El exdirector del Directorado de Planificación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Justo González, declaró la tarde del lunes que los contratos para la compra de energía renovable que la corporación pública firmó con decenas de contratistas contenían cláusulas que permitían su cesión a otros contratistas y el cambio de nombre del proyecto.

Ante la jueza Gisela Alfonso Fernández del Tribunal de San Juan, el ingeniero mecánico indicó que la AEE no desembolsó dinero por la firma de los contratos conocidos como PPOA's (Power Purchase & Operating Agreements) y que los Master PPOA's constituían una especie de memorando de entendimiento que no obligaban a la corporación pública a evaluar los proyectos de energía renovable propuestos para su conexión al sistema eléctrico si finalmente éstos se construían.

En la continuación de la vista para determinar causa para arresto en alzada que se sigue contra el vicepresidente de la Junta de Gobierno de la AEE, José Pérez Canabal, su contable Roberto Torres Torres y el licenciado Francisco Santos Rivera, del Directorado de Asuntos Jurídicos de la AEE, González Torres explicó la importancia de los PPOA's.

"El atractivo era que era un contrato que se tenía con la AEE y la AEE era el cliente", apuntó.

A preguntas de la fiscal Vilmary Rodríguez Pardo, apuntó que una vez obtenidos estos contratos los proponentes procedían a buscar los permisos y el financiamiento de sus proyectos.

Dijo que durante su breve gestión como director del Directorado de Planificación, que se extendió de enero a abril del 2012, recibió instrucciones de Pérez Canabal para el manejo de los proyectos de energía renovable.

Pérez Canabal presidía el Comité de Planificación, Estrategia y Energía Renovable de la Junta de Gobierno de la AEE.

El Ministerio Público imputa a Pérez Canabal, Santos Rivera y a Torres Torres intervenir de forma indebida en operaciones gubernamentales al participar en un alegado esquema de fraude para otorgar contratos de energía renovable ente junio del 2011 a mayo del 2012 a la empresa Tropical Solar Farm, que posteriormente cambió su nombre a Jonas Solar Energy.

"Cuando (Pérez Canabal) me daba instrucciones yo continuaba con nuestro plan de evaluación. Seguía las instrucciones del director ejecutivo Otoniero Cruz Carrillo. Alguna recomendación sí podía aceptarla porque era miembro de la Junta y había cierta deferencia", sostuvo.

Apuntó que los contratos con la empresa Tropical Solar Farm habían sido firmados previo a su llegada al cargo, pero que participó en una reunión convocada por Pérez Canabal para discutir el cambio de nombre del proyecto.

"Me sorprendió ver al CPA Roberto Torres Torres en la reunión y más cuando allí se habló de que tenía un proyecto de energía renovable", indicó.

La sorpresa, según el testigo, se debió a que Torres Torres era el contable de una empresa de cartuchos de tinta que había empezado junto a su esposa.

Contó que luego de la reunión informó a Cruz Carrillo de la situación, quien le recomendó que rescindiera de sus servicios.

González también indicó que como un año antes de su nombramiento a la Junta de Gobierno se topó con Pérez Canabal en la oficina de Torres Torres en Yauco.

Subrayó que mientras ocupó el puesto de director asociado, Cruz Carrillo le pidió que evaluara el expediente del proyecto de Tropical Solar cuando surgió la petición para cambiar su nombre. 

"Había una suspicacia relacionada al proyecto", indicó.

Esa "suspicacia" abundó que se debía a unos cambios en las cláusulas de interrupción del servicio de la energía solar en casos de emergencia y por el costo de dicha energía.

Dijo, además, que recomendó a Cruz Carrillo esperar por una resolución de la Junta de Gobierno antes de aprobar el cambio de nombre de Tropical Solar Farm a Jonas Solar Energy.

Pero en el contrainterrogatorio del licenciado José Andreu Fuente, quien representa a Pérez Canabal, el testigo reconoció que la Junta de Gobierno aprobó una resolución para ajustar las cláusulas de interrupción del servicio de los contratos de energía renovable porque estaban afectando la capacidad de los contratistas para conseguir financiamiento.

Esa misma resolución ajustó el costo de la compra de energía renovable para uniformar el precio de la compra.

Andreu Fuentes también siguió una línea de preguntas para establecer que González Torres discrepaba de la visión del cuerpo rector de la AEE.

"No como yo quería", apuntó el testigo sobre esa visión.

"¿Si la persona no construye la planta no entra en vigor el contrato?", preguntó el abogado.

"No", respondió el ingeniero mecánico sobre los PPOA's.

También indicó que al momento de firmar dicho contrato había que desembolsar una fianza no reembolsable. En el caso de Tropical Solar Farm ascendió a $200,000.

Además, indicó que durante su incumbencia "era probable" que otros contratistas hubieran cambiando el nombre de sus proyectos.

La vista continúa mañana