Un hombre descrito por la Fiscalía federal como líder religioso en Cayey fue sentenciado el pasado martes a cumplir 20 años en prisión por dos cargos de producción de pornografía infantil.

En comunicado de prensa, se informó que Eduardo Luis Marrero Casanova, de 53 años, fue sentenciado el pasado martes.

La acusación en contra de Marrero Casanova expone que desde diciembre de 2022 al 25 de enero de 2023 usó su teléfono celular y el sistema de mensajería para persuadir, inducir, atraer y obligar a dos varones de 15 años a sostener relaciones sexuales. Además, empleó, usó, persuadió, indujo, atrajo y coaccionó a sabiendas a un menor, e intentó participar en una conducta sexualmente explícita con el propósito de producir una representación visual de dicha conducta.

De inmediato, la Fiscalía federal no precisó cuál denominación religiosa o iglesia lideraba Marrero Casanova.

Por otro lado, en un caso separado, un residente de Salinas, identificado como Alexander Joel Rivera-Santos, fue sentenciado por el juez federal Francisco A. Besosa el pasado 9 de febrero a cumplir cuatro años y tres meses en prisión, así como cinco años de libertad supervisada por posesión de material constitutivo a explotación de menores.

El expediente judicial del hombre establece que una investigación de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) de Phoenix sobre la aplicación Viber, con al cual se intercambia pornografía infantil, identificó a varios miembros del chat.

Los números de varios usuarios estaban afiliados a telefónicos de Puerto Rico. Esos números fueron remitidos a HSI San Juan para una mayor investigación. Una búsqueda en una base de datos de código abierto reveló que Rivera Santos utilizó uno de los números de teléfono celular identificados como un miembro conocido de esas salas de chat.

Los resultados de la investigación revelaron que, aproximadamente, entre el 6 de mayo de 2021 hasta el 24 de junio de 2022, Rivera Santos usó un teléfono móvil con Internet para observar material que contenía imágenes de pornografía infantil, es decir, imágenes sexualmente explícitas de menores de edad realizando actos sexuales, incluidas imágenes de menores que no habían cumplido los 12 años de edad.

Las fiscales federales Daynelle Álvarez Lora y Emelina Agrait Barreto atendieron estos casos.