El exsecretario de Justicia Luis Sánchez Betances “se aprovechó de los accesos privilegiados que le daba su posición” cuando acudió a la escena y al cuartel donde su amigo, Jaime Sifre, estaba arrestado el pasado 6 de diciembre por conducir ebrio, concluyó la abogada Josefina Cruz, de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), en su argumento final este viernes para someter el caso por alegadas violaciones éticas contra el exfuncionario. 

Mientras, la defensa de Sánchez Betances, liderada por Harold Vicente, usó su turno de cierre para fustigar a la OEG por invertir “los limitadísimos recursos de Puerto Rico en construir, por no decir fabricar, un caso como este”, que – a su juicio – se basa en apariencias y no hechos.

 Las partes resumieron sus puntos ante la jueza Lourdes Velázquez Cajigas, quien adjudicará en 90 días calendario si el exjefe de Justicia violó o no el artículo 4.2 (e) que prohíbe a un servidor público “asegurar o pretender que tiene la influencia en el ejercicio de las funciones de otro servidor público, a cambio de obtener o tratar de obtener un beneficio", o el artículo 4.s (s), por el cual “un servidor público no puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental”.

¿Ciudadano común y corriente?

“El querellado quiere hacernos creer que cualquier ciudadano común debe poder llegar y permanecer en cualquier escena policiaca”, expuso Cruz sobre el incidente que detonó la renuncia de Sánchez Betances a la jefatura de Justicia a finales de 2013. 

No obstante, “el secretario de Justicia no es un ciudadano común y corriente”, subrayó la licenciada para refutar el argumento de Sánchez Betances, quien en distintas instancias durante su testimonio de dos días aseguró que era capaz de “quitarse el sombrero” oficial para sus actividades privadas.

 De hecho, según testificó el querellado, esa era su intención ese 6 de diciembre, cuando acudió a verificar cómo estaba su amigo Sifre, luego de que él lo llamara para avisarle que la Policía lo había detenido poco después de que compartieran en un restaurante de Hato Rey.

“A todos los oficiales (en la escena y el cuartel) les dije afirmativa y claramente ‘estoy aquí como ciudadano’”, insistió Sánchez Betances durante el contrainterrogatorio de la mañana, a cargo de la abogada de la OEG, Miriam Matos.

 “Quiere hacer creer lo increíble”, manifestó Cruz, quien empleó las expresiones del propio exfuncionario para puntualizar que, aún si no se hubiese concretado una acción impropia, la duda y la apariencia de influencia indebida bastan para violar la Ley de Ética Gubernamental que rige la conducta de los servidores públicos. 

A modo de ejemplo, citó las disculpas públicas que emitió Sánchez Betances en fechas cercanas a su renuncia, cuando aceptó que “cometí un error al presentarme al lugar de los hechos” y que sus acciones podían “interpretarse como una intervención indebida”.

 De igual forma, la representante legal de OEG adujo que esa apariencia de influencia quedó evidenciada por la llegada de entonces jefe de Justicia a la escena de la intervención con Sifre a bordo de un vehículo oficial con biombos encendidos y acompañado de su escolta. También resaltó el hecho de que los oficiales en el cuartel lo reconocieron por el cargo que ostentaba. 

 “¿Cómo se puede confiar en la integridad e imparcialidad de un funcionario que a la menor provocación amenaza con y luego ejecuta su amenaza de comunicarse con el superintendente de la Policía en ocasión de una situación personal?”, cuestionó Cruz sobre la admisión de que Sánchez Betances llamó de madrugada al entonces designado James Tuller a su teléfono móvil para contarle lo sucedido.

Tildan de "injusticia" lo que enfrenta Sánchez Betances

 Por su parte, en un vehemente turno final Vicente criticó el procedimiento ético, que tildó de ‘trágico” y basado en apariencias e inferencias. 

“Pobre Puerto Rico”, exclamó, tras lo cual continuó una acalorada exposición en la que mencionó la corrupción policiaca, el éxodo de jóvenes y las dificultades para identificar profesionales que estén dispuestos a unirse al servicio público.

 “¿Suena que estoy indignado? Pues sí, lo estoy. Porque soy puertorriqueño y yo quiero construir”, expresó sin que quedara claro el nexo entre sus expresiones y el caso.

En materia del caso, Vicente alegó que el “único error” de su defendido fue hacerse disponible para servir a Puerto Rico y que no se podía dañar la reputación de décadas de Sánchez Betances por meras apariencias o inferencias.

 “'Where’s the beef?’ ¿Dónde están los actos concretos? No están”, aseveró.

“Sifre se declaró culpable enseguida. Todo el mundo está de acuerdo con que el proceso siguió”, repasó, tras lo cual puntualizó que también los policías testificaron que el proceso de arrestar y acusar al colega de Sánchez Betances siguió el curso ordinario. 

“¿Cuánto más castigo hay que darle a ese señor? ¿Cuándo vamos a detener esta conducta tan dañina para nosotros los puertorriqueños?”, cuestionó.

Vicente, ya más calmado, urgió a la jueza a poner ya un freno a lo que llamó “injusticia” contra el exfuncionario.

“Vamos a ver con muchísima seriedad todo lo que ha sido objeto de prueba en estos cinco días”, respondió la jueza.

La magistrada dio a las partes hasta el 22 de agosto para presentar sus respectivos memorandos con argumentos en derecho, que ella examinará a la luz de la ley, la jurisprudencia y los hechos, según indicó antes de levantar los trabajos.

Dos jueces de testigos

En la sesión de la mañana, la defensa de Sánchez Betances sentó a declarar a el otrora juez presidente del Tribunal Supremo, José Andreu García, y al juez federal, José Antonio Fusté, como testigos de reputación.

 Andreu García elogió la integridad y honestidad que le observó a Sánchez Betances desde que era estudiante.

 Por su parte, el juez federal aclaró que había aceptado testificar “como José Antonio Fusté, el abogado, no como juez”.

 Explicó que durante sus años de práctica antes de vestir la toga, siempre litigó en contra del querellado en casos “grandes, grandes de verdad”, que ventilaban millones de dólares en pérdidas.

 “El litigio, vamos a dejarnos de vaina, siempre se presta, para que si un abogado que no quiere ser vertical ni honesto, lo pueda hacer. Eso es así”, indicó

 “Nunca, nunca, nunca pude ver ni observar nada en él que no fuera absoluta verticalidad”, aseguró.

“Era estricto con las reglas, con la cuestión ética y la palabra como compañero”, abundó.

 Indicó que, aunque tienen diferencias en posturas políticas, Sánchez Betances le consultó si debía tomar la silla de Justicia que la administración del gobernador Alejandro García Padilla le estaba ofreciendo.

“Yo quizás cometí el error de decirle que la aceptara, porque pensé que para Puerto Rico, en se momento histórico, con el lío que había en la Policía, me parecía que Luis tenía la habilidad de bregar con situaciones y que podía ser tremendo abogado del Gobierno”.

 Cuando trascendió la polémica por el caso de Sifre, dijo que le comunicó: "En nada afecta lo que pienso de ti”.