Lo dejan en probatoria en la Corte Federal para que pague la manutención de dos menores, pero lo meten preso en la estatal, impidiendo que cumpla con la pensión alimentaria.

Esa es la historia del famoso jockey boricua Julio A. García Encarnación, conocido como J.A. García, a quien el juez federal Francisco Besosa le impuso una condena el pasado 20 de marzo de cinco años en probatoria y restricción domiciliaria por una deuda acumulada de pensión alimentaria a dos de sus hijos de $180,150.

A petición de las madres de los dos menores, el juez no lo sentenció a prisión porque, de hacerlo, García no podría trabajar y cumplir con el pago mensual de manutención y abonar a la deuda acumulada de 17 años.

“Si no cumple con los pagos regulares de su pensión, la sentencia le será revocada y será ingresado a prisión”, le advirtió el juez Besosa.

No bien el jinete salió de su vista de sentencia, al día siguiente, el 21 de marzo, alguaciles estatales lo arrestaron por orden de la jueza Myrta Irizarry Ríos, quien decretó su ingreso en la cárcel de Bayamón hasta el 17 de abril. Esta le ordena, además, el pago de pensión de $109,648.22 a la Administración para el Sustento de Menores (Asume), la que le adeuda a uno de los menores y para lo que el juez Besosa estructuró un plan de pago.

La jueza Irizarry ordena además pagarle a la abogada Marisel Báez Santiago $26,595.46 por concepto de honorarios. Esta abogada representó a la madre del otro menor durante todo el proceso.

El abogado de J.A. García, Peter Díaz Santiago, le informó al juez federal lo acontecido a su cliente.

“Debido a este arresto, el acusado no podrá regresar a su lugar de residencia y no podrá trabajar con su equipo de caballos de carrera, que estarán activos en Kentucky durante esta temporada de campeonato. Por lo tanto, no podrá cumplir con las condiciones de sentencia impuestas por usted”, le expuso a Besosa.

La orden de arresto estatal instruye al acusado, agregó, a pagar la deuda con Asume de $109,648.22 y los honorarios de la abogada.

“Estas deudas son las mismas contenidas en el plan de pago que ordenó esta corte mediante restitución. Debido a que el acusado no podrá pagar estas cantidades, es muy probable que permanezca encarcelado, aun después de la vista del 17 de abril”, señaló Díaz.

Besosa tomó nota de la moción radicada, ya que emitió una orden sellada, de la que se desconoce su contenido.

Entretanto, Brenda Liz Torres, madre del menor Julio García Torres, de 17 años, expresó su consternación por la acción del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que impedirá al acusado hacerle los pagos mensuales de $650 por manutención y abonar a la deuda. Sobre todo, en este momento en que hay que incurrir en gastos de graduación.

Expresó su preocupación de que Besosa le revoque la probatoria.

“Déjalo que trabaje. Esa jueza por mantenerlo preso puede echar todo al piso. Este caso requirió mucho esfuerzo. Logré que Asume llevara el caso a la Fiscalía Federal. He trabajado muy duro para que pague la pensión, para que todo ese esfuerzo que hemos hecho por tantos años se eche a pique, por unos honorarios de abogado”, dijo contrariada.

“Yo lo único que sé es que está preso y no voy a recibir pago de pensión. No van a hacer nada con tenerlo preso. Nosotros mismos nos opusimos porque preso no produce, no paga”, reiteró.