El ambiente en el municipio de Guaynabo, bajo la administración de Héctor O’Neill García, era una “machista, superficial, de fanatismo político, en donde los hombres eran los que mandaban allí” y se admitía abiertamente el acoso sexual, según describió hoy, miércoles, la abogada Inés María Jelú Iravedra en un juicio civil que se realiza en el Tribunal de Distrito federal, en Hato Rey.

La mujer figura como demandante contra el ayuntamiento porque supuestamente se permitió que el hijo del exalcalde, Héctor “El Cano” O’Neill Rosa, realizara un patrón de hostigamiento sexual en su contra entre verano de 2012 a verano de 2015, cuando la demandante laboraba en la División Legal, sin que se tomara ninguna acción. Por la angustia que atravesó en este periodo, la letrada solicita una compensación de $300,000 por leyes federales y $3 millones por leyes estatales.

Mientras testificaba en la sala del juez federal Raúl Arias Marxuach y ante la presencia del jurado, compuesto por seis hombres y tres mujeres, la mujer explicó que ningún funcionario atendió sus quejas de que era víctima de hostigamiento. Dijo que su circunstancia era tal que, cuando renunció por recomendación médica en marzo de 2016, el exalcalde O’Neill García no le aceptó la dimisión y se mantuvo sin cobrar, sin poder buscar ayuda gubernamental o conseguir otro trabajo hasta diciembre de 2016, cuando finalmente le aceptaron la separación de su cargo.

“Me sentía desesperada. Era una situación de la cual no podía salir… Lo que me faltaba era quitarme la vida”, sentenció a preguntas de su abogado José Quetglas Jordán.

Entre otras cosas, la mujer llegó a estipular que en el municipio se habían violado a mujeres en este tipo de ambiente hostil que se desarrollaba.

Específicamente, expresó que cuando O’Neill Rosa llegaba de improvisto a su oficina, salía corriendo a esconderse en el baño hasta que este se fuera.

“Le tenía miedo de que me violara, porque sabía que había ocurrido otras veces en el municipio”, afirmó, provocando el abogado del ayuntamiento, Claudio Aliff Ortiz, emitiera una objeción.

En otra ocasión, Jelú Iravedra reveló que “yo me sentía intimidada hasta cuando caminaba. No eran todos, pero algunos hombres lo que hacían era mirarnos el cuerpo sin ningún respeto, como si quisieran desnudarnos. Eso iba desde el alcalde (O’Neill García), sus hijos”.

También destacó que la mayoría de las víctimas de hostigamiento en el municipio eran madres solteras, principalmente las de O’Neill Rosa.

Explicó, de paso, que no renunciaba a su puesto de abogada del municipio y se mantuvo por varios años en ese patrón, pues tenía un hijo y no recibía ninguna pensión alimenticia.

“Me sentía horrible, porque necesitaba estar trabajando”, expresó.

Estas revelaciones de la mujer ocurren en momentos en que el exalcalde de Guaynabo espera por que se realicen dos juicios en su contra por violencia de género, agresión sexual, acoso sexual y violaciones la Ley de Ética Gubernamental. Son dos mujeres las principales víctimas en estos sonados casos, que mañana tiene una vista de estado de los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón.

Pero el caso en que Jelú Iravedra es víctima, no se realiza un enjuiciamiento criminal, sino un juicio por una demanda civil.

Cabe destacar que el pasado 14 de octubre la mujer retiró voluntariamente la demanda contra O’Neill Rosa sin obtener ninguna compensación. No obstante, prosiguió con la demanda contra el municipio.

El actual alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, intentó llegar a una transacción monetaria con la víctima, pero la Legislatura Municipal no le dio paso a una resolución que le hubiese concedido a la abogada $600,000 por los daños sufridos. Ante este marco, es que comenzó el juicio civil contra el municipio.

¿Cómo era el acoso?

En su testimonio, Jelú Iravedra expresó que en múltiples instancias de acoso sexual en su contra se reportaron en su oficina del municipio, en la cual que en la mayoría de las ocasiones se encontraba sola y estaba “distante” del área de las secretarias.

Alegó que O’Neill Rosa la amenazaba con que perdería su empleo si rechazaba sus acercamientos. El testimonio lo hizo, la mayor parte del tiempo, en tono pausado y tranquilo. Solo en dos instancias lloró y fue para indicar que su vida no tenía sentido.

