Sentencia a agente de la Policía por fraude y apropiación ilegal de fondos públicos
No cumplirá periodo de cárcel.

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A ocho años de probatoria fue sentