Las autoridades federales sentenciaron a seis acusados de dirigir un esquema de extorsión en el Puerto de San Juan, entre ellos exempleados del muelle, informó la Fiscalía federal este viernes.

Cuatro de los acusados fueron imputados en agosto del 2022 de dirigir una empresa criminal dedicada a extorsionar y engañar a las compañías navieras para que pagaran tarifas por la carga y descarga en los muelles 9, 10 y 11, bajo amenaza de huelgas y bloqueos por parte de miembros de la unión ILA-1740 (International Longshoremen’s Association), además de falsas representaciones de que las compañías debían pagar una tarifa para realizar “trabajo libre de sindicatos”.

Los otros dos acusados se alegó que hacían “chimbos”, que es un esquema en el que usaban la tarjeta sindical de otra persona para dar la impresión que el miembro sindical estaba trabajando.

Debido a que parecía que la persona en la tarjeta sindical estaba trabajando, las horas trabajadas fueron contadas fraudulentamente para los beneficios del plan de salud de los empleados, llamado Plan de Bienestar UTM-PRSSA.

Estas fueron las sentencias impuestas por el Tribunal Federal:

• Carlos C. Sánchez Ortiz, presidente de ILA Local 1740: tres años de probatoria y restitución de $10,000.
• Pedro Pastrana González, dueño y gerente de la compañía JCPY Inc.: 21 meses de cárcel, un año de libertad supervisada y restitución de $242,042.69.
• Iara Clemente Rivera, exesposa de Pastrana: tres años de probatoria y restitución de $150,000.
• Jorge I. Batista Maldonado, empleado de la Autoridad de Puertos: dos años de probatoria y restitución de $50,000.
• José A. Fernández Cruz, empleados de JCPY: un año de probatoria y restitución de $3,567.17.
• Carlos A. Hernández Laguer, empleados de JCPY: un año de probatoria y restitución de $3,567.17.

Además, a todos se les prohibió ocupar puestos con autoridad para tomar decisiones y otras capacidades en un plan de beneficios para empleados durante 13 años.

Sánchez Ortiz también aceptó la prohibición ocupar cargos sindicales durante 13 años. Este deberá renunciar inmediatamente.

El FBI estuvo a cargo de la investigación junto al Departamento del Trabajo federal, el Servicio de Inspección Postal, la Autoridad de Puertos, el Negociado de la Policía, y la Policía Municipal de San Juan y Carolina.

El fiscal federal Víctor O. Acevedo Hernández procesó el caso.