Académico procesar a Casellas  a nivel federal.

Si, como ha trascendido, un Gran Jurado federal emitió una acusación contra el convicto Pablo Casellas por obstrucción a la justicia, por  mentir con relación a un carjacking, con toda probabilidad se le desestimará el cargo tan pronto como se le sentencie en el Tribunal de Instancia de Bayamón.

A juicio de dos ex fiscales federales, Ignacio Rivera y Osvaldo Carlo, la acusación federal se tornaría académica, ya que representaría un doble procesamiento por unos mismos hechos, con los costos que representaría el trasladar a fiscales, agentes y a un juez de otra jurisdicción para procesar al acusado.

“Esto es bajo una regla, el Pettite Policy, del Departamento de Justicia federal, que está dentro del manual de los fiscales federales, que regula la radicación de casos federales cuando las autoridades locales han radicado un caso  por los mismos hechos”, expuso Carlo.

Según esta política, indicó, el acusado estará expuesto a una pena igual o mayor en la jurisdicción estatal,  que la contemplada en  el caso federal, y   a menos que  exista un interés apremiante,  no se va a proceder con el caso federal.

“Las razón es evitar que se malgasten los recursos, porque la posibilidad y particularmente, en  el caso de Pablo Casellas, la posibilidad de obtener una  concurrencia, es bien alta”, dijo.

Uno de los delitos por el que -según publicó ayer El Nuevo Día- se le acusa, el menos grave, indicó, es de mentirle a los agentes en el caso del  carjacking, y ya  fue encontrado culpable por ese cargo. “Además, se le va a sentenciar  en un caso donde se expone a más de cien años de cárcel,   por lo que  sería una pérdida de recursos federales,  procesar una persona que  lo más que  se le pueden poner son cinco años bajo el estatuto Usca 18, 1001”, dijo.

Carlo cuestionó el para qué van a meter a agentes en una sala varios días, a un  fiscal que tiene que viajar de Estados Unidos, para ver su caso y un juez que tiene que  traer de  otra jurisdicción.

“Es un caso bien costoso para el sistema, por lo que lo más lógico es que desestimen los cargos. Si es cierto que el caso ya fue radicado, que hubo un return, procede por parte de la fiscalía, la desestimación del caso. Porque ya es un caso autorizado, donde hay acusación, pues habría que  archivarlo”, indicó.

Ignacio Rivera, por su parte, comentó: “Ante la condena de asesinato en primer grado,  el delito de obstrucción a la justicia, se torna académico e irrelevante. No creo que el gobierno federal continuará con este caso, por ser uno de mínima importancia, con lo que ya aconteció”.

“La fiscalía puede en bien de la justicia, solicitar la desestimación de este cargo. Le van a meter 99 años  mínimo, más el arma, más el daño con el arma, son como de 110 a 120 años, lo que hace cualquier acusación federal, absurda”, señaló.

El juez de Instancia de Bayamón, José Ramírez Lluch, fijó la fecha de sentencia contra Casellas para el 6 de febrero.