El productor Sixto Jorge Díaz Colón, conocido como Sixto George, fue declarado en la tarde de este viernes culpable de los cargos de intento de extorsión, extorsión y destrucción de evidencia.

La vista de lectura de sentencia fue fijada para el 5 de mayo.

Como parte de su convicción, el juez Francisco Besosa acogió la petición de la fiscal Myriam Fernández y ordenó que Díaz Colón fuera ingresado de inmediato a prisión por no seguir intrucciones al hablar con la prensa mientras pesaba una orden de mordaza en el caso, así como por no cumplir con una orden que establecía que no se podía distribuir prueba que se ventilaría en el juicio.

Díaz Colón fue esposado frente a su familia por los alguaciles al ejecutar la orden del magistrado. Hubo llanto y gritos en los que denunciaban que se había cometido una “injusticia”.

La decisión unánime de culpabilidad la tomaron las siete mujeres y los cinco hombres que formaron parte del jurado seleccionado para atender el juicio federal contra Díaz Colón.

La deliberación inició ayer, jueves, poco antes de las 3:00 p.m. A eso de las 5:45 p.m. el jurado pidió recesar para continuar con su labor durante este décimo día del proceso judicial que se da como secuela de las controversias suscitadas en el convulso verano del 2019 con la revelación del chat de Telegram.

Esta mañana reanudaron el análisis de la prueba a las 9:00 a.m. A las 1:30 p.m. se reanudó el juicio para dar a conocer el dictamen.

Díaz Colón se expone a cumplir una pena máxima de 20 años de prisión.

A apelación

Tras conocerse el dictamen, el abogado de Díaz Colón, Rafael Castro Lang, anunció que una vez sentencien a su cliente, el próximo 5 de mayo, acudirá al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston para que se revoque el dictamen.

“Yo pensaba que él iba a salir no culpable en todos los cargos, porque ahí no probaron los elementos del delito. Y, obviamente, esta decisión se va a apelar, porque yo veo mucho errores que ocurrieron en el caso, instrucciones que no se dieron, prueba que no me dejaron pasar”, manifestó a su salida de la corte.

Estableció que pueden haber sido muchos los factores que estaban en juego a la hora de que el jurado encontrara a su cliente culpable.

“Uno nunca sabe qué factores... pueden jugar política, alguien con influencia o que simplemente pensaron que por el mero hecho que había una llamada donde se hablaba de algo, pues eso lo hacía culpable”, señaló.

En cuanto al ingreso a prisión de su cliente, Castro Lang aceptó que su recomendación siempre había sido que no hablara con la prensa. No obstante, ayer Díaz Colón lanzó una serie de insultos contra todos sus acusadores. Llamó “charlatantes” a los fiscales federales, “niño de kínder” al juez Besosa y “cabeza de puerco” al principal testigo en su contra, el exsecretario de Asuntos Públicos bajo la administración de Ricardo Rosselló, Anthony Maceira Zayas.

“Yo a mi cliente siempre le he dicho que lo hablé siempre, pero que desafortunadamente él se siente bien, decepcionado”, indicó.

En cuanto a la posible sentencia, señaló que sería menor a los 20 años.

“Pa’ meterle 20 años, hay que justificarlo y créame que si le meten 20 años los van a revocar”, opinó.

Por parte de la Fiscalía federal, quien emitió las declaraciones fue el subjefe, Héctor Ramírez Carbó.

Expresó que “estamos muy satisfecho con la labor que hicieron los fiscales y los agentes, quienes hacen su trabajo de una forma responsable, irrespectivo de los improperios y los insultos que se hagan en su contra, y estamos satisfechos con la labor del jurado, quienes pudieron aquilatar la prueba basada en la evidencia desfilada en la corte y no en las películas de afuera de la corte”.

Indicó que las expresiones que hizo Díaz Colón ayer fueron “desafortunadas”. Recalcó que la labor que realizan como fiscales o agentes federales es “honrada”.

Las imputaciones

Este juicio federal lo que provocó fue que se destaparan las artimañas que se usan en la política boricua para alcanzar y permanecer el poder. Ocasionó que saliera a la luz cómo se emplean amenazas, la compra de favores y de opinión pública, los contratos a los amigos, al igual que un sinfín de jugadas que por años ha empañado el sistema político del País. Cobra mayor notoriedad el hecho de que los protagonistas hayan estado inmerso en un histórico acontecimiento, ese verano del 2019 en que el pueblo se levantó y ocasionó con sus protestas callejeras la primera renuncia de un gobernante en tiempos modernos.

