En momentos en que se debate un Impuesto al Valor Añadido y mientras la economía se mantiene en recesión, los puertorriqueños tendrán que pagar más para poder entablar reclamaciones civiles en los tribunales, incluyendo divorcios por consentimiento mutuo, declaratorias de herederos y hasta revisiones de multas administrativas.

Más aún, ahora las parejas que quieran contraer matrimonio ante un juez tendrán que pagar un arancel de $20 cuando se complete el trámite para ajustar esas tarifas. Al presente las bodas en los tribunales son libre de costo.

En una votación dividida, el Tribunal Supremo aprobó ayer, lunes, una resolución que aumenta los aranceles judiciales y los costos de litigación civil en todos los tribunales de la rama judicial. La resolución fue enviada al Senado y la Cámara de Representantes ya que los organismos legislativos deberán enmendar la legislación vigente para que los cambios entren en vigor.

De ser ratificada la propuesta, cada escrito de apelación o certiorari en el trámite de recursos extraordinarios ante el Tribunal Supremo aumenta de $100 a $120. Sólo siguen exentos los recursos de hábeas corpus (excarcelación). También aumentan, de $85 a $102, las apelaciones o cualquier otro recurso en casos civiles en el alto foro, incluyendo la certificación de pleitos, así como los recursos de apelación ante el Tribunal de Apelaciones.

El arancel para una petición de divorcio por consentimiento mutuo actualmente cuesta $65 y se propone aumentar a $78. También aumentan de $75 a $90 los aranceles para entablar cualquier recurso extraordinario en los tribunales de primera instancia. Sólo están exentos, los recursos de petición de alimentos, hábeas corpus y expropiación forzosa.

También incrementan, de $65 a $78, la solicitud de intervención u oposición en un procedimiento de jurisdicción voluntaria y de $50 a $60, las demandas de desahucio.

Se propone además cobrar $20 por la celebración de bodas; $6 por transcripciones y la revisión de boletos administrativos, que actualmente tiene un costo de $5, aumentará a $6.

Igualmente, aumentan las gestiones que hacen alguaciles como emplazamientos (de $25 a $30) y las ejecuciones de órdenes de desahucio (de $20 a $24).

La propuesta impulsada por la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta, también contó con los votos de los jueces asociados, Anabelle Rodríguez Rodríguez, Maite Oronoz Rodríguez, Roberto Feliberti Cintrón y Rafael Martínez Torres. Se opusieron los jueces asociados Eric Kolthoff Caraballo, Luis Estrella Martínez, Mildred Pabón Charneco y Edgardo Rivera García.

Dolorosa pero necesaria

Fiol Matta indicó en un voto particular de conformidad que la medida es “dolorosa”, pero necesaria. “La situación en la que se encuentra la Rama Judicial por motivo de los recortes prespuestarios nos obliga a tomar medidas como esta para estar en condición de poder continuar prestando servicios… La decisión que tomamos va dirigida a mantener abiertos nuestros tribunales”, sostuvo.

Las expresiones surgieron días después que cursó a los empleados de la rama judicial una carta en la que lamentó el recorte de $53.9 millones en el presupuesto vigente y enumeró múltiples medidas de austeridad encaminadas ante la limitación de fondos.

En su voto sobre los cambios en los aranceles judiciales Fiol Matta hizo alusión al citado recorte millonario.

Los jueces disidentes, por su parte, indicaron en escritos diferentes que la medida va en detrimento del acceso de los ciudadanos a la justicia. Reclamaron también que la rama judicial debió impugnar los recortes presupuestarios “impuestos por la Asamblea Legislativa”.

“En este plan la soga va a estrangular nuevamente a los más débiles, a los ciudadanos y a los empleados de la Rama Judicial”, sostuvo el juez asociado del Tribunal Supremo, Luis F. Estrella Martínez, quien subrayó que además de aumentar “sustancialmente los aranceles judiciales y los costos de litigación”, la medida “trastoca los beneficios de los empleados de la Rama Judicial”.

Por su parte, la directora administrativa de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Isabel Llompart Zeno, observó que la nueva estructura arancelaria no entra en vigor hasta tanto no sea aprobada por la Legislatura.

Llompart Zeno explicó que el Tribunal Supremo también aprobó una resolución con enmiendas al Reglamento de Personal de la Rama Judicial.  “Sobre este particular, la OAT cumplirá con su responsabilidad de poner en vigor de manera inmediata lo dispuesto por el Tribunal Supremo”, indicó para agregar que ambas medidas se suman a las acciones administrativas ya tomadas por la Jueza Presidenta para encarar los recortes presupuestarios.

Entre éstas mencionó el traslado de operaciones de once salas del Tribunal de Primera Instancia, el cierre parcial de operaciones en determinadas fechas, la reducción de la contratación de servicios profesionales, la reubicación de la Oficina de Administración de los Tribunales y del Tribunal de Apelaciones, la reducción en 11% del personal mediante la congelación de plazas que se desocupan por jubilación o renuncia y la suspensión del desarrollo de proyectos como el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos.

Lo expresado por Llompart Zeno es un resumen de la detallada enumeración de medidas de austeridad ya implantadas, expuesta por Fiol Matta en la carta dirigida a los empleados de la rama judicial el pasado viernes. En esa misiva, además, no descartó nuevos recortes presupuestarios en el presupuesto del próximo año fiscal.