Dos oficiales de la Policía de Puerto Rico que en un momento dado fueron catalogados como "héroes" por ser agentes encubiertos del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en el operativo "Guard Shack", que culminó con el arresto de 61 policías estatales, temen por sus vidas y alegan que son víctimas de represalias en esa dependencia estatal.

Cruz Alberto Rivera Quiñones y Luis F. Cruz Figueroa alegan que han recibido amenazas de muerte y que los han sometido a investigaciones administrativas fabricadas. Además, plantean que dejaron de devengar salario en 2010, por lo que presentaron una demanda contra el gobierno estatal y la Policía, solicitando $60 millones por violación de derechos civiles en el Tribunal Federal.

Este diario solicitó una entrevista con los demandantes a través de su abogado, Héctor Figueroa Vicenty, pero éste indicó que no podían hablar porque "la vida de ellos está en peligro".

La acción civil detalla que ambos policías se reunieron en fechas distintas y por separado con agentes del FBI, que les ofrecieron ser agentes encubiertos como parte de la investigación de oficiales corruptos, que dio paso al arresto de 133 personas, entre los cuales había 61 policías estatales, 16 oficiales municipales y 12 guardias del Departamento de Corrección y Rehabilitación, además de 44 civiles.

Cruz, quien era policía desde 2004, se encontró en 2008 con dos agentes de la agencia federal en el estacionamiento multipisos del centro comercial San Patricio, en Guaynabo. Allí le informaron de las actividades ilegales que oficiales de la uniformada estaban cometiendo y le preguntaron si estaba interesado en trabajar como encubierto como oficial "corrupto" involucrado en transacciones ilegales de drogas y armas para obtener información de los actos que cometían y que grabara sonido y vídeo de las mismas. Éste aceptó y comenzó a trabajar como encubierto en marzo de 2008.

Otros tres agentes del FBI hicieron el mismo acercamiento a Rivera en 2009, en Dorado. El agente aceptó y empezó en funciones de encubierto en junio de 2009.

Ambos realizaron docenas de transacciones encubiertas de drogas y armas con otros policías, y grabaron dichos incidentes, bajo la supervisión de agentes del FBI.

En octubre de 2010, el FBI ejecutó los arrestos del operativo Guard Shack, que fue el operativo anti corrupción más grande en la historia de la agencia federal, hasta el momento.

En la conferencia de prensa en la que se anunció el operativo, se informó que se realizó gracias a la ayuda de agentes encubiertos que llevaron a cabo 125 transacciones de drogas grabadas.

“El trabajo de la investigación se llevó a cabo por policías encubiertos, que son los héroes verdaderos de la Policía de Puerto Rico”, dijo en aquel momento el entonces gobernador, Luis Fortuño.

¿Qué pasó luego?

Días antes de los arrestos, el 27 de septiembre de 2010, Cruz y Rivera fueron enviados a un lugar seguro y confidencial con sus familiares, fuera de Puerto Rico. Sin embargo, el 5 de noviembre tuvieron que regresar a la Isla porque no tenían dinero.

La demanda alega que el FBI les indicó que no regresaran a sus residencias porque había amenazas de muerte en contra de ellos y de sus familias.

De hecho, en diciembre Rivera reportó que individuos trataron de entrar a su casa, pero se fueron cuando sus perros alertaron que había intrusos, y luego vecinos le indicaron que un policía estuvo por el área preguntando "de forma amenazante" dónde vivía.

"Cruz y Rivera decidieron mudarse a otra residencia para proteger a sus familias. Todavía están protegiendo a sus familias por temor a represalias por su actividad encubierta", lee la demanda.

Se alega, además, que Cruz y Rivera dejaron de recibir sueldo en octubre de 2010. De la Policía les indicaron que agotaron sus días de vacaciones y de enfermedad cuando se fueron a Estados Unidos y después de los arrestos del operativo federal. 

No obstante, "Cruz teme a ser asesinado por los policías que él reportó como corruptos mientras trabajaba como encubierto", agrega la demanda.

La demanda alega que en junio de 2011, el supervisor de ambos, teniente José Rivera Alicea, les asignó trabajar en los arrestos de la barriada La Perla, en Viejo San Juan, para dar apoyo a los federales en un caso de narcotráfico y lavado de dinero. Aunque ambos le "rogaron" que no los asignara a participar de dicho operativo –porque podrían verse afectados por la presencia de otros uniformados que ellos investigaron como encubiertos y que estaban sicológicamente afectados- se les ordenó reunirse en el estacionamiento del Coliseo Roberto Clemente el 29 de junio de 2011.

"Rivera y Cruz se sintieron intimidados y temieron ser asesinados allí mismo. Estaban seguros que fueron asignados allí para ser asesinados por otros miembros de la Policía", argumentan en la demanda, en la que agregan que solicitaron a otro supervisor no participar de la redada y se les permitió irse.

Más adelante, ambos fueron relocalizados a trabajar en el Cuartel General en Hato Rey, donde "estaban rodeados de policías que ellos investigaron previamente". Alegan que allí sufrieron represalias y humillaciones por parte de Rivera Alicea, quien les dijo en varias ocasiones que los iban a matar, no importa dónde los relocalizaran.

"Esta amenaza está aún activa, al punto de que Cruz está escondido desde entonces", dice la demanda, en la que indicaron que rogaron al teniente Digno Cartagena para que los relocalizaran, lo que no ocurrió.

Rivera y Cruz recibieron tratamiento sicológico en el Fondo del Seguro del Estado. Rivera se retiró el 30 de junio de 2012, pero Cruz sigue activo.

Alegan que por represalias por su trabajo con el FBI, la Policía le notificó a Rivera en febrero de 2012 que estaba bajo investigación administrativa por un alegado incidente en el que manejó evidencia inadecuadamente en octubre de 2007 y que se apropió de $141. Rivera fue obligado a retirarse con 16 años de servicio y perdió derechos y beneficios.

La demanda fue presentada por ambos agentes y sus familiares, que solicitan la indemnización de $60 millones.

"Los demandantes fueron incesantemente hostigados, despojados de sus funciones, sujeto de procedimientos disciplinarios innecesarios, discriminatorios y excesivos, además de ser excluidos de promociones y empleo continuo en clara represalia por sus denuncias públicas relacionadas a este asunto, en clara violación a sus derechos de la Primera Enmienda de la Constitución", se indica también en la demanda, en la que solicitan un interdicto preliminar y permanente para recobrar el dinero perdido y sus beneficios, y que se les prohíba a los demandados a tomar acciones adversas en contra de ellos.

Los demandados en este caso son: el Estado Libre Asociado, la Policía de Puerto Rico, el actual superintendente, José Caldero López; los exsuperintendentes Héctor Pesquera, Emilio Díaz Colón, James Tuller, así como José Figueroa Sancha, quien era el segundo en mando del FBI durante la investigación de 'Guard Shack' y superintendente cuando realizaron los arrestos. También se incluyen en la demanda al exsecretario de Justicia, Guillermo Somoza; a los tenientes Rivera Alicea y Cartagena; al jefe asociado de operaciones de campo, José Luis Rivera Díaz, así como a los coroneles Leovigildo Vázquez y Reynaldo Bermúdez.