El Tribunal Supremo desestimó este lunes la demanda presentada por el abogado Hiram Torres Montalvo para intentar impugnar y detener la confirmación de la jueza presidenta del foro de última instancia, Maite Oronoz Rodríguez. 

En una opinión de 25 páginas suscrita por el juez asociado Roberto Feliberti Cintrón, el Tribunal Supremo denegó la demanda de injunction preliminar y permanente y la solicitud de sentencia declaratoria sometida por el también precandidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la Cámara de Representantes, y afirmó que la Constitución del Estado Libre Asociado es clara al establecer que es al gobernador a quien corresponde designar a los jueces de ese foro y al resto de los togados en la Rama Judicial. 

“Con la opinión que antecede, despejamos toda duda infundada, y dejamos patentemente claro que el nombramiento del juez presidente o de la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico le corresponde al gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado. Así lo provee de manera taxativa la Constitución de Puerto Rico, y así lo determina este tribunal sin lugar a futura especulación”, reza la determinación del máximo foro judicial. 

En la opinión, el juez asociado Feliberti Cintrón ordenó la desestimación del caso presentado por Torres Montalvo en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por entender que el demandante carecía de legitimación activa para reclamar algún remedio al tribunal. Asimismo, la determinación judicial concedió el recurso sometido por el gobierno en busca que se dejara sin efecto el caso incoado justo el día en que el Senado confirmó a la jueza presidenta Oronoz Rodríguez. 

La votación del Alto Cuerpo sobre el nombramiento de la jueza presidenta fue censurado por sectores políticos y de la sociedad civil por haber carecido de análisis en vistas públicas. Al justificar el proceder de ese cuerpo legislativo, el presidente senatorial, Eduardo Bhatia, dejó entrever que buscaban evitar que el Tribunal Supremo tomara algún tipo de acción que impidiera la confirmación de la jueza presidenta. 

La opinión de Feliberti Cintrón hace alusión al alegado “golpe de estado” que, según el liderato del Senado, se fraguaba desde el foro judicial de última instancia, e incluso el texto comienza con una cita de la carta que, poco después de la confirmación de la jueza Oronoz Rodríguez, envió el juez asociado Erick Kolthoff a Bhatia reprochando sus declaraciones. 

El Tribunal Supremo no solo denegó en su opinión la solicitud de Torres Montalvo, quien ha presentado anteriormente otras demandas contra el gobierno, sino que también le impuso el pago de $5,000 de honorarios de abogado a favor del Estado por entender que la demanda era inmeritoria y frívola, y solo estaba motivada por las aspiraciones políticas del peticionario.

“No vamos a permitir que personas sin legitimación activa utilicen los procedimientos judiciales para entablar pleitos frívolos en medio de una campaña primarista. Esta práctica de valerse de los tribunales para adelantar intereses políticos particulares sin base en derecho alguna tiene que cesar. Para eso existe el foro público”, señala la opinión judicial.

“Los recursos de la Rama Judicial no están disponibles como plataforma mediática para promover candidaturas políticas, mientras en el proceso se pone en entredicho la legitimidad de nombramientos como, en este caso, el de la jueza presidenta, lacerando, de paso, la imagen de esta institución”, añadió el juez Feliberti Cintrón en la determinación.

La jueza asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez, así como los jueces asociados Rafael Martínez Torres y Luis Estrella Martínez emitieron opiniones de conformidad. Mientras, el juez asociado  Erick Kolthoff Caraballo emitió una opinión de conformidad en parte y disidente en cuanto a la parte V de la Opinión del Tribunal del juez asociado Feliberti Cintrón.

Opiniones Concurrentes en parte y disidentes en parte surgieron por parte de jueza asociada, Mildred Pabón Charneco, y del juez asociado Edgardo Rivera García. Mientras, la jueza presidenta, Oronoz Rodríguez, no intervino.

Torres Montalvo reclamó sin éxito la consideración y confirmación de Oronoz Rodríguez como jueza presidenta del máximo foro judicial del país y planteó la existencia de presuntas lagunas constitucionales sobre la designación de un juez administrador de la Rama Judicial.

En su demanda Torres Montalvo citó las Secciones 7 y 8 del Artículo V de la Constitución de Puerto Rico. La Sección 8 sostiene que “los jueces serán nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Los jueces del Tribunal Supremo no tomarán posesión de sus cargos hasta que sus nombramientos sean confirmados por el Senado y los desempeñarán mientras observen buena conducta”. Mientras que la Sección 7 indica que “el juez presidente dirigirá la administración de los tribunales y nombrará un director administrativo, quien desempeñará su cargo a discreción de dicho magistrado”.

Según el joven abogado tales disposiciones no disponen de un mecanismo para la selección del juez o jueza presidenta del Tribunal Supremo.

“El Tribunal Supremo de Puerto Rico, al ser un cuerpo colegiado, tienen (sic) pleno conocimiento de sus compañeros miembros asociados, y tienen (sic) la potestad de seleccionar de manera democrática, al Juez Presidente que tendrá la facultad de la administración de los Tribunales”, argumentó el también precandidato a legislador por el Partido Nuevo Progresista.