La misión del Departamento de Justicia de recuperar $30 millones de los políticos y funcionarios corruptos quedarán en ciernes una vez ocurra este cambio de administración gubernamental.

La mayoría de los casos se encuentran en etapa de peticiones de desestimación o, en el peor de los casos, en proceso de notificación de la demanda, como ocurre en el recurso que tiene más implicados, el del exalcalde de Yauco, Abel Nazario Quiñones.

Solo en dos casos ya se decidieron que no prosperaba la desestimación, uno de ellos con determinación del Tribunal de Apelaciones, y otro caso tiene citación para una vista inicial en enero próximo.

Del expediente de las 18 demandas presentadas ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan y de Bayamón el 25 de junio de 2024 contra 32 corruptos también se destaca que todas las esposas han estado implicadas en la reclamación civil por “enriquecimiento injusto”.

De hecho, a Liza Fernández, exjueza, exrepresentante y esposa del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, la han intentado señalar como incursa en rebeldía en varias ocasiones por sus acciones en la demanda contra su marido. Y, aunque legalmente están divorciados, Roxana Sifre también fue incluida en la demanda presentada contra el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo.

En resumen, el gobierno de Puerto Rico todavía no ha logrado obtener compensaciones por los daños causados por los actos deshonestos cometidos por 32 políticos, así como funcionarios estatales y municipales convictos por corrupción.

Lo que dice la ley

La base para llevar este pelito está sustentada en el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, que es la Ley 2 del 2018.

Específicamente, la reclamación se realizó bajo el artículo 5.2 de la mencionada regulación, que establece lo siguiente: “Se dispone que el Gobierno de Puerto Rico, a través del Secretario de Justicia, podrá presentar acciones civiles ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico contra toda persona natural o jurídica que haya incurrido en acciones u omisiones negligentes, culposas o ilícitas en menoscabo del erario, con el fin de reclamar que se le adjudique una indemnización monetaria equivalente al triple del daño económico ocasionado al erario mediante dicha conducta”.

Estas compensaciones que se buscan obtener no están relacionadas a la pena criminal que les fue impuesta a la mayoría de los corruptos. Por ejemplo, a la exrepresentante María Milagros Charbonier Laureano y a su esposo, Orlando Montes Rivera, se les sentenció a pagar la suma que se identificó que hurtaron mediante un esquema de soborno, que fueron $136,500, al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pero, Justicia busca por vía de estas demandas civiles que la pareja y los otros convictos por corrupción tengan que pagar por los daños sufridos por el pueblo por sus comisiones ilegales.

Pese a que se le solicitó a Justicia, no se obtuvo información referente a cuánto dinero se le requiere a cada uno de los demandados. Sólo se proveyó la cifra global de $30 millones como la que se recuperaría si prosperan las demandas.

Según describió el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, en declaraciones remitidas a Primera Hora, estas demandas buscan “recobrar los fondos públicos que le arrebataron al pueblo mediante esquemas ilegales”.

“Cuando tomamos esta iniciativa, acción que ningún secretario de Justicia había ejecutado anteriormente, lo hicimos convencidos de que a través de este mecanismo vamos a recuperar el dinero que le pertenece al pueblo de Puerto Rico. El Código Anticorrupción nos permite reclamar una cuantía que suma tres veces el daño que le causaron quienes se apropiaron ilegalmente. Son demandas separadas que se encuentran en distintas etapas procesales”, explicó.

Añadió que “tan reciente como el pasado mes de noviembre, el Tribunal de Apelaciones emitió una determinación en el caso contra la exrepresentante María Milagros Charbonier Laureano que confirma nuestros planteamientos ante el Tribunal de Primera Instancia de que la demanda que presentamos está madura para su adjudicación, de conformidad con las disposiciones del Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”.

Emanuelli afirmó que estos casos de demanda civiles toman mucho tiempo en litigación en los tribunales. Pero, destacó que “están bien encaminados”, ya que la agencia cuenta con “excelentes abogados” para lograr que el pueblo sea recompensado.

“Esta es una iniciativa que implementamos por primera vez para combatir la corrupción en Puerto Rico y esperamos que se le dé continuidad como un mecanismo efectivo para erradicar ese mal social en todos los niveles del gobierno”, puntualizó el secretario.

Específicamente, los demandados son los exalcaldes Ángel Pérez Otero, Luis Arroyo Chiqués, Félix Delgado Montalvo, José Luis Cruz Cruz, Abel Nazario Quiñones, Javier García Pérez, Eduardo Cintrón Suárez y Reynaldo Vargas Rodríguez.

También se encuentran los exlegisladores María Milagros Charbonier, Nelson Del Valle Colón y Néstor A. Alonso Vega.

La lista de demandados también incluye al empresario Oscar Santamaría, Orlando Montes Rivera, Frances M. Acevedo Ceballos, Javier Benítez Cardona, Edwin Torres Gutiérrez, Claribel Rodríguez Canchani, Humberto Oscar Pagán Sánchez, Kelvin Ortiz Vergara, Ramón Enrique Martes Negrón, Juan Rosario Núñez, Erick Rondón Rodríguez, Eugenio García Jiménez, Stephen Kirkland, Alejandro José Riera Fernández, Joseph Kirkland, Arnaldo Jerónimo Irizarry Irizarry, Roberto Mejil Tellado, Raymond Rodríguez Santos y Mario Villegas Vargas. Además, se incluyeron las corporaciones J. R. Asphalt, Inc. y Waste Collection Corp.

