Geofley Jomar Pérez tendrá que permanecer en prisión hasta que enfrente el juicio por el secuestro el año pasado de tres personas en el restaurante El Hipopótamo, en Río Piedras, que terminó en el asesinato del adolescente Jesús Francisco Pérez.

Durante una vista hoy en la mañana, el magistrado federal Bruce McGiverin acogió la moción de la fiscalía para que el acusado siga bajo custodia sin fianza. Por su parte, la licenciada Anita Hill, abogada de Pérez, indicó que, al momento, no tenían evidencia para refutar la presunción de posible fuga y de peligro para la comunidad.

En el sistema de justicia federal los arrestados no tienen derecho a fianza, sino que están sujeto a discreción de los magistrados. Por el momento se espera un largo proceso de meses o quizás años en lo que se fija una fecha de juicio en este caso.

“Apruebo la moción de la fiscalía para detención sin fianza por presunción en un caso que involucra armas de fuego”, resolvió McGiverin. “Encuentro que, por evidencia clara y convincente, el acusado es un peligro (para la comunidad) y es un riesgo de fuga”.

“También se enfrenta a un tiempo extenso de prisión si resulta convicto. Tiene historial criminal, historial de sustancias controladas, uso de armas de fuego, revocaciones previas de probatoria y que las alegadas ofensas (en este caso) ocurrieron durante el periodo de libertad condicionada”, agregó.

En la misma sesión, McGiverin atendió la vista de revocación preliminar de la probatoria por un caso previo sobre posesión ilegal de arma de fuego al ser una persona convicta previamente. El caso se remonta a una acusación en el 2015.

Pérez se entregó a las autoridades en diciembre pasado. Posteriormente, se declaró no culpable. Un gran jurado federal emitió un pliego acusatorio en su contra por cargos por carjacking, secuestro y disparar un arma de fuego durante un crimen, todos con el agravante de que una persona resultó muerta.

Relacionado con este caso también fueron acusados por los mismos cargos Luis Cabán Nieves, alias “Casper”, quien se entregó a las autoridades el 2 de noviembre, y Luis Aulet Maldonado, quien lo hizo al día siguiente. El trío cualifica para la pena de muerte por los cargos de carjacking y secuestro.