La exdirectora de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), Sally López Martínez, fue sentenciada este martes por el juez federal Pedro A. Delgado a cumplir dos años de libertad supervisada por conspirar para cometer fraude.

Esto se debe a que el juez federal acogió la recomendación de sumar como parte de la sentencia el tiempo que ya cumplió López Martínez en prisión, que fueron tres años, nueve meses y nueve días. Esta solicitud la hicieron el fiscal federal Timothy R. Henwood y su abogada Linda Backiel, tras alcanzar un acuerdo de culpabilidad.

La ahora convicta -quien tiene 42 años, dos hijos y reside en Guayama- también deberá pagar una multa de $5,000 por haber pactado dos contratos a J.M. Professional & Training, compañía que era propiedad del hoy convicto federal y quien ideó el fraude, Anaudi Hernández Pérez.

La sentencia se dio a conocer luego de que López Martínez, quien dijo sufrir de depresión y ansiedad y estar bajo tratamiento para estas enfermedades mentales, cambiara su declaración a una de culpabilidad como parte del acuerdo que alcanzó con la Fiscalía federal hace un mes.

Este dictamen del juez Delgado también se da a ocho meses de que el Tribunal de Apelaciones de Boston ordenara realizar un nuevo juicio contra la imputada en el caso de corrupción contra el recaudador del Partido Popular Democrático, Hernández Pérez. Es que, en abril pasado, un panel de jueces del Apelativo federal había dejado sin efecto el veredicto de culpabilidad que emitió un jurado en contra de López Martínez en el 2017.

En ese entonces, ella fue sentenciada a nueve años de prisión por participar en el esquema de corrupción que desarrolló Hernández Pérez para obtener, mediante sobornos e influencias, contratos gubernamentales durante la administración del exgobernador Alejandro García Padilla. De este periodo del cual fue sentenciada, López Martínez ya cumplió los tres años, nueve meses y nueve días en prisión que le fueron adjudicados en esta nueva sentencia.

Cabe destacar que durante la vista de sentencia López Martínez no habló en ningún momento hacia el pueblo o estipuló las razones por las que conspiró para cometer fraude.

En esta caso, Hernández se declaró culpable en el 2016. Mientras, en el 2017 también resultaron culpables la exvicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Ivonne Falcón; su hermana, Marielis Falcón, y a Glenn Rivera Pizarro, un exayudante en la Cámara de Representantes, por haber participado en el esquema de sobornos.