seguridad debían proveerles "beepers", dispositivos, llaves o claves de entrada para poder tener acceso.

La demanda de los Testigos de Jehová reclamando acceso a las comunidades cerradas que no cuentan con guardias de seguridad, se remonta al año 2004 y es contra los municipios de Bayamón, Caguas, Canóvanas, Dorado, Gurabo, Guaynabo, Las Piedras, Ponce, Trujillo Alto, Santa Isabel, San Juan, Vega Baja y Yauco.