La presidenta del sindicato la Alianza Correccional Unida (ACU), Jessica Martínez Santini, opinó que el suicidio del oficial de la Cárcel Guayama 500, mientras negociaba su entrega a las autoridades, dramatiza la necesidad urgente de herramientas de ayuda emocional para estos servidores públicos.

El hombre llevaba dos días atrincherado en el barrio Calzada en Maunabo al figurar como sospechoso de cometer tres crímenes en el área sur.

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Pedro A. Montes Collazo, de 46 años, quien laboró por 20 años en la Administración de Corrección y Rehabilitación y en la actualidad estaba asignado a la División de Operaciones Tácticas de Guayama, era sospechoso de asesinar a su expareja, Marilyn Reyes Ayala (46), quien trabajaba como técnica socio penal en la misma institución; a su compañero de trabajo el armero Alvin R. Sugrañes Lebrón (37), en la entrada del penal; y a su vecina en la urbanización Valles de Providencia en Patillas, la guardia penal Jaimette Sánchez Ledée (45).

El Negociado de la Policía de Puerto Rico informó que el suicidio ocurrió tras una extensa negociación con Montes Collazo, que llevó a cabo con la colaboración de sus familiares. El fugitivo accedió a entregarse, pero al enfrentarse con los agentes intentó regresar al monte donde se escuchó una detonación. Su cadáver fue localizado cerca de una residencia abandonada en el barrio Calzada de Maunabo.

Martínez Santini indicó que no han encontrado evidencia que indique que sus supervisores hubiesen ofrecido alguna ayuda emocional, tanto Montes Collazo como a sus víctimas.

“En cuanto al área laboral, él nunca tuvo situaciones como tal que dieran a entender que estaba afectado. Sí hubo un rumor que tuvo una situación con su expareja, que fue una de las víctimas que, presuntamente dicen, que él asesinó, que aparentemente fue desarmado, pero no hay evidencia de que fueron referidos para recibir ayuda emocional”, explicó la líder sindical al subrayar que el presunto victimario era una persona querida por la mayoría de sus compañeros.

Opinó que la Administración de Corrección y Rehabilitación tiene la obligación de ofrecerles a los empleados ayuda emocional para prevenir tragedias como estas y no actuar cuando pasa un suceso. Advirtió que, en general, la matrícula no se siente en confianza de acudir ante sus supervisores para plantearles sus problemas laborales porque los asuntos, que se suponen sean confidenciales, se transforman en chismes que en nada abonan a su solución.

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En su caso, planteó que se enteró a través de unas cuentas falsas que están abiertas en las redes sociales con un mes de antelación que se le iba a entregar un documento de intención de suspensión por 30 días por unas expresiones que hizo en calidad de líder de la ACU a través de los medios de comunicación. Esta información se suponía que solo la conociera el investigador y el secretario de la agencia.

“Si yo voy ahora mismo donde uno de mis supervisores y le digo que estoy pasando por una situación, automáticamente en menos de una hora, para darle un tiempo, ya lo sabe la mitad de la institución y entonces nosotros tenemos un mal, porque hay este grupo de supervisores de instituciones penales que están usando las redes sociales creando perfil falso que inyectan lo que es la inestabilidad emocional dentro del trabajo porque lo que se pasan es provocando el acoso cibernético”, afirmó.

A su juicio, el ambiente creado por los chismes y los comentarios constantes sobre la vida privada del oficial de corrección pudo haber sido uno de los factores que se reflejaron en la crisis emocional por la que atravesó.

A su vez, rechazó la acción de otros oficiales correccionales quienes, presuntamente, tomaron fotos de la escena del crimen de Sugrañes Lebrón y las difundieron.

“Una foto del mismo compañero (asesinado) la comenzaron a pasar entre los oficiales. Eso para mí es morbo. Es un compañero que está en el piso, está baleado por otro compañero, ¿por qué tienen que compartir esa foto los mismos oficiales correccionales? Nosotros tenemos que aprender a respetar nuestra profesión, a respetar a nuestros compañeros y a trabajar unidos para que el patrono nos vea como ese recurso profesional y nos brinde las herramientas que por ley nos tiene que dar”, aseveró Martínez Santini.

Exhortó a cualquiera de sus compañeros que esté pasando por alguna situación emocional, y no confíe en los servicios que ofrece la agencia, a que contacte a un miembro de la junta directiva de la unión.

“Nosotros trabajaríamos el caso completamente confidencial, que si no tiene la confianza de utilizar los pobres mecanismos de la agencia, nosotros podemos canalizar ayuda fuera de la agencia para evitar perder otro compañero que se quite la vida”, puntualizó.