Joseph “Joey” Fuentes Fernández, un amigo del gobernador Pedro Pierluisi que ocultó quiénes fueron los donantes del súper PAC que creó a favor de su campaña a la gobernación, fue sentenciado este viernes a cumplir 14 meses de prisión o lo equivalente a un año y dos meses.

Fue el juez federal Joseph Laplante quien dictó la sentencia, luego de que la Fiscalía federal le hubiese recomendado que la condena fuera de dos años en prisión, según reportó el diario El Nuevo Día.

Fuentes Fernández no irá a prisión de inmediato. Podrá viajar a Virginia y debe entregarse el 26 de octubre para comenzar a cumplir su pena.

Además, deberá pagar una multa de $150,000 y cumplir tres años de libertad condicional.

Según las imputaciones contra Fuentes Fernández, este utilizó el Comité de Acción Política (PAC) Salvemos a Puerto Rico para hacer campaña a favor de la candidatura de Pierluisi en las primarias y elecciones del año 2020, así como atacar a sus rivales. Pero, la identidad de quiénes fueron los donantes de los $495,000 levantados fue ocultada a la Comisión Federal de Elecciones (FEC, en inglés). Se utilizaron dos organizaciones de bienestar social fantasmas que transferían el dinero al PAC.

Un comunicado emitido por la Fiscalía federal da cuenta que “el propósito de canalizar estos fondos de donantes a través de entidades sin fines de lucro fue exclusivamente para ocultar las verdaderas identidades de los donantes de Salvemos a Puerto Rico. Por ejemplo, en octubre de 2020, Fuentes Fernández envió este mensaje de texto a un posible donante: ‘Puedes usar a un tercero para no revelar al verdadero donante’. Al asegurarse de que muchos de los verdaderos donantes de Salvemos a Puerto Rico permanecieran en el anonimato, Fuentes Fernández y Salvemos a Puerto Rico privaron al pueblo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a la FEC de información sobre la verdadera fuente de cientos de miles de dólares que fluyen hacia Puerto Rico”.

Por estos hechos, Fuentes Fernández llegó a un acuerdo de cooperación con la Fiscalía federal, que incluyó delatar otros delitos y hacer grabaciones para constatar que los mismos ocurrieron. Se declaró culpable ante el mismo juez el pasado 5 de mayo por el cargo de idear un “esquema para falsificar y ocultar hechos relevantes; ayudar y ser cómplice”.

“Hubo dos beneficios principales (del esquema criminal). Había un entendimiento en Puerto Rico de que los donantes podían ser beneficiados al permanecer anónimos al no ser ligados contributivamente y, al mismo tiempo, el funcionario público no podía ser ligado a esos anuncios. Beneficiaba tanto a los donantes como al recipiente o la tercera parte, que es el funcionario público”, explicó Jonathan Jacobson, el fiscal de la sección de Integridad Pública, cuando ocurrió la declaración de culpa.