A más de dos años de haber aceptado actos de corrupción pública, el empresario colombiano Oscar Santamaría Torres todavía tiene vínculos contractuales con varios municipios.

Estos contratos activos a favor de empresas que en un inicio incorporó están relacionados a desperdicios sólidos. Sobrevivieron, pese a que la mayoría de las agencias gubernamentales y municipios decidieron cancelar los acuerdos contractuales una vez el empresario llegó a un acuerdo de culpabilidad el 30 de noviembre de 2021 por pagar sobornos a cambios de contratos municipales.

Según el registro de contratos de la Oficina del Contralor, de las empresas utilizadas bajo el esquema de soborno, que fueron Island Builders, Waste Collection y VIP Solution Healthcare, sólo le quedó activo un contrato de recogido de basura con el municipio de San Germán. El mismo está bajo la empresa Waste Collection desde julio de 2021. Estará vigente hasta el 30 de junio de 2028 y es por un monto de $1,059,907.68.

El contrato se mantuvo activo, pese a que otros pueblos, como Cabo Rojo y Vega Alta, decidieron cancelar sus pactos con Waste Collection. Estos pueblos mencionados hubiesen tenido el servicio de la empresa hasta mediados de este año.

La empresa Waste Collection todavía está activa como una corporación ante el Departamento de Estado, pero no bajo el nombre de Santamaría Torres.

Las otras dos empresas implicadas, Island Builders y VIP Healthcare Solutions, no registran contratos activos.

El registro del Departamento Estado expone que Island Builders está bajo el control de De Jesús Pagán, mientras VIP Healthcare Solutions quedó sus agentes incorporadoras, Ivelisse Rivera Padilla y Carla Carrillo.

El 18 de octubre de 2023 la Fiscalía federal emitió un comunicado en el que se expuso que VIP Healthcare Solutions y sus mencionadas líderes resultaron convictas por brindar testimonio falso durante la solicitud de un préstamo por $249,755.35.

Mientras, su bufete de abogados, Law Max PSC, incorporado en febrero de 2017, perdió los contratos en diciembre de 2021, fecha para la cual ya se había revelado este esquema.

Algunos de los contratos que tenía en ese entonces y que quedaron cancelados fueron con la Autoridad de Carreteras y Transportación, así como la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles.

Santamaría Torres, que fue suspendido en diciembre de 2021 de la profesión de la abogacía por el Tribunal Supremo a causa de este caso criminal, también incorporó otro bufete, Law Affairs PSC. Pero, esta entidad no registra más contratos públicos desde el 2020.

Otras compañías bajo el poder de Santamaría Torres eran Waste Fleet Rental LLC, Waste Enterprises Corp., Saint Mary Hotel Corp., VIP Auto Corp., Waste Land Management Corp., Blue Point Corp., Fresh Cookies PR Corp., Waste Services Corp. y Santamaría Corp.

De esta, sólo Waste Enterprises figura como activa con varios contratos en municipios. El registro del Contralor indica que está vigente un contrato con Maricao hasta el 30 de junio de 2024 por $240,000 y otro hasta el 30 de junio de 2026 con Sabana Grande por $900,000. Ambos contratos están relacionados a desperdicios sólidos.

También se registra un acuerdo con el municipio de Yauco hasta el 3 de septiembre de 2047 que está relacionado a la operación y extensión de la vida útil de unos terrenos utilizados como Sistema de Relleno Sanitario. No se fija una suma por este servicio. Pero, el contrato, que menciona la existencia de Waste Collection, establece que la empresa debe depositar mensualmente un 5% de sus ganancias al municipio.

Los datos de esta empresa ante el Departamento de Estado indican que De Jesús Pagán quedó como presidente de la misma. Este también es presidente de Waste Collection.

Otras de las empresas que aparecía registrada a nombre de Santamaría Torres los es Saint Mary Investment. Esta se creó para entrar al negocio del cannabis medicinal.

De un expediente judicial surge que el empresario dejó en agosto de 2022 a su hija, Lindamari Santamaría, así como a Noelia Santos Rodríguez a cargo de la empresa. La información fue incluida en la sentencia del Tribunal de Apelaciones ante una demanda que incoaron contra el Departamento de Salud, ya que le revocaron la preautorización para operar como un dispensario de cannabis. Dicha sentencia confirmó la revocación.

Se desconoce los contratos privados que todas las mencionadas corporaciones han logrado obtener tras la convicción de Santamaría Torres.

Fe de errata: En nuestra edición del martes, se identificó a Lolimar Sánchez como esposa del convicto Oscar Santamaría, lo que no es correcto. Lamentamos los inconvenientes que esta información equivocada pudo causar.