El fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, William Stephen Muldrow, lanzó su advertencia este jueves a aquellos que pretenden aprovecharse ilícitamente del gobierno puertorriqueño mediante la acción de sobornar.

“El procesamiento de delitos de corrupción pública, en todos los niveles del gobierno, sigue siendo una prioridad para la Fiscalía federal. El soborno de empleados gubernamentales corroe la confianza del público en instituciones vitales y no será tolerado. No a nivel municipal, estatal o federal”, manifestó Muldrow en declaraciones escritas.

Sus expresiones surgen tras la acusación de cuatro personas, dos de ellas empleadas de los Centros del Servicios al Conductor (Cesco) de Carolina y Caguas, por presuntamente llevar a cabo un esquema con pagos de soborno para borrar multas, entre otros trámites.

Los imputados son: Juan Carlos Cruz Hernández, Verónica Forte Roig, Nancy Báez Flores y Josselyn Figueroa Rosario; estas últimas eran empleadas del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Tres fueron detenidos hoy, excepto Báez Flores.

La Fiscalía alega que desde noviembre de 2018 hasta octubre de 2023, Báez Flores recibió más de $62,000 en pagos de sobornos por parte de Cruz Hernández y Forte Roig.

También se alega que desde abril de 2019 hasta junio de 2023, Figueroa Rosario recibió más de $7,000 en pagos de sobornos por parte de Cruz Hernández y Forte Roig.

Asimismo, con los presuntos pagos de sobornos negociaron otros trámites, como acceder a datos y obtener documentación duplicada.

“Esta acusación y los arrestos de hoy reflejan otro paso en el enfoque continuo de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para llevar ante la justicia a los criminales que participan en esquemas de soborno ilegal”, puntualizó Muldrow.

La pesquisa estuvo a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés).

“HSI se compromete a investigar las actividades de lavado de dinero que representan una amenaza para nuestra economía. Es imperativo priorizar cualquier tipo de corrupción pública que facilite los delitos. Estos empleados no representan a los empleados dedicados del gobierno de Puerto Rico”, dijo por su parte la agente especial a cargo de HSI San Juan, Rebecca González Ramos.

“Esta investigación fue posible gracias al apoyo del Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Transportación de Puerto Rico”, sostuvo.

Los imputados podrían enfrentar una pena máxima de cinco años de prisión por conspiración, una pena máxima de 10 años de prisión por soborno y una pena máxima de 20 años de prisión por fraude.