José López Díaz fue sentenciado a 10 años y un mes de cárcel, y tres años de libertad supervisada, por conspirar para cometer fraude contra Medicare por más de $3.5 millones y por robo de identidad.

El médico generalista deberá restituir además $1,028,691.55 a las compañías de seguro médico Triple S, MCS, First Medical, American Health Medicare y Medicare y Mucho Más.

El juez federal Francisco Besosa emitió la sentencia y el abogado Julio Gil de la Madrid solicitó que se le permitiera a su cliente entregarse voluntariamente una vez se designe en qué prisión cumplirá la condena. El fiscal Wallace Bustello se opuso a tal solicitud. El oficial probatorio se puso de pie y pidió acercarse al estrado a hablar con el juez. Acto seguido, Besosa determinó no conceder la solicitud de la defensa y los alguaciles procedieron a custodiar a López Díaz, pero no lo esposaron.

El galeno se mantuvo serio y tranquilo, mientras buscaba en un maletín sus medicamentos por una condición cardíaca y entregaba sus pertenencias a su esposa y sus tres hijas, quienes lo abrazaron y no paraban de llorar.

López Díaz fue encontrado culpable por un jurado el 14 de junio de 2012 por más de 30 cargos por facturar a Medicare más de $3.5 millones entre 2006 y 2011, de los cuales recibió $727,729 en reembolsos. Emitió 10,231 facturas por tratamientos a pacientes que nunca atendió en el Guaynabo Medicall Mall, donde nunca trabajó. Tenía propiedades en la urbanización Los Paseos, en Río Piedras, una casa de playa en Río Grande, otra residencia en Ponce, más de $500,000 en joyas, autos lujosos, entre otras cosas.

Previo a que se emitiera la sentencia, Gil de la Madrid sostuvo que su representado era "una persona buena", que era "un buen hijo, buen esposo y buen padre, que no bebe, no sale". Aceptó que su representado "se tornó ambicioso y sobrefacturó", pero alegó que no fue una conspiración con el coacusado, su hermano Carlos López Díaz, quien es dentista y también fue encontrado culpable por estos hechos. Su lectura de sentencia está pautada para mañana.

Gil de la Madrid intentó que se impusiera una sentencia mínima contra su representado, indicando que ya habían pasado "la humillación pública" dado a que su esposa, María de Lourdes Villamil, es una pediatra reconocida que perdió un espacio que tenía en televisión, además de que ahora tienen problemas económicos. Destacó que su cliente fue operado de corazón abierto y necesita tratamiento, además de estar recibiendo ayuda psiquiátrica por ansiedad a raíz del proceso, pero que ya era atendido por problemas de salud mental desde antes.

El abogado planteó además que ha representado a narcotraficantes y asesinos que reciben sentencias menores a la propuesta contra López Díaz, y el juez le indicó que era "un buen punto, pero tengo que considerar qué mensaje se envía a otros médicos que estén haciendo esto y a la sociedad en general".

El juez le preguntó si se envía un mensaje con una sentencia menor por ser un crimen de cuello blanco, a lo que Gil de la Madrid le contestó que sí, "especialmente en este caso en el que no representa riesgo a la sociedad ni se espera cometa crímenes en el futuro".

Durante su turno, el fiscal recalcó que el convicto usó la información personal de más de 2,000 pacientes para cometer el fraude y pagaba $1 por cada factura emitida por otras personas. En los procedimientos fatulos que facturó, habían tratamientos exclusivos para hombres que supuestamente realizó a mujeres, y resaltó un caso en específico en el cual el propio López Díaz testificó durante el juicio que atendió a una paciente por una fractura en un brazo en el Guaynabo Medical Mall, pero la mujer declaró que es de Caguas, que nunca fue atendida por el generalista en dicha institución y que no ha sufrido fractura en un brazo. También facturó por personas ya fallecidas.

Bustello indicó que López Díaz continuó facturando aún cuando estaba de viaje en Europa, México, Seattle y Las Vegas, y mientras se recuperaba de una operación de corazón abierto. Recordó además que trabajó para la aseguradora Triple S verificando las mismas formas que luego falsificó.

"Las víctimas son los beneficiarios, a los que les suben los costos por casos como este. Hay que enviar un mensaje a los médicos que están haciendo lo mismo. No podemos ser lenientes por ser un doctor. Fue ambicioso y talentoso. No ha mostrado nada de remordimiento ni arrepentimiento, como muestra el informe presentencia", manifestó Bustello.

De hecho, durante su alocución, López Díaz no pidió perdón y fue incoherente al indicar que había encontrado prueba exculpatoria, que el Tribunal Federal no tenía jurisdicción en el caso y que debía celebrarse un nuevo juicio.

"Le solicito, suplico y pido misericordia a esta corte para que antes de decir la sentencia, me provea un certificado de restitución monetaria del programa de Medicare que sería indispensable para tomar una decisión más allá de duda razonable. Sin esa prueba, tendría una inadecuada defensa por ser prueba exculpatoria. Con dicha prueba, habría duda de la confiabilidad y la falta de jurisdicción en este asunto. Es una nueva prueba que debe demostrar que un convicto pueda ser inocente o que sea culpable... La entrega oportuna al acusado se debe evaluar si la evidencia emitida puede cambiar la perspectiva y no limitarse a la prueba de fiscalía, la prueba solicitada dará la inocencia a un acusado", expresó López Díaz.

Agregó que "tengo la certeza de que se producirá la absolución con la nueva prueba" y que buscaba "un nuevo juicio".

"Mi único interés como médico era tratar a pacientes", concluyó.

Besosa procedió a emitir la sentencia de ocho años por el fraude a Medicare y dos años por el robo de identidad.

"Se aprovechó y se benefició económicamente de esto", señaló el juez, quien recomendará que López Díaz cumpla la pena en una institución penal con servicios médicos adecuados para su condición, por lo que se mencionaron las prisiones de Massachusetts y Carolina del  Norte.