El testigo principal de la Fiscalía federal lo fue Maceira Zayas.

Otro de los protagonistas principales y que no fue sentado a testificar en el juicio lo es Raúl “Raulie” Maldonado Nieves, quien es hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier. A este se le achaca haber dado a la luz el controvertible chat de Telegram.

Según alegan los fiscales Michael Nicholas Lang y Fernández, Díaz Colón utilizó su conocimiento de que tal chat pudiese ser revelado por Maldonado Nieves para amenazar y extorsionar a Maceira Zayas.

Entre otras cosas, supuestamente el productor en aquel entonces del programa de noticias radial Nación Z, pidió dinero y favores al exsecretario de Asuntos Públicos con tal de beneficiarse. La incidencia salió a la luz porque, en medio de ese caos que se formó en el verano del 2019, Maceira Zayas acudió al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) para denunciar a Díaz Colón.

La investigación en contra del productor comenzó el 15 de julio de 2019, fecha en que Maceira Zayas logró su primer encuentro con el entonces jefe del FBI en la Isla, Douglas Leff, para contar lo que le había ocurrido en unos mensajes presuntamente amenazantes que recibió el 20 de junio de 2019 y una reunión que tuvo un día después en el restaurante Musa, en Santurce.

La supuesta extorsión

Las alegaciones de Maceira Zayas apuntaron a que el 20 de junio de 2019 recibió varios mensajes por Telegram, que calificó como amenazantes. Uno de ellos leía: “Caballo, si Fortaleza no deja de joder con Raúl Maldonado (Nieves), el hijo de (el exsecretario de Hacienda), Raúl Maldonado, tiene pruebas contundentes para joder esta administración comenzando con Ricardo Rosselló. Según Raúl, ‘hijo de RM (Raúl Maldonado)’, eres tú y Fortaleza el que está detrás de este tiroteo hacia Raúl Maldonado”.

“No sé qué tú vas a hacer, pero si no paran los populares va a estar 30 años en el poder. Para esto”, establece otra porción del mensaje.

El día siguiente, el 21 de junio de 2019, Maceira Zayas y Díaz Colón se reunieron en el restaurante Musa Allí, el primero le expresó que sus mensajes eran amenazantes. Pero, el ahora acusado lo rechazó y apuntó a Maldonado Nieves como el responsable de la situación, según salió a relucir durante los testimonios vertidos en el juicio.

Entre otras cosas, Maceira Zayas alegó que Díaz Colón le solicitó en esa primera reunión $300,000 para pagarle a Maldonado Nieves para que no divulgara el controvertible chat de Telegram, ayuda para renovar dos contratos de las corporaciones Collective Impact y Social Consulting, anuncios del gobierno para pagar un segmento de noticias positivas dentro del programa que producía (Nación-Z), en el que se hablaría solo aspectos positivos de la administración Rosselló, así como un contrato para sí como consultor externo del gobierno para mejorar la imagen del exgobernador.

El testigo relató que Díaz Colón le dijo que tenía contactos con presentadores de radio e influencers, como Rocky The Kid, Molusco, La Burbu y Red Shadow.

“Él me estaba presentado la influencia que tenía, el poder y todo el daño que podía hacer”, declaró Maceira Zayas.

Este encuentro fue grabado por el exsecretario en su teléfono celular. Pero, este audio no se usó como prueba en el juicio, pues reconoció que no se escuchaba.

Tras esta primera reunión en la que el exsecretario dijo haberse sentido extorsionado, hizo gestiones para contactar al FBI a través del exsecretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, y supuestamente alertó a Rosselló sobre los pedidos de Díaz Colón.

Sixto George buscaba armas

Durante el testimonio del agente investigador del FBI, Juan Carlos López, trascendió que el 25 de junio supuestamente el acusado le escribió a Maldonado Nieves.

“Quieres que nos veamos más tarde. Te invito a Musa a almorzar. Quiero descojonar a estos hijos de puta. Sin armas no puedo enfrentarme a estos cabrones”, establecía un mensaje.

También indicaba: “No puedo enfrentar a estos bastardos. Dime que tú vas a hacer. No entiendo tu silencio Raulie”.

Los fiscales alegaron durante su argumentación final que estos mensajes demuestran la intención de hacer daño que tenía el acusado.

