Ante una posible acusación en contra de Luis Gustavo Rivera Seijo por la muerte del niño Lorenzo González Cacho, dos abogados de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) de Bayamón acudieron la mañana del viernes a su vista de seguimiento por otro caso en el Tribunal de San Juan.

El hombre conocido como el Manco se encuentra bajo la supervisión médica del Estado desde el 1 de noviembre de 2010 cuando el juez Enrique Arias Maldonado lo declaró no culpable "por razón de insanidad mental" por la muerte del deambulante Oscar Pacheco García.

Desde ese momento, el hombre de 37 años ha estado recluido entre los hospitales de Psiquiatría Forense de Ponce y Río Piedras, y ha sido sometido a evaluaciones periódicas, que se discuten en las vistas de seguimiento celebradas en centro judicial sanjuanero.

Hoy, durante la audiencia celebrada ante la jueza Eloína Torres Cancel, estuvieron presentes el licenciado Jesús Hernández Rivera y otro abogado de la SAL de Bayamón, jurisdicción donde se podrían presentar los cargos criminales por el asesinato del niño ocurrido el 9 de marzo de 2010.

Ambos letrados estuvieron atentos al proceso y luego de atendido el caso de Rivera Seijo abandonaron la sala 1105 negando que tuvieran vínculos con dicho asunto.

Pero la licenciada María Soledad Sáez Matos, de SAL de San Juan, quien representa a Rivera Seijo en el proceso relacionado a la muerte de la persona sin hogar, reconoció que la presencia de los abogados estaba ligada a el Manco.

"El señor Luis Gustavo Rivera Seijo tiene abogado. Él está representado por la Sociedad para la Asistencia Legal, que es un bufete de 100 abogados, donde sea, donde quiera que se pretenda acusar a cualquier cliente nuestro va a estar representado por abogados de la Sociedad", apuntó.

"A nosotros no nos habían dado ninguna información en concreto (sobre una posible acusación), pero sí, (ante) la especulación cada vez más reiterada y repetida y la expresión en la prensa (de que será acusado), nosotros obviamente cumpliendo con todos los cánones de ética y en defensa de nuestro cliente nos vamos a preparar por supuesto", agregó Sáez Matos sobre la presencia de los dos abogados de la jurisdicción hermana.

Se deteriora "el Manco"

En la vista de esta mañana, el psiquiatra William Lugo Sánchez explicó que la condición de Rivera Seijo se había deteriorado desde la última evaluación de noviembre.

Lugo Sánchez evaluó al hombre el pasado 27 enero y encontró que había ganado "peso significativo".

Como parte de la evaluación, consignó que Rivera Seijo no salió de su cuarto en el Hospital de Psiquiatría Forense de Río Piedras y que no mostraba apego a su tratamiento médico.

"Solo come y no va a las actividades (terapéuticas)", apuntó Lugo Sánchez.

Dijo también que el hombre mostraba poco aseo y el pelo largo.

Por estas razones, recomendó que permanezca en la institución, una recomendación contraria a la ofrecida el pasado 6 de noviembre cuando recomendó que el hombre fuera evaluado por el Comité de Hogares para estar bajo medidas de cuido menos restrictivas.

En aquella ocasión, Lugo Sánchez declaró que Rivera Seijo, quien padece de un trastorno esquizoafectivo y de uso de sustancias controladas, se encontraba "estable" mientras recibiera sus medicamentos y que no había mostrado sintomatología psiquiátrica durante la evaluación.

Ese cambio en la condición de Rivera Seijo preocupó a su abogada.

"Nunca había escuchado una evaluación donde estuviera en un estado tan deteriorado, de todas las evaluaciones que han sido varias porque lleva seis años en medidas de seguridad, esta ha sido la más impactante por lo que dijo el doctor en sala", precisó la licenciada.

 Abogada espera que acaben especulaciones

La madre de Lorenzo, Ana Cacho González, y sus abogadas Sharon González Maldonado y Carmen Vargas Medina también estuvieron en la vista.

Fuera de sala, Cacho González reclamó justicia para su hijo muerto, mientras que González Maldonado recordó que desde el 2010 existe información que vincula a el Manco a la muerte del niño.

"Esa información la tiene el Departamento de Justicia", aseguró la licenciada.

"Esperemos que no llegue un sexto aniversario de la muerte sin que se comience el procedimiento en este caso. Tenemos la esperanza de que este secretario (César Miranda) dará por terminada todas las especulaciones sobre este caso", agregó.

Desde que comenzaron a circular informes de prensa señalando que el Manco sería acusado por la muerte de Lorenzo, sus vistas de seguimiento han despertado el interés de abogados y fiscales, que han mantenido o mantienen un interés particular en el caso.

La fiscal de Distrito de San Juan, Carmen Iris Ortiz Rodríguez, estuvo presente en las pasadas dos vistas y solicitó un informe sobre la condición mental del hombre. Hoy no acudió al salón de sesiones.

La fiscal Lisette Sánchez Vázquez representó al Ministerio Público durante todas las vistas de seguimiento de hoy.

Ortiz Rodríguez fue la fiscal del caso de Pacheco García, quien falleció el 1 de marzo de 2010 luego de que Rivera Seijo lo agrediera con una botella causándole heridas mutilantes en el rostro y el cuello el 6 de febrero de 2010, según la acusación presentada en ese caso. 

Rivera Seijo supuestamente confesó el asesinato de Lorenzo, pero luego se retractó de dicha admisión. Documentos sobre su excarcelación aparecieron en el patio de la residencia en la urbanización Dorado del Mar donde residía Cacho González con sus tres hijos, días después de la muerte del niño, de 8 años.

Las autoridades federales habían investigado el posible vínculo de Rivera Seijo con el asesinato del niño, pero las autoridades estatales habían descartado dicho escenario hasta ahora.

En enero de 2015, Rivera Seijo participó en una recreación de la escena en la casa en la urbanización Dorado del Mar, donde Lorenzo recibió los golpes que supuestamente le causaron la muerte.

Cinco años después de la muerte del niño, las autoridades no han esclarecido el asesinato, ni han presentado cargos por el crimen.

El Departamento de Justicia inicialmente identificó a Cacho González, a Jesús Genaro Camacho, al agente federal William Marrero y a Arnaldo Colón como sospechosos del crimen, pero el año pasado dejó de identificarlos así para llamarlos personas relevantes en la investigación.