Estos acercamientos sexuales que le atribuye a O’Neill Rosa, según aceptó, no fueron visto por otra persona.

“Él quería supuestamente saludar y se me abalanzaba encima, me apretaba fuerte, me pegaba los labios mojados a la mejilla, queriendo buscar la boca para besarme y apretándome, se restregaba contra mí cuerpo, como si fuera un perro, presionando sus partes íntimas contra mi cuerpo. Yo procedía a empujarlo con toda mi fuerza”, describió la mujer.

En varias ocasiones, la abogada alegó que empujó a O’Neill Rosa tan fuerte que este se golpeó con unos archivos de metal que había en su oficina. Dijo que en otra circunstancia este intentó meterle la mano dentro de su falda y en el forcejeó se le rompió el uniforme.

Otra descripción que hizo Jelú Iravedra fue que “estaba escribiendo en mi computadora (y) entra silenciosamente. Cuando me doy cuenta, ya estaba detrás de mí y tenía su miembro por fuera y me dice que le haga sexo oral. Yo estaba sentada y me puso su miembro en la cara. Yo lo empujo con mucho asco y salgo de la oficina y me voy al baño”.

Nadie le hacía caso

La víctima contó que en cada una de las ocasiones que tenía enfrentamientos con O’Neill Rosa, que eran de dos a cinco veces mes, “me sentía horrible, atrapada en esta situación”.

Reveló que llevó su queja ante el supervisor de la División Legal del municipio, Héctor Hoyos, y el director de Recursos Humanos, Eduardo Farría, y nunca se tomó acción.

Sin estipular cuál fue el periodo de tiempo, la mujer relató que el licenciado Hoyos fue nombrado juez municipal a finales de 2012 y que acudió nuevamente a Farría en busca de ayuda para salir del patrón de hostigamiento.

“Me dijo que iba a tomar medidas y estaba preocupado y nervioso. Sé que lo que estaba pasando en el municipio iba en contra de su moral, porque él era una persona profesional y decente”, explicó.

Dijo que Farría acudió donde la vicealcaldesa, Aureliz Losada Centeno, a discutir la situación. Luego, le recomendó que llamara a una abogada, apellidada Dapena, pues no podía ayudarle.

En medio de cambios internos en el municipio, la abogada contó que también llevó su queja a las sustitutas de Hoyos como directoras de la División Legal, Denisse Rodríguez y la exfiscal Ana Quintero.

Fue un encontronazo que tuvo que Quintero en verano de 2015 la que la llevó finalmente a radicar una querella por el hostigamiento sexual ante el municipio y ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades para el Empleo.

Jelú Iravedra informó que pensó que, por ser exfiscal, Quintero sería “neutral”. Sin embargo, alegó que al llevarle su preocupación sobre los incidentes que tenía con O’Neill Rosa su respuesta fue que si “me creía que estaba muy buena... Que si no me gustaba mi trabajo que me fuera a trabajar en un putero”.

La querella municipal provocó que se nombrara al ahora senador Miguel Romero como abogado externo a cargo de dilucidar su controversia. Este emitió un informe a finales del 2015 en el que se concluyó que O’Neill Rosa y la abogada tenían una relación consensual.

La víctima tildó dicha alegación como “una mentira asquerosa… Lo que hizo fue un informe desprestigiándome”.

Indicó que, en medio de toda esta evaluación de la querella, Quintero le extendió nuevamente su periodo probatorio a una plaza a la que había sido promovida de abogada 3, lo que provocó que llevara a estar por un año y ocho meses en ese estado irregular. Además, le quitó sus tareas. “Había días que no tenía nada que hacer”, sostuvo.

Finalmente, la abogada renunció el 28 de marzo de 2016, porque “era intolerable el ambiente”. Para ese entonces ya había sido medicada para la ansiedad, depresión y los ataques de pánico que sufría, así como para problemas estomacales y la caída del cabello. Tres días después de su decisión de renunciar, el exalclade O’Neill García le escribió para informarle que no le aceptaba que se fuera del municipio. No fue hasta el 23 de diciembre de ese año que le llegó la carta en que se le había separado del puesto, según había solicitado.

Jelú Iravedra concluyó que después de tanto malo rato no ha podido ni volver a ejercer como abogada. “Siento que para hacer eso tengo que recuperar mi autoestima, porque me han violado tantos derechos a mí”.

El juicio continúa mañana, en su tercer día, con el contrainterrogatorio a la víctima por parte de los abogados del municipio.