Una supervisora del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Shannon Muldrow, reveló en la tarde de este jueves que durante el allanamiento a la residencia de la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier Laureano y su esposo, Orlando Montes Rivera, encontraron evidencia de que el matrimonio tenían deudas con varias agencias federales para los años en los que supuestamente participaron de un esquema de sobornos.

Estas deudas eran con el Departamento de Educación federal, por concepto de préstamo estudiantil, y el Servicio federal de Rentas Internas (IRS, en inglés). Sumaban alrededor de $265,000.

La funcionaria, quien participó del allanamiento a la residencia del matrimionio en Río Grande para el 15 de julio de 2020, informó que, entre otras cosas, se encontró una carta del Departamento de Educación federal en la que le reclamaban a Charbonier Laureano una deuda de $177,477.41 para el 13 de septiembre de 2019.

Una carta previa, fechada el 3 de mayo de 2017, estipulaba que para ese periodo la deuda con Educación federal era menor. Específicamente, el documento exponía que debía $159,558.36.

La misiva estaba dentro de una caja rosa, la cual contenía documentos financieros. La misma estaba “escondida” en una esquina de la sala, en donde había otros cajas y una canasta de sábanas. Todo era tapado a simple vista por el mueble principal de la sala, de calor azul, según se mostró en una fotografía.

Muldrow también reveló que en la caja se encontró un recibo de giros del Servicio Postal como comprobante de que envió $300 para pagar al Servicio federal de Rentas Internas (IRS, en inglés) fechada para el 1 de enero de 2018.

Asimismo, expuso que en el “closet” contiguo a la sala se encontró una caja de zapatos, también de color rosa, con más documentos financieros. En esta caja se encontró una carta en la que se alude a que el esposo de la exrepresentante, Montes Rivera, tenía una deuda con el IRS. Para la fecha del 24 de mayo de 2017, debía $63,760.43. Además, fueron encontrados más recibos de giros que demuestran pagos a esta agencia federal.

Además, había otra carta del IRS a nombre de Charbonier Laureano del 10 de junio de 2019 que exponía que esta tenía una deuda con la agencia federal de $23,607.71.

Testificó que también había otra carta del 21 de junio de 2019 del Departamento de Educación federal en la que se le advirtió a la exlegisladora que, por no pagar su deuda con la agencia, se procedería a la confiscación del 15% de su salario de la Cámara de Representantes.

Muldrow expuso que los agentes del FBI estuvieron “horas” en la residencia del matrimonio para realizar el allanamiento y tomar fotografías.

“Yo no encontré dinero en efectivo”, afirmó la funcionaria, a preguntas del abogado de defensa, Francisco Rebollo.

Poco antes, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, fue llamado como testigo en el juicio federal contra la exrepresentante Charbonier Laureano y su esposo.

En el inicio de su declaración, el funcionario se limitó a exponer su trasfondo educativo y profesional, así como a explicar las funciones de Hacienda. Pero, en esencia, su testiminio se centró en certificar que el gobierno de Puerto Rico recibe fondos federales, de los cuales la agencia es custodio en sus cuentas bancarias.

Aceptó, a preguntas de la fiscal federal Kathryn E. Fifield, que para los años que le imputan la comisión de ilegalidades, el gobierno de Puerto Rico recibió sobre $10,000 en fondos federales.

Durante su breve participación, no hubo preguntas relacionadas a las planillas de contribución sobre ingresos del matrimonio.

La novena empleada mejor pagada

Previo a que Parés Alicea testificara, la Fiscalía federal culminó el testimonio de la exdirectora de Recursos Humanos de la Cámara de Representantes durante el 2017 al 2020, Karen Torres de la Torre. Esta detalló los 15 cambios de salario, desde aumentos a disminuciones, que recibió Acevedo Ceballos como “secretaria-recepcionista” de la exrepresentante del 2013 al 2020.

De sus declaraciones, se destacó que dos días después del 11 de julio de 2020, que fue cuando los agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) visitaron a Acevedo Ceballos para cuestionarle sobre un posible esquema de sobornos en la oficina de Charbonier Laureano, la exlegisladora solicitó que le disminuyeran el salario a su entonces empleada de $8,000 mensuales a $4,500 mensuales. La petición se hizo el lunes, 13 de julio de 2020, pero con fecha de efectividad del 1 de julio de 2020.

En un inicio, Torres de la Torre hizo constar que el salario base que recibía Acevedo Ceballos cuando entró a laborar en la Cámara el 2 de enero de 2013 era de $1,600 mensuales.

Informó que, entre 2013 a 2016, Acevedo Ceballos comenzó a trabajar en la Cámara como secretaria, luego pasó a ser “secretaria-recepcionista” cuando se le incrementaba el salario, y se le distinguía como “recepcionista” cuando se le disminuían los salarios en los cambios de año fiscal en el que comienzan a regir nuevos presupuestos.

Torres de la Torre describió los aumentos salariales que recibió Acevedo Ceballos en estos tiempos como “pequeños”.

