“Como oficial, me duele en las entrañas, en mi corazón, porque yo nací para ser servidor público para ayudar a las personas”.

Ése es el sentir del teniente II Hermenegildo Rivera Ruiz, subdirector de la División de Vehículos Hurtados de Guayama, tras haber sido mencionado, en un caso en el que resultó absuelto, como uno de los ejemplos citados en el voluminoso informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre violaciones de derechos civiles por parte de la Policía de Puerto Rico, para demostrar patrones o prácticas de uso de fuerza excesiva.

Según el superintendente auxiliar en Operaciones de Campo (SAOC), el coronel Leovigildo Vázquez Bonilla, todavía queda pendiente un caso del 2008 por arresto ilegal y otro relacionado con una demanda. Primera Hora le había solicitado una reacción desde el lunes sobre el historial del teniente y el resultado de las investigaciones administrativas radicadas contra Rivera Ruiz desde el 1989.

“Él tiene en su expediente 12 querellas administrativas desde el 1989 hasta el 2008, de las cuales nueve han sido archivadas; hay una actualmente en la región de Guayama que se está investigando del 2008, por arresto ilegal, y hay otra que está en la Oficina de Asuntos Legales en espera de la resolución de alguna demanda; es lo que entendemos”, sostuvo el coronel.

Sin embargo, el teniente no tenía conocimiento de estos casos pendientes.

Rivera Ruiz insistió en que en los dos casos por los que fue investigado y en el que dos ciudadanos demandaron a la agencia salió absuelto y que, a pesar de que se transaron sin su conocimiento, ello no implica que hubo una admisión de los hechos. Uno de los casos fue por un arresto ilegal durante una detención de tránsito, en el que el hombre golpeó a los agentes y resultó convicto. El otro estaba relacionado con la muerte de un ciudadano durante una intervención de la División de Drogas de Aibonito.

“Yo nací para ser policía, porque esta vocación uno la lleva desde que nació, y uno ha hecho cosas que no le han dado méritos. Cuando estaba en tránsito, para principios del 2000, donde otro sargento y yo, con cuatro agentes, nos metimos al agua y rescatamos a tres personas (un guardia de seguridad y una embarazada), y la pudimos sacar y, gracias a Dios esa situación salió todo muy bien, nadie nos felicitó, sólo el coronel”, manifestó Rivera Ruiz.

Por su parte, el licenciado Michael Corona, abogado de Rivera Ruiz -quien es el secretario general del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO)-, indicó que el informe, como está redactado, no está actualizado y les viola los derechos civiles a los agentes a quienes menciona, aun cuando han sido absueltos.

“En ninguno de los dos casos mi representado tiene nada que ver, el Departamento de Justicia hace ofrecimientos (para transar las demandas) sin consultar al cliente, pero los acuerdos no son una admisión de responsabilidad”, insistió Corona.

El abogado agregó que, en esencia, en el informe del Departamento de Justicia federal se citan casos, en los apéndices, como ejemplo de conducta impropia, corrupción o brutalidad policiaca, sin detallar la resolución final de las denuncias, ya que en muchas de ellas hay policías que resultaron absueltos y no se menciona.

“La institución de la Policía usa la querella a manera de chantaje. Cuando vienen los ascensos, usan la querella para negarle los ascensos de manera arbitraria; no puedo entender cómo puede estar diez años una querella sin atender”, agregó Corona.

En la actualidad, todo oficial que en un periodo de 12 meses esté involucrado en dos incidentes o más debe ser referido a este tipo de curso.