El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió hoy no revisar la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de prohibir la divulgación de las grabaciones de las vistas de Andrea Ruiz Costas quien solicitó, sin tener éxito, orden de protección contra su expareja quien la asesinó semanas después de las vistas.

“El Tribunal Supremo de Estados Unidos no dio paso a considerar en los méritos la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico de prohibir acceso a procesos civiles y criminales sobre violencia de género. La @asppro_oficial, @APTPuertoRico y OPC se expresarán próximamente”, expresó en Twitter el licenciado Rafelli González, quien es uno de los miembros de Alianza Pro Transparencia y abogado de la La Asociación de Periodistas de Puerto Rico quien solicitó al Supremo federal atender el caso.

En mayo del pasado año, el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró no ha lugar la reconsideración presentada por el Overseas Press Club (OPC) de Puerto Rico en aras de que se hicieran públicas las grabaciones de las comparecencias de Andrea Ruiz Costas en el tribunal de Caguas.

“Examinada la Solicitud de reconsideración y de vista para argumentación oral presentada por el Overseas Press Club de Puerto Rico, se provee no ha lugar. Aténgase a lo resuelto por este Tribunal, lee la sentencia.

Ruiz Costas fue asesinada a finales de abril del pasado año por Ángel Ocasio Santiago, quien -según las autoridades- confesó los hechos. El acusado luego fue hallado muerto en agosto en su celda en el el Complejo Correccional de Bayamón donde se encontraba encarcelado desde hacía meses.

La muerte violenta de Ruiz Costas ocurrió a menos de un mes que una jueza del Tribunal de Caguas no encontrara causa para arresto contra Ocasio Santiago por violación a la Ley 54 de Violencia Doméstica, pese a que Ruiz Costas relató que el individuo la amenazaba con publicar imágenes íntimas que extrajo de su teléfono, la acechaba en el trabajo, en el estacionamiento, merodeaba su casa y hasta lo había visto en una gasolinera cercana a su residencia.

Previo a este proceso judicial, la mujer intentó imponer una orden de restricción contra su agresor, reclamo que no fue atendido cuando así lo solicitó.