Un pasito pa’lante, otro pa’ atrás y vuelve a empezar. Así parecía estar ayer -cerca y lejos- el coacusado Glenn Rivera Pizarro al esquema de corrupción que se dio en la Cámara de Representantes.

Por un lado Víctor Burgos Cotto, insistía en que Glenn estaba vinculado, y por otra parte aceptó que eran pocas las comunicaciones escritas en las que se le incluía con relación al proceso para favorecer a las empresas fantasmas de Anaudi Hernández, ex recaudador del Partido Popular Democrático (PPD) y ex miembro del comité de finanzas de Jaime Perelló.

Víctor, exdirector de la Oficina de Tecnología e Informática de la Cámara de Representantes, en su tercer día en la silla de testigos, también reiteró que Glenn supervisaba sus funciones y era uno de los que lo presionaba para que ayudara a la empresa 3CommGlobal, de Anaudi.

Luego el fiscal Timothy Henwood presentó un correo electrónico enviado por uno de los socios de Anaudi directamente a dos cuentas de Glenn, la oficial y la personal con la propuesta de cambio de cuadro telefónico, el día después de que venciera el plazo el 17 de mayo de 2013.

También se presentó un resumé en que Glenn indica que parte de sus funciones en el cuerpo legislativo era dar “apoyo” a nueve áreas incluyendo tecnología.

Su abogado, Juan Masini Soler, examinó el documento meticulosamente para establecer que en trabajos anteriores Glenn “supervisaba”, mientras en la Cámara daba “apoyo”,  de esta forma buscaba alejarlo de la línea de mando. Víctor, quien se declaró culpable de un cargo en este caso, indicó que otros empleados camerales podían confirmar que recibían instrucciones de Glenn. 

Mientras, el exfuncionario negó que le pasara detalles a los socios de Anaudi para que ajustaran su propuesta y se quedaran con el contrato, contrario a lo que dijo  de esos socios, Héctor Vargas.

Según Víctor la contradicción estaba en que Héctor “miente”.

También testificó ayer Tanya Pérez del Banco Popular quien hizo un repaso de cuentas de Ivonne Falcón y su hermana Marielis, otras coacusadas.

De acuerdo con los datos mostrados, ambas recibieron grandes cantidades de dinero en efectivo, entre 2012 e inicios de 2015. No obstante, la testigo tuvo que aclarar que los cheques se pueden registrar como efectivo.

La funcionaria del Banco Popular dijo que no podía establecer que el dinero que ellas ingresaban proviniese de alguna actividad ilegal.

El juicio continúa el lunes.