Los convictos de la Masacre de Trujillo Alto –Juan Carlos Meléndez y Antonio Ramos– recibieron otro revés del Tribunal Supremo de Puerto Rico al negarles una solicitud de reconsideración para celebrarles un nuevo juicio.

Ambos fueron convictos en 1992 y sentenciados a 297 años de prisión por el asesinato de Haydée Maymí y sus dos hijos, en hechos ocurridos el 25 de junio de 1989.

“A la Moción de Reconsideración presentada por la parte peticionaria, se provee no ha lugar. Lo acorde el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo”, reza el documento jurídico.

El abogado de Ramos y director de Proyecto Inocencia, Julio Fontanet, no descarta pedir clemencia ejecutiva.

“Sí, lo vamos a considerar porque realmente es un caso bien meritorio… Ellos estuvieron dos años en la libre comunidad. Estaban trabajando una vida familiar y pasó lo que pasó. Tenían fe que el Supremo revocara, pero lamentablemente no fue así”, le dijo a El Nuevo Día.

Méndez y Ramos pasaron 24 años en prisión y fueron liberados bajo fianza en el 2017, luego que la jueza Berthaida Seijo Ortiz, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, les concediera tener otro juicio, al acoger la solicitud de la defensa que indicaba que una prueba descubierta en años recientes no estuvo disponible para ser aquilatada por el jurado que los encontró culpables.

Se trata de una nueva evidencia que, tras la aprobación de la Ley de Análisis de ADN Post- Sentencia de 2015, permitió que se presentara en sala como prueba, por primera vez, tres pelos púbicos recuperados en la ropa interior que la víctima llevaba puesta cuando fue encontrada por las autoridades. Este análisis mitocondrial develó que los vellos no son de los convictos, sino que pudieran pertenecer a Maymí u otro miembro de la familia materna.

Sin embargo, el Tribunal Apelativo declaró nula la resolución el pasado 13 de marzo, ordenó el reingreso a prisión y dejó sin efecto un nuevo juicio.

Al día siguiente, la jueza Gretchka Curbelo del Valle, del Tribunal de Primera Instancia en Carolina, decidió que los convictos quedaran en libertad por entender que todavía no tenía jurisdicción en la orden que fue emitida por el Apelativo.

Entonces, el Departamento de Justicia –liderado en aquel entonces por Wanda Vázquez– presentó en el Tribunal de Apelaciones una moción urgente de auxilio de jurisdicción y el foro intermedio expidió un Auto de Prisión y los convictos fueron reingresados a prisión.

“Orden de arresto contra los convictos de los asesinatos de Trujillo Alto. Prevalece la Justicia para esas víctimas. Como resultado de un recurso radicado por el Departamento de Justicia y el Procurador General. Prevalece la Justicia. El Tribunal Apelativo expidió el Auto de Prisión y lo remitió a la mano a la oficina del Alguacil General de Carolina para que este se encargue de llevar a la cárcel hoy mismo a los convictos de la Masacre de Maymí”, escribió ese día la ahora gobernadora en su cuenta de Twitter.