La sicóloga Jovette Sánchez Cestero, quien atiende a una menor de 13 años cuyo padrastro y otros siete hombres han sido acusados de atacarla sexualmente, declaró hoy, lunes, que la niña sufre trastorno de estrés postraumático y no recomendó que testifique en corte abierta.

De sentarse a declarar frente a sus presuntos agresores, podrían aflorar los síntomas de ansiedad, miedo, coraje y culpabilidad que presentaba al inicio de su tratamiento, afirmó Sánchez Cestero en una audiencia encabezada por el juez César Almodóvar Marchany, del Tribunal de Carolina.

Sánchez Cestero declaró que ese proceso de regresión podría limitar el testimonio de la adolescente, que actualmente se encuentra bajo la tutela del Departamento de la Familia.

Más sobre este caso: Embarazada niña de 12 años removida por patrón de abuso sexual 

"Entiendo que la probabilidad es de un 75% de que se le dificulte dar su testimonio de forma clara y en detalle", apuntó la sicóloga al responder a una pregunta de Almodóvar Marchany para que precisara el posible daño que sufriría la menor.

"La ansiedad provoca que ella se congele. Se paraliza y se le dificulta hablar", agregó.

Durante una vista de necesidad para determinar si la menor debe declarar bajo el método de cámaras de circuito cerrado, la sicóloga apuntó que de declarar frente a los imputados podrían reactivarse las memorias de los hechos que vivió la menor y hasta "disasociarce", que significa que se desvincula de la realidad. 

"Ella pudiera no testificar", respondió Sánchez Cestero a preguntas de la fiscal Maritza Valero Ramírez como parte del proceso en el que las autoridades señalan que la menor fue violada y prostituida por su padrastro y que desde los 12 años otros hombres la atacaron sexualmente en distintos momentos.

Más sobre este caso: Asoman conflictos de interés en caso de múltiple abuso sexual

Como parte de su testimonio ante el juez Almodóvar Marchany, la sicóloga explicó el proceso que siguió para establecer un vínculo de confianza con la menor y las pruebas que le realizó para llegar a su diagnóstico.

"En el caso de la menor, sacó puntuaciones por encima de los normal en ansiedad y estrés postraumático", señaló.

Indicó que para establecer el plan de seguridad emocional y de tratamiento de la menor, indagó de forma general en las alegaciones de abuso sexual.

Detalló que la menor expresó sentimientos de miedo y terror con relación a su padrastro, César Correa Suárez.

"Manifestó que su padrastro, desde que tenía nueve años, empezó a hacerle acercamientos sexuales culminando en la violación. Que le tenía mucho miedo al padrastro porque la amenazaba con hacerle daño a la familia, si verbalizaba lo que estaba pasando", señaló.

Indicó que la menor, separada de su familia desde que se descubrió su embarazo, le contó que el padrastro la había agredido físicamente y que llegó a confrontarlo sobre la razón para tener contacto sexual con ella y no con sus hijas biológicas.

"Él le dijo que las otras eran sus hijas y ella no", apuntó Sánchez Cestero.

Además, dijo que la menor tenía miedo de que su mamá, Yomaris Ruiz Díaz, se enterara de la situación con el padrastro y por las consecuencias que esa revelación tendría sobre su familia.

En las sesiones de terapia, la adolescente contó a la sicóloga que las agresiones sexuales de su padrastro ocurrieron hasta que tenía los 11 años y que a los 12 años fue agredida sexualmente por otros hombres que identificó por nombre o apodo.

"Contó que se mudaron a un hogar nuevo y que el padrastro le decía: tú le gustaste a esa persona y que ella iba a ese otro cuarto o lugar y se encontraba con él. Que se viraba de espalda mientras se consumaba el acto sexual", precisó la terapeuta.

También declaró "que en ocasiones (la menor) utilizaba alcohol para no estar consciente o no sentir lo que estaba pasando".

Durante la jornada de este lunes, la doctora Sánchez Cestero completó el testimonio directo del Ministerio Público, compuesto por Valero Ramírez y el fiscal José Marrero Pérez.

El contrainterrogatorio a la perito se llevará a cabo este miércoles. 

El licenciado Manuel Parrilla Márquez representa por designación de oficio a Correa Suárez, quien se encuentra sumariado en la cárcel de Bayamón. El hombre, de 37 años, enfrenta 10 cargos graves, que incluyen proxenetismo, agresión sexual contra una menor, maltrato de menores y actos lascivos.

Los abogados Aracelia Acevedo Cruz y Orlando Ortiz López, de la Sociedad para la Asistencia Legal, representan a Ruiz Díaz.

La mujer, de 41 años, encara dos cargos graves por maltrato de menores y agresión sexual. Actualmente está sumariada en la cárcel para mujeres en Vega Alta.

El licenciado Erick Kolthoff representa a Ramón Correa Suárez, hermano del padrastro,de 40 años.

Ramón Correa Suárez, quien se encuentra sumariado, enfrenta cargos de agresión sexual y proxenetismo.

Los otros seis imputados, que se encuentran libres bajo fianza, enfrentan cargos de agresión sexual. Estos son: Noel Rodríguez Correa, de 20 años, sobrino de Correa Suárez; Javier Omar Ruiz Ramírez, de 37, amigo del padrastro; Janny R. Viera Pla, de 28; Edwin M. Boria Ramos, de 32 años, vecino de la familia; Agner M. Ruiz Martínez, de 23 años, exnovio de la tía de la niña y Erick Joel Rodríguez Morales, de 22.

El licenciado Kolthoff también representa a Ruiz Ramírez y Rodríguez Correa.

La licenciada Jane Hoffman, junto al licenciado Alexis Álvarez, representa a Rodríguez Morales y Boria Ramos.

La licenciada Silvia Juarbe, por su parte, representa a Viera Plá, mientras que el licenciado Raúl Colón Bermúdez representa a Ruiz Martínez.

Durante la audiencia, el juez Almodóvar Marchany también declaró no ha lugar una moción de la licenciada Juarbe, quien argumentó que la Regla 131.1 de Procedimiento Criminal, que permite el uso de circuito cerrado en los tribunales del País, viola jurisprudencia federal.