El licenciado Orlando Aponte demandó el lunes al gobierno de Puerto Rico y al comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, para que se impugnen las escoltas a Ricardo Rosselló dentro y fuera de Puerto Rico y se detengan los pagos con fondos públicos.

Una orden, emitida por el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, le concedió cinco días al demandante para que pruebe cuál es el daño específico que plantea.

“En casos donde está involucrada una cuestión de alto interés público, cualquier ciudadano puede demandar. Lo ha resuelto el Supremo. No hay que demostrar un daño irreparable”, le dijo a Primera Hora.

Para el demandante, el renunciante primer ejecutivo no tiene derecho a tener guardias personales ya que no cumplió su término como gobernante. Es por esto que le solicitó al tribunal que emita una sentencia declaratoria en la que explique la aplicabilidad para un funcionario que no estuvo en el cargo el tiempo requerido.

 “Estamos impugnando la definición que le está dando la gobernadora y el comisionado a lo que es un exgobernador porque la ley que permite que se den ese tipo de concesión, de privilegio, es la que establece que un gobernante, para que sea definido como tal, tiene que haber estado un mínimo de cuatro años. Todo el mundo sabe que él, ni Pierluisi, ni Wanda Vázquez van a poder cumplir ese requisito esencial”, explicó Aponte en el segmento “De frente con Jay” en el programa Día a Día de Telemundo.

El abogado se basa en la Orden General 100 de la Policía que establece que la protección a los exgobernadores estaría limitada a la jurisdicción del archipiélago borincano. Además, utiliza la definición del término exgobernador utilizado en la Ley 2 de 1965 que dicta que para serlo tendría que haber cumplido un término no menor de cuatro años o si cesara sus funciones por alguna incapacidad física o mental.  

“Específicamente, la Orden General de la Policía establece que ningún exgobernador, salvo alguna circunstancia bien excepcionales y bien meritorias, tendrían, a modo de excepción, llevar una o dos escoltas fuera de Puerto Rico cuando están haciendo una función oficial, pero en el caso de él ni siquiera tiene derecho a tenerlas en Puerto Rico. Imagínese lo que siente ese pueblo cuando tiene que pagarle una escolta fuera de Puerto Rico a una persona que abandonó el cargo en deshonra como lo hizo Ricardo Rosselló”, detalló en televisión.

Rosselló renunció el pasado 2 de agosto a las 5:00 de la tarde. Cuatro días después, se supo a través de Escalera que, Pedro Pierluisi –quien se autojuramentó como gobernador y luego fue destituido por el Tribunal Supremo– ordenó “de manera excepcional” la designación de escoltas.

Posteriormente, tras Wanda Vázquez juramentar como gobernadora reevaluó y estuvo de acuerdo con las escoltas a Rosselló para brindarle seguridad a su familia fuera del País, informó el secretario del Departamento de Seguridad, Elmer Román.

Sin embargo, el lunes trascendió que la primera ejecutiva ordenó que los tres agentes que se encuentran en Estados Unidos con Rosselló regresen al País y cesen sus funciones el próximo 2 de septiembre.

El abogado solicitó en su demanda, además, que la Corte emita un mandamus para que le ordene al comisionado de la Policía a detener inmediatamente el pago de escoltas con fondos públicos.

“Se divide en tres partes la demanda, que deje de pagarle las escoltas de forma inmediata y que, al declararse que era ilegal esa escolta pues, también, podría haber un recobro de parte del Estado porque se pagaron con fondos públicos algo que se utilizó exclusivamente para fines privados”, dijo Aponte.

Aunque en su intervención televisiva aún el juez no había emitido su orden, el licenciado explicó que él sí tiene legitimación para el caso.

“Hay unas expresiones que permiten legitimación activa al pueblo cuando se trata de un asunto de alto interés público, como es el caso que nos ocupa… cuando se trata de una oficina del gobernador, viajes, comida, gastos, traslados, pues unos fondos que se supone estén asignados de conformidad a la ley cualquier persona podría presentarlo”, refutó.