Sin embargo, Maceira Zayas aceptó que no tuvo contacto con Díaz Colón posterior al 20 y 21 de junio de 2019. Señaló que estuvo inmerso en las controversias que había en la administración, entre estas que ya había sido revelado el chat de Telegram, el arresto por corrupción de varios funcionarios, entre las que se encontraba la exsecretaria de Educación, Julia Keleher y las múltiples renuncias en el gobierno. Además, dijo que hacía gestiones para contactar al FBI. Entre estas estuvo un viaje a Florida para conversar con Pesquera.

El 14 de julio de 2019, cuando ya se había publicado el contenido del chat de Telegram, Díaz Colón trató de contactar a Maceira Zayas. De hecho, trascendió que la exprimera dama, Beatriz Rosselló, le indicó que el productor lo andaba buscando.

Entre esta fecha y el 16 de julio, Maceira Zayas logró realizar la querella ante el FBI. Entonces, se acordó un segundo encuentro con el acusado.

A las afuera del Tribunal Federal de Distrito en Puerto Rico, sede del Viejo San Juan, Díaz Colón dijo a la prensa que, en estas fechas, específicamente en algún momento entre el 11 al 14 de julio, había obtenido un contrato verbal del comité de campaña de Rosselló para desarrollar una estrategia para mejorarle su imagen.

Alegó que dicho contrato era de $300,000 y que le llegaron a pagar $200,000.

Durante el periodo que duró el contrato, el acusado alegó que “se hizo un esfuerzo de ‘damage control’”.

Estas expresiones han dejado en el tintero la razón por la que Rosselló contactó a una persona a la cual su exsecretario de Asuntos Públicos supuestamente le había comunicado que lo amenazó e intentó extorsionar.

Díaz Colón expresó a la prensa la probabilidad de que el exgobernador fuese llamado como testigo del caso. Más, sin embargo, su abogado de defensa, Ricardo Castro Lang, determinó no presentar prueba exculpatoria.

Explicó que no sentaría a Rosselló en el banquillo de los testigos, pese a que tenía una orden del tribunal para hacerlo, ya que “tomamos la decisión que ya no era necesario, porque la estrategia cambió y era una de que no tenemos que presentar prueba, porque ellos (la Fiscalía federal) no aprobaron su caso”.

Castro Lang alegó, durante las argumentaciones finales al jurado, que los mensajes enviados por Díaz Colón a Maceira Zayas no eran amenazantes. Aludió que solo hubo una conversación y que la misma no constituye un delito.

Esa conversación, según dijo, era la de un “amigo” que alertaba de que existía la posibilidad de que una información perjudicial para él y la administración Rosselló saliera a la publicidad. Esa información era el chat de Telegram.

“Lo que hay evidencia es que Raulie (Raúl Maldonado Nieves, a quien se le imputa haber revelado el chat de Telegram) odiaba la administración y a Maceira. Este es un caso de venganza y no extorsión”, manifestó el abogado.

Insistió en que los $300,000 no eran para Díaz Colón. Expuso que ese dinero era el que solicitaba Maldonado Nieves y que su cliente solo era el “mensajero” para comunicar cuál era el reclamo.

Grabado por el FBI

Como parte del juicio, trascendió además que, cuando Maceira Zayas había finiquitado su querella en el FBI y supuestamente Díaz Colón había logrado un contrato de $300,000 con el comité de campaña de Rosselló, ambos tuvieron su segundo encuentro. Se trató de una cena-reunión en el restaurante Il Postino, del cual el acusado es socio.

Este encuentro ocurrió el 16 de julio de 2019. Allí, Maceira Zayas dijo haber consumido un trago y medio, entremeses y comida. Pero, más allá de lo que comió y bebió, el exsecretario cargaba con tres dispositivos de grabación colocados por el FBI. La intención era grabar a Díaz Colón cuando relataba los pedidos de extorsión realizado el 21 de junio de 2019 en la reunión en el restaurante Musa.

Los audios, aunque fueron “mejorados” por un técnico del FBI que testificó en el juicio, resultaron ser inentendibles. Pero, de las transcripciones que presentó el fiscal federal Lang y del testimonio de Maceira Zayas surge que Díaz Colón presuntamente mantuvo la solicitud de $300,000 para comprar el silencio de Maldonado Nieves.

De hecho, la fiscal Fernández argumentó que fueron en ocho ocasiones en las Díaz Colón supuestamente le pidió esa suma de dinero a Maceira Zayas durante este encuentro. Aludió a que el acusado supuestamente indicó que le debía entregar en efectivo o en cheque.

