Fajardo- El investigador forense Kelvin Rivera Correa declaró hoy que el 19 de enero pasado el equipo técnico del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) recuperó tres casquillos de bala calibre 9 milímetros y una bala en el área frente al portón de la residencia donde fue asesinada la fiscal Francelis Ortiz Pagán.

El testigo declaró que en el área de la marquesina de la casa, ubicada en el barrio Guzmán Arriba de Río Grande, el equipo forense también encontró tres casquillos de bala calibre .45, de una pistola para la cual el esposo de la fiscal asesinada, Fermín Arraíza, tenía licencia de portación.

Rivera Correa, quien ocupa la silla de testigos en el tercer día del juicio por jurado que se sigue contra dos de los acusados en el caso, indicó que en el lugar también encontraron fragmentos de cristales con papeles ahumados.

La fiscal fue ultimada de tres disparos en el interior de su vehículo marca Mini Cooper, en medio de un alegado intento de carjacking. Sin embargo, después de hacer tres disparos “certeros”, los individuos se marcharon sin perpetrar el robo.

El investigador forense declaró que los técnicos también levantaron manchas de sangre del área de la marquesina y un patrón de manchas en la escalera de la residencia de dos plantas, que continuaban hasta el cuarto de la niña del matrimonio.

El investigador detalló que en la habitación matrimonial, sobre un vestidor, ocuparon el arma del Departamento de Justicia que tenía asignada la fiscal. La noche de los hechos Ortiz Pagán fue interceptada por pistoleros cuando llegaba a su hogar, tras haber completado su jornada de trabajo en el Centro Metropolitano de Investigaciones y Denuncias en San Juan.

A preguntas de la fiscal Leilani Vargas, Rivera Correa dijo que en la habitación del matrimonio también ocuparon varias armas de fuego y una caja fuerte vacía.

“Eran múltiples armas”, indicó el testigo. 

Arraiza Navas confirmó el lunes en su testimonio en el juicio que tenía licencia para portar estas armas.

Por el asesinato están acusados Daniel Vázquez Cubilete y Rafael Aponte Peña, quienes, además, enfrentan cargos de violaciones a Ley de Armas y a la Ley Vehicular.

Según la investigación de las autoridades, el 19 de enero, los acusados y otros cómplices salieron a robar e interceptaron a Ortiz Pagán cuando se aproximaba a su residencia a bordo de un vehículo Mini Cooper.

Los acusados, de acuerdo con la Policía, formaron parte de un grupo delictivo dedicado al hurtoe de vehículo y esa noche  salieron “a cazar” para tumbarse un carro. Eso hicieron en el barrio Guzmán en Río Grande cuando dispararon y dejaron mortalmente herida a la joven fiscal, quien fue encontrada en condición grave por su esposo.

Durante el proceso judicial que culminó con las acusaciones, trascendió que Daniel “Pucho” Vázquez Cubilete, Abraham “Bebé” Rodríguez Cruz, Rafael Aponte Peña y Alexander Serrano Figueroa salieron de San Lorenzo a robar un carro para el líder de la ganga, apodado Pilín.

De Juncos llegaron a Canóvanas, planificaron el atraco y perpetraron el intento de carjacking que culminó en el crimen de Ortiz Pagán.

El 28 de enero pasado, cuando el secretario de Justicia, César Miranda, anunció el arresto de los primeros sospechosos en el crimen, se estableció que el móvil fue un carjacking.

Eventualmente el licenciado Fermín Arraiza puso en duda esa argumentación al aseverar que el asesinato fue uno “de encargo”, vinculado a investigaciones de crimen organizado que tenía a su cargo. Recientemente el titular de la Policía, José Caldero, reafirmó que se hizo una investigación minuciosa del crimen y todo apunta a que ocurrió en medio de un carjacking.