El juez federal oseph R. Goodwin sentenció hoy a Pablo Casellas a un año y nueve meses por el único cargo que pesa en su contra por ofrecer alegaciones falsas relacionadas a que fue víctima de un "carjacking" previo al asesinato de su esposa Carmen Paredes Cintrón.

Casellas cumplirá primero su sentencia en la cárcel federal, y después en la estatal por el asesinato de Paredes Cintrón, ocurrido el 14 de julio de 2012 en su residencia en la urbanización Tierralta III, en Guaynabo, Casellas Toro. Por este último fue sentenciado a 109 años de prisión.

Durante la audiencia, Casellas rechazó haber asesinado a su esposa, caso por el que un jurado lo encontró culpable el 22 de enero pasado. El juez de Bayamón José Ramírez Lluch, lo sentenció a 109 años de prisión el  6 de febrero pasado.

También negó haber inventado el ¨carjacking¨ por el que un jurado federal lo halló culpable el 1 de mayo.

El convicto pidió que el verdadero asesino de su esposa sea encontrado.

Mientras, su abogado anticipó que apelará el veredicto del jurado y la sentencia impuestos a su cliente, y se reiteró en que debido a la publicidad que tuvo el caso es imposible encontrar un jurado imparcial en la Isla.

Al momento está sumariado en el Centro Metropolitano de Detención (MDC, por sus siglas en inglés), en Guaynabo, desde febrero pasado.

Dos de los tres cargos por los que fue encontrado culpable por un jurado a nivel federal fueron desestimados por el juez federal Joseph R. Goodwin, de Virginia Occidental.

En mayo pasado, un jurado emitió un veredicto de culpabilidad contra el hijo del juez federal Salvador Casellas por "a sabiendas y voluntariamente, ofrecer testimonio falso, fraudulento y ficticio" por tres instancias: alegar que el 17 de junio de 2012 fue a disparar al Club de Tiro Metropolitano en Toa Baja; decir que alguien provocó que detuviera su vehículo; y alegar que, a punta de pistola, lo forzaron a moverse al asiento del pasajero.

Goodwin desestimó el primero y segundo cargo, relacionados a las alegaciones de que fue a disparar al club de tiro y que alguien lo obligó a detener su guagua Acura color negra. Sin embargo, declaró ha lugar la petición del abogado de defensa Francisco Rebollo Casalduc, dado a que entendió que el testigo presentado por los fiscales Michael E. Gilfarb y Andy R. Camacho, del Distrito Sur de Florida, no declaró al respecto.

"Claramente Díaz (Rafael Díaz Berríos, el agente de la Policía asignado al "Task Force" del FBI) no testificó que el acusado le dijo que una persona provocó que detuviera su vehículo. Aún así, el gobierno entiende que este hecho puede ser inferido, indicando que el carro obviamente estaba detenido cuando un individuo se le acercó y a punta de pistola lo obligó a moverse al asiento del pasajero. Si el vehículo estaba detenido o no durante el alegado 'carjacking', y si se puede inferir del récord, el gobierno tiene que probar que el acusado le dijo a Díaz que una persona causó que detuviera su auto", indicó el juez.

"El gobierno tenía que probar que dicha expresión era falsa. Aún si el carro estaba 'obviamente' detenido durante el 'carjacking', como alega el gobierno, es irrelevante la determinación de si el acusado le dijo al agente federal que la persona paró su vehículo. Sin evidencia al respecto, esta convicción no se puede sostener", agregó Goodwin.

Casellas Toro alegó que fue víctima de un robo a mano armada por dos individuos que supuestamente dispararon al cristal trasero de su vehículo y otro sujeto lo hirió de bala en el brazo derecho para robarle su guagua Acura MDX negra. Sin embargo, según la acusación, el convicto pretendía "crear la falsa impresión de que fue víctima de un crimen" para alegar que le robaron dos armas, que luego fueron recuperadas, una de ellas en su hogar. La otra fue el arma homicida del asesinato de su esposa.