En menos de una semana, los dos jueces asignados a atender las vistas preliminares en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce se han inhibido de atender el proceso judicial por corrupción pública que se ventila contra el suspendido alcalde de la Ciudad Señorial, Luis M. Irizarry Pabón.

El primer juez que se inhibió fue Rubén Serrano Santiago. Lo hizo a petición de la defensa del alcalde, José Andreu Fuentes, Ricardo Prieto García y Carlos Torres Nolasco.

Los argumentos para solicitar la inhibición fueron dos. El primero fue que el candidato a alcalde de Ponce por el Partido Nuevo Progresista, Pablo Colón, “fue una de las personas que activamente recomendó” a la esposa del juez, Luz D. Fraticelli Alvarado, para recibir un ascenso como jueza del Tribunal de Ponce. La segunda fue que el cuñado del juez fue socio del imputado en la corporación Ponce Advance Medical Group, P.S.C. por más de 10 años.

Andreu Fuentes informó que se aclaró que la relación correcta era que el tío de la esposa de Serrano Santiago era el socio del suspendido alcalde de Ponce.

Ante dichos argumentos, el juez expuso en su opinión que “entendemos que no hay justificación real, ni en Derecho, para la recusación. Nuestro proceder no ha puesto en entredicho la imparcialidad del Tribunal. Ha sido el propio imputado y sus representantes legales quienes han minimizado y devaluado la imagen del Poder Judicial. No obstante, para evitar más dilaciones y complicaciones innecesarias en este caso, preferimos inhibirnos motu proprio”.

De inmediato, la jueza a la que se le asignó el caso, Lizandra Avilés Mendoza, también determinó inhibirse. Lo hizo por ser esposa del exrepresentante y exalcalde popular de Guayanilla, Nelson Torres Yordán, quien trabaja en la actualidad como asesor del municipio de Ponce.

“Siendo el imputado de epígrafe el alcalde del Municipio de Ponce y quien directamente solicitó los servicios de abogado de mi esposo, esta juez se ve en la obligación de inhibirse. La relación abogado cliente entre el imputado y mi esposo puede arrojar dudas sobre la imparcialidad al adjudicar y puede minar la confianza pública en el sistema de justicia”, dijo en su resolución.

El panorama llevó a uno de los abogados del alcalde ponceño a reiterar la necesidad de cambiar el proceso judicial de región.

“Esto lo que demuestra es lo que hemos estado diciendo, que las circunstancias particulares de este caso y los personajes envueltos requiere que, para que no se afecte la imagen del Tribunal de Ponce con la vinculación del caso con Ponce, se transfiera a otra región judicial”, señaló Andreu Fuentes a Primera Hora.

El portavoz de prensa del Poder Judicial, Jean Carlo Pérez, informó a este diario que la determinación sobre a cuál juez le correspondería atender el caso quedó en manos de la jueza administradora, Lissette Toro Vélez.

De hecho, la resolución de la jueza Avilés Mendoza así lo establece.

“Toda vez que ambos jueces que presiden las Salas de Vistas Preliminares se han inhibido, se refiere el caso a la atención de la jueza administradora de la Región Judicial de Ponce, la honorable Lissette Toro Vélez, para que asigne el caso a otra sala. La vista preliminar está señalada para los días 14 y 15 de marzo de 2024 de manera presencial”, dice el documento judicial.

Andreu Fuentes comentó que a la jueza administradora también le correspondería atender la petición de reconsideración que realizaron la semana pasada para que el caso sea atendido en otra jurisdicción.

Irizarry Pabón fue acusado el 31 de octubre de cuatro cargos por violaciones al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental y el Artículo 251 del Código Penal, por presunto enriquecimiento injustificado.

El alegato que se hizo en su contra fue que solicitó dinero a directores y empleados de confianza para pagar un préstamo personal de $50,000 que, tomó con el Banco Popular, destinando $30,000 a su campaña electoral de 2020. Aún no se ha especificado el paradero del restante, o sea $20,000 que, según el testimonio del agente investigador, Miguel Fonseca, pudo haberse consumido en gastos de la oficina médica del imputado.

Este caso criminal lo presentó la Oficina del Panel Especial Independiente. Las fiscales a cargo son Zulma Fúster, Ileana Agudo Calderón y Fabiola Acarón Porrata-Doria.

La portavoz del OPFEI, Eloína Torres Cancel, informó que no reaccionarían a las inhibiciones de los jueces.