Los abogados de los Testigos de Jehová le solicitaron al juez federal Gustavo Gelpí que se reafirme en su determinación de encontrar al municipio de Dorado en desacato por no haber salvaguardado los derechos de los religiosos cobijados por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Una moción radicada por los demandantes, quienes han ganado varias batallas legales para poder llevar su mensaje de casa en casa en urbanizaciones con control de acceso en Puerto Rico, detalla que el municipio de Dorado falló en hacer valer las directrices del Tribunal Federal en la exclusiva urbanización Sabanera. 

Gelpí secundó una serie de recomendaciones emitidas por la magistrada Silvia Carreño Coll, quien determinó que los religiosos tuvieron que abandonar la comunidad en cuatro ocasiones entre agosto de 2014 y enero de 2015 cuando se les prohibió acercarse a las puertas o los portones de entrada de las residencias para llevar su mensaje religioso. 

“El municipio de Dorado, como cualquier otro ayuntamiento, no puede permitir que comunidades impongan condiciones que atenten contra los derechos de los religiosos consignados por la Primera Enmienda”, señala la moción, citando una opinión de Carreño Coll. 

Gelpí falló a favor de los Testigos de Jehová el pasado 21 de marzo de 2013 y el Primer Circuito de Cortes de Apelaciones de Estados Unidos también ha favorecido las decisiones del togado del distrito federal de Puerto Rico.

Pero, recientemente, varias comunidades han objetado la entrada de los feligreses de esta religión al subrayar que sus comunidades son privadas. Una opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, solicitada por Gelpí, estableció que existe la jurisprudencia en el foro estatal para poder calificar las calles de algunas comunidades como privadas.