Como ya el chat de Telegram había sido divulgado para esta fecha. El alegado pago, entonces, era para que Maldonado Nieves no divulgara otros chats que supuestamente contenían más mensajes comprometedores para la administración Rosselló.

La alegación de la fiscal, esbozada durante la argumentación final, era que el acusado en realidad quería el dinero para él.

Por otro lado, Maceira Zayas reveló que el acusado le dijo en esa reunión que Maldonado Nieves andaba en busca de pruebas que demostrasen que Rosselló usaba marihuana. Sus miras estaban en conocer, a través de oficiales de seguridad de La Fortaleza, si era cierto que José Giovanni Ojeda, quien es esposo de la que fuera asesora de infraestructura de la Mansión Ejecutiva para aquella época, María Palau, y quien está ligado al mercado de cannabis medicinal, era quien presuntamente le llevaba marihuana al exgobernador.

En ninguna parte del testimonio de Maceira Zayas se le escuchó confirmar o rechazar que tal presunción contra el exgobernador fuese cierta.

Trascendió de la transcripción del audio que supuestamente Díaz Colón reiteró el pedido de renovación de los contratos de Collective Impact en el Departamento de Hacienda y Social Consulting en la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Maceira Zayas alegó que el acusado le dijo que por cada uno de los contratos recibiría una paga de $2,000 mensuales.

Además, el testigo dijo que le reclamó dinero para pagar unos $50,000 para el manejador del programa “La Comay”, Antulio “Kobbo” Santarrosa, y unos $6,000 a Rocky The Kid. La intención era lograr que estas personalidades públicas cambiaran su narrativa y dejaran de solicitarle la renuncia a Rosselló.

Además de estos nombres, Maceira Zayas señaló que Díaz Colón le propuso pagarle a otros influencers, como Molusco, La Burbu, Red Shadow, la abogada Mayra López Mulero, el exrepresentante Garry Rodríguez, el convicto exsenador Jorge de Castro Font, así como a unas personas que identificó como Héctor y William. La intención era que estos usaran su fama para defender a Rosselló en momentos en que el pueblo realizaba protestas en su contra y le exigía la renuncia, según trascendió del testimonio.

Al concluir su declaración, el testigo principal del caso afirmó que no realizó ninguna gestión con nadie para cumplir con los favores o el dinero solicitado por Díaz Colón.

De hecho, aceptó que rehusó llevarle a Díaz Colón el dinero que le iba a dar el FBI como carnada para concretar la presunta extorsión de la que dijo fue víctima. La suma que trascendió se iba a dar eran $20,000.

Fue el 19 de julio de 2019 cuando Maceira Zayas rechazó, ante el pedido del FBI, llevarle la porción del dinero a Díaz Colón, precisó el agente investigador del caso.

En cambio, el testigo siguió instrucciones de la agencia federal de enviar un mensaje a Díaz Colón. Surgió de mensajes mostrados en la pantalla del Tribunal que Maceira Zayas le escribió “no me he olvidado de mi asignación”. La respuesta que recibió del acusado fueron varios emoji, que incluyeron un corazón y un mollero.

Esta respuesta, según el abogado de la defensa, era demostrativo de que se hablaban como “amigos”. Es que alegó que el corazón es sinónimo de afecto.

FBI toca a la puerta

Para el 26 de julio de 2019, López y varios agentes del FBI llegaron a la residencia de Díaz Colón en Caguas. Allí, le confiscaron el celular, pues tenían una orden judicial.

Díaz Colón contó a la prensa que ese día los agentes del FBI lo “entramparon” para que llamara a Maldonado Nieves y le ofreciera los $300,000 para que no divulgara chats adicionales que implicasen al exgobernador.

Específicamente, dijo que “el FBI fue a mi casa. Estuvieron cuatro horas y media. De esas cuatro horas y media, estuvieron casi dos horas y media, las últimas dos horas y media insistiéndome en que yo llamara a Raulie y yo les explique de mil maneras que yo no iba a llamar a Raulie. Y fue tanto el hostigamiento, que yo terminé llamando a Raulie. Yo hablo con un abogado en la noche. A mí nunca se me va a olvidar esto. Ese abogado me dijo bien claro: ‘¿Cómo tú haces un delito delante de agentes federales? ¿Cómo tú haces eso?’ Si me están diciendo que es en colaboración con ellos. ‘Chico mano, si agentes federales te están diciendo que cometas un delito, ya tú sabes que tú estás frente a agentes que no son’... Esto tiene una palabra, perdón que me confunda... Me coaccionaron, entraron en mala conducta”.

“Ellos me decían que esto es confidencial. Y es que yo no, yo no estoy dudando de ustedes (los agentes), porque yo juraba que tenía tres agentes de ley y orden en mi casa, me estaban trampeando y ya lo verán, porque literalmente yo llamo a Raúl el 26 de julio, el 29 de julio sale en todo, en todo Puerto Rico, que yo había sobornado a Raulie, cuando yo nunca llamé a Raulie por voluntad propia. Entonces a mí me entramparon, literalmente”, añadió Díaz Colón.

El abogado intentó durante las argumentaciones finales traer el hecho de este alegado “entrampamiento”. Pero, tras varias objeciones, no le permitieron usar ese término.

Lo que sí pudo exponer Castro Lang es que hubo algún motivo por el cual la Fiscalía federal no presenté el audio de la llamada a Maldonado Nieves.

Los contratos

En cuanto a los contratos que se alega buscaba Díaz Colón que fueran renovados en el gobierno, la Fiscalía federal sentó a testificar a Lidmarie Torres y Madeline López Pagán. Ambas apuntaron a que el acusado estaba detrás de las dos corporaciones implicadas: Collective Impact, que tuvo contrato en el Departamento de Hacienda entre abril y junio de 2019, así como Social Consulting que fue contratada en la OGP entre mayo y junio de 2019.

Torres informó en el juicio que fue llamada por un activista de la estadidad que se dio a conocer para la época en que el exgobernador Pedro Rosselló lideraba al Partido Nuevo Progresista (PNP), Félix Plaud, a una reunión en algún momento de marzo de 2019. En ese encuentro, según dijo, estuvo presente Díaz Colón, entre otras personas.

López Pagán también mencionó a Plaud y a Díaz Colón como los responsables de comenzar a establecer las corporaciones.

En su testimonio, Torres explicó que fue el acusado federal el que tomó la palabra en esta primera reunión en la que se formarían las corporaciones. Alegó que este, “básicamente, expuso la oportunidad de dos proyectos dentro de los cuales se iba a trabajar de manera independiente, administrados independientemente, donde se iban a hacer unos servicios de apoyo colaborativo orientados a desarrollo social y que íbamos a estar dando servicios a agencias de gobierno”.

Declaró que Díaz Colón, “me dijo que no quería estar al frente de las compañías, porque él era una personalidad pública”.

Una declaración similar fue hecha por López Pagán. Esta estableció que en la primera reunión para formar la corporación se le dijo que Díaz Colón no estaría en ningún documento. Específicamente, manifestó que “en la reunión inicial nos indicaron que como él era una figura pública no debía aparecer en ninguno de los documentos”.

Cuando Collective Impact recibió su primer cheque de Hacienda, de unos $9,000, para el principio de junio de 2019, Díaz Colón supuestamente solicitó su dinero. Torres testificó que le hizo llenar un contrato el 8 de junio de 2019. Alegó que el acusado le especificó que su paga sería de $1,500 mensuales.

Ese mismo día salió un cheque a nombre de Díaz Colón. Fue de $1,400, ya que se le retuvieron $100 para el pago de impuestos.

Ese fue el único pago que recibió Díaz Colón de las corporaciones. López Pagán contó que cuando vio el pago que tuvo que hacer la otra corporación al acusado, determinó no someter la factura a OGP. Luego, los contratos quedaron cancelados en el gobierno para el 30 de junio de 2019.

Del testimonio de Torres se desprendió que quien estaba en busca de que esos contratos se renovaran era Díaz Colón.

Por este contrato que Collective Impact recibió en Hacienda fue llamado a testificar en el juicio el actual secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea. Este, en esencia, confirmó que el contrato fue suscrito por su antecesor, Maldonado Gautier, y que no renovó el contrato porque “no cumplía con los estándares profesionales que yo espero de un proveedor de servicios profesionales que pretende cobrar $23,000 mensuales”.

Ambas corporaciones se dedicaban a proveer servicios a comunidades vulnerables para promover su desarrollo económico.

Por todos estos hechos que se contaron durante el juicio, Díaz Colón fue acusado por un gran jurado el 26 de enero de 2021.