De los informes a los que hizo alusión, la testigo, destacó que en una ocasión se le distinguió a Acevedo Ceballos como “ayudante especial”, específicamente para el 1 de agosto de 2016. Pero, la exdirectiva indicó que no se solicitó un cambio de puesto para Acevedo Ceballos, por lo que entiende que tal descripción laboral era un error. En el documento, se requería una reducción de salario para la empleada de $1,200 mensuales. Se quedaba cobrando unos $1,950 mensuales.

Para el 15 de diciembre de 2016, luego de que el Partido Nuevo Progresista (PNP) ganara las elecciones generales, Charbonier Laureano solicitó un aumento de salario para su “secretaria-recepcionista” de $3,550 mensuales adicionales. Entró en vigor el 1 de enero de 2017. Con este incremento, su salario llegó a $5,500 mensuales.

Para el 1 de febrero de 2017, Acevedo Ceballos fue transferida a la Comisión Conjunta del Código Penal y se solicitó un incremento adicional de sueldo de $500 mensuales. Esto llevó el salario a $6,000 mensuales. Mientras, el 1 de mayo de 2017 se solicitó otro incremento de $1,500 para la “secretaria-recepcionista”, que llevó a Acevedo Ceballos a cobrar $7,500 mensuales. Finalmente, el 1 de junio de 2018 se le dio otro incremento de salario de $500 mensuales, que la llevó a cobrar los $8,000 mensuales. Durante todos estos aumentos, Acevedo Ceballos permaneció bajo la descripción de “secretaria-recepcionista”.

Según la Fiscalía federal, con este salario de $8,000 mensuales, Acevedo Ceballos llegó ser una de las empleadas mejor pagada en la Cámara de Representantes, luego del entonces presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez.

A julio de 2020, el salario de $8,000 mensuales que recibía Acevedo Ceballos, era el noveno de mayor cantidad en la cámara.

Torres de la Torre destacó que había otra “secretaria” bajo un salario de $8,000, pero se trataba de la “Secretaria de la Cámara de Representantes”. Dijo que su cargo no era “clerical”, como el de Acevedo Ceballos, sino que “lideraba los trabajos legislativos”. El nombre de la persona que ocupaba el cargo era Elizabeth Stuart Villanueva.

El listado de los mejores pagados para julio del 2020 lo encabezaba Méndez, como presidente de la Cámara, con un salario de $9,221.92 mensuales. Mientras, la exlegisladora Charbonier Laureano devengaba para esa época $6,147.97 mensuales.

La fiscal Kathryn E. Fifield le preguntó a la testigo qué notaba del salario de la legisladora versus al de su entonces empleada, a lo que dijo que “el salario es mayor que la representante”.

A modo de resumen, la ahora empleada la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) dijo que mientras laboró en la Cámara de Representantes, vio “miles” de cambios de sueldo, por lo que no le sorprendió el expediente de Acevedo Ceballos.

No obstante, expresó que lo más que le llamó la atención fue que “no es usual que una secretaria-recepcionista reciba ese sueldo” de $8,000 mensuales.

Además, opinó que “para una secretaria-recepcionista el salario que devengaba Frances era superior al de muchos empleados de la Cámara”.

La funcionaria reconoció, a preguntas del abogado Rebollo, que en la Cámara de Representantes no hay escala salarial, por lo que los legisladores pueden imponer el sueldo que deseen a sus empleados sin un tope. Además, estableció que tales salarios de los empleados salen de los fondos asignados a cada legislador o a las comisiones que presiden.

Para la fecha del incremento de salario, Charbonier Laureano se encontraba en mayoría legislativa y presidía cuatro comisiones con presupuestos separados. Según aludió Rebollo, una de las comisiones, la del Código Penal, tenía asignado $1 millón.

Acusación

Charbonier Laureano y Montes Rivera, están acusados de cargos de conspiración, robo, soborno y comisiones ilegales en relación con programas que reciben fondos federales, fraude electrónico por servicios honestos, así como dos cargos de lavado de dinero. Contra la exrepresentante también pesa un cargo de obstrucción a la justicia por destruir datos en su teléfono celular.

Según alega la Fiscalía federal, Charbonier Laureano infló el salario de Acevedo Ceballos hasta llevarlo a $8,000 mensuales para que esta devolviera a la familia entre $1,000 a $1,500 bisemanales. Se alude que, bajo este esquema, la exlegisladora habría recibido unos $100,000 desde septiembre de 2017 hasta verano del 2020.

Acevedo Ceballos también figuraba en la acusación. Esta se declaró culpable el pasado 7 de noviembre de “soborno relacionado con programas que reciben fondos federales”. No figuraría como testigo, aunque su nombre ha salido a relucir durante el juicio.

El cuarto acusado en este caso lo fue el hijo del matrimonio, Orlando Gabriel Montes Charbonier. Sin embargo, no figurará en el juicio, ya que se acogió a un programa de desvío, en el cual tendrá que aceptar un grado de responsabilidad y cumplir ciertos criterios que le impondrán. Al cabo de cumplidos, se le desestimarían los cargos.