Durante el tercer día del juicio contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, el presidente de la empresa Island Builders, Carlos de Jesús Pagán, continuó su testimonio en el banquillo de los testigos narrando para explicar su relación con el municipio.

De Jesús Pagán, quien es el segundo testigo que sienta la Fiscalía federal a declarar en este juicio por corrupción pública, era el presidente de la empresa que supuestamente utilizó el empresario colombiano Oscar Santamaría para darle los sobornos a Pérez Otero.

Ayer, el contratista contó que entró a la empresa en el 2018, contratado por Santamaría, “para representar” a la entidad.

Explicó que su relación con el municipio de Guaynabo inició en el 2020, cuando el entonces director de Obras Públicas, Wilfredo Martínez, lo contactó por teléfono. Esperaba la llamada, ya que contó que “Oscar (Santamaría) me había dicho que me iban a contactar para unos trabajos que se iban a contratar”.

Detalló que Martínez lo invitó a una reunión en la que no había ningún otro contratista. Allí, le explicó que los proyectos a cotizar eran para los de los barrios Ríos y Frailes durante un periodo de dos años. El único contrato que obtuvieron fue el de barrio Ríos.

No obstante, el constructor señaló que, además de estos contratos con el municipio de Guaynabo, tenían trabajos en otros “cinco o seis” municipios. No mencionó cuáles eran.

Durante el periodo de contrato, el constructor dijo que hubo una preocupación, porque el municipio “quería eliminar la partida de pavimentar con asfalto” que era la que más dinero les dejaría. Al enterarse de este acto, llamó a Santamaría para informarle. Indicó que luego fue citado a una reunión con personal municipal en la que se le hizo saber que no se iban a registrar los cambios mencionados.

Como parte del juicio, la fiscal Myriam Fernández presentó varias facturas sometidas por Island Builders al municipio. De Jesús Pagán afirmó que todos los trabajos que se sometieron para cobrar fueron realizados.

Asimismo, el constructor contó que no tenía ni acceso a las cuentas bancarias de Island Builders. Dijo que se enteraba que el municipio pagaba las facturas, porque le llegaba un correo electrónico que le alertaba.

No especificó quién era la persona a cargo de la cuenta bancaria.

En su testimonio, indicó que el 20 de agosto de 2021 el municipio ingresó un pago de $440,784.91 y que notificó a Santamaría que se había emitido.

Según la acusación contra Pérez Otero, un día antes de que se emitiera este pago, Santamaría dio a Pérez Otero $5,000 en efectivo. Ese fue el dinero que se alega se metió en una media para esconderlo.

Se espera que los próximos en desfilar por el banquillo de los testigos sean el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, y Santamaría.

Pérez Otero fue arrestado en diciembre de 2021, luego de que el empresario Oscar Santamaría y el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, acordaran cooperar con la Fiscalía federal para revelar un presunto esquema en el que empresarios daban dinero en efectivo a los alcaldes a cambio de contratos o mantener los mismos con sus municipios. Sus testimonios llevaron a que varios empresarios, así como a que los exalcaldes de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz; de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez; de Humacao, Reinaldo Vargas, y de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués y Javier García Pérez, se declararan culpables ante la corte federal.

Del grupo de imputados, Pérez Otero es el único que no aceptó ninguna de las cinco ofertas realizadas por la Fiscalía federal y determinó enfrentar un juicio que lo podría llevar a cumplir hasta un máximo de 20 años en prisión.

En específico, la Fiscalía federal imputa a Pérez Otero haber recibido entre finales de 2019 a mayo de 2021 pagos de $5,000 mensuales por parte de Santamaría a cambio de un contrato para la empresa de construcción Island Builders, la cual realizaría unos trabajos viales en el barrio Ríos de Guaynabo. Por los supuestos delitos, fue acusado por un gran jurado federal a principios de diciembre de 2021 de soborno, conspiración y extorsión.

Los abogados de defensa, Osvaldo Carlo, José Olmo y Eduardo Ferrer, sin embargo, han alegado en fallidas mociones radicadas ante la corte que el dinero que Santamaría le daba a Pérez Otero eran contribuciones políticas para saldar las deudas de la campaña política del 2017.

Los fiscales federales en este caso son Nicholas Warren Cannon y Myriam Fernández.