Según la revisión que hizo Primera Hora de los expedientes, casi todos los casos tienen movimientos en términos de radicación de mociones o algún señalamiento de este mes de diciembre. De hecho, el último día en que se registraron la mayoría de las transacciones fue el pasado martes, 17 de diciembre.

¿En qué etapas se encuentran?

En detalles, la primera demanda es contra el exrepresentante Néstor Alonso Vega. En esta, la última gestión que aparece es una moción del legislador para impugnar la jurisdicción del tribunal, a lo que Justicia se opuso el pasado lunes, 16.

Alonso Vega fue juzgado por las autoridades federales y cumple una pena de cinco años de prisión por aumentar el salario de uno de sus empleados para recibir devuelta la mitad del dinero incrementado.

El otro recurso es contra el grupo conformado por Charbonier Laureano y su esposo, Montes Rivera, quienes cumplen su sentencia en cárceles de Texas. Este caso tuvo una determinación del Tribunal de Apelaciones el pasado 21 de noviembre y desde, entonces, no ha ocurrido ningún otro movimiento en el expediente.

En la decisión del Apelativo, no se le dio paso a la petición de desestimación.

La otra demanda es contra Frances Acevedo Ceballos, la exempleada a la que Charbonier Laureano le aumentó el salario hasta llevarlo a $8,000 mensuales, para que esta devolviera entre $1,000 a $1,500 bisemanales.

En esta acción, Acevedo Ceballos fue tipificada en “rebeldía” por no haber respondido a la demanda. Sin embargo, la madre, Regina Ceballos, compareció y solicitó prórroga para responder a la demanda. El pasado 10 de diciembre se registró un proceso en el tribunal, en torno al pago de honorarios de abogados.

Del recurso legal contra el exrepresentante Nelson Del Valle, quien le aumentó el salario a tres de sus empleados para que le devolvieran dinero, se destaca que solicitó desestimación y Justicia se opuso. Se espera por una determinación judicial.

En cuanto a la demanda encabezada por el exalcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, trasciende que los trámites han estado concentrados en la incomparecencia de uno de los demandados y exempleado municipal, Radamés Benítez Cardona.

Del expediente, sale a la luz que la sociedad de bienes gananciales de Benítez Cardona, en este caso Sheila Pastrana Walker, deberá pagar una sanción de $75 y se le dio hasta enero para que contrate una representación legal.

En cuanto a la demanda contra el exalcalde de Cataño, Delgado Montalvo, se resalta que los movimientos han estado concentrados en el empresario Oscar Santamaría.

Se indica que el pasado 5 de diciembre el tribunal le dio 30 días a Justicia para responder a la petición de desestimación que radicó la esposa del empresario, la codemadada Noelia Santos Rodríguez.

En esta demanda fue que se incluyó a Waste Collection. Según la acusación federal, Santamaría le pagaba $2,000 semanales al exalcalde para mantener el contrato de recogido de basura.

Otra de las 18 demandas es contra el exalcalde de Aguas Buenas, Javier García Pérez. El proceso de este caso, que también surge por sobornos pagados por Santamaría, están en trámites informativos, como quienes son los abogados.

El otro exalcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués, también implicado de recibir sobornos de Santamaría, está en proceso de desestimación de la demanda. Justicia tiene hasta finales de mes para responder a la moción.

Mientras, el exalcalde de Humacao, Reinaldo Vargas Rodríguez, pidió a finales de noviembre la desestimación y Justicia se opuso. Faltaría la decisión de un juez.

Vargas Rodríguez también recibió sobornos por mantener contratos en su municipio.

Mientras, la demanda del exalcalde de Yauco, Nazario Quiñones, incluye a 15 personas. Trasciende del expediente que no todos han sido localizados para recibir los detalles de la demanda.

Nazario Quiñones resultó convicto por robo o soborno relacionado a programas con fondos federales.

Mientras, contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, se le dio hasta el 18 de febrero de 2025 para responder a la demanda, en este caso a su esposa, “so pena de anotación de rebeldía”.

Pérez Otero también recibía sobornos de Santamaría.

Mientras, el exalcalde de Guayama y quien también recibió sobornos a cambio de contratos, Eduardo Cintrón Suárez, espera desde el 13 de diciembre una decisión del juez sobre la desestimación de la demanda.

Asimismo, de los expedientes trasciende que una acción contra un empleado de Cataño, Pedro Marrero Miranda, está en proceso de mociones. Mientras, el caso contra un exempleado de Justicia, Armando Agrón Valentín, se pautó conferencia inicial para el 30 de enero ante el juez Raúl Candelario. Este fue acusado de cobrar de forma ilícita una doble compensación salarial que excedió los $100,000.

Otra de las demandas es contra Eugenio García Jiménez y Arnaldo Irizarry, del caso de corrupción que implicó la corporación Mayagüez Economic Development (MEDI). Está pendiente de la decisión de la moción de desestimación.

También está la demanda contra Kelvin Yohan Pagán de la Luz, un exfuncionario del Departamento de Educación se declaró culpable por un desfalco de $213,201 contra la agencia. Esta está en proceso de desestimación.

La demanda contra JR Asphalt, Inc y los empresarios Mario Villegas y Raymond Rodríguez Santos, quienes pagaban sobornos para mantener contratos con los municipios, está en proceso de mociones. Se destaca del expediente que el 13 de noviembre se declaró no ha lugar la moción de desestimación.

Finalmente, el caso contra el empresario José L. Bou Santiago, quien también pagó sobornos para mantener contratos en Cataño, está en proceso de determinarse si será o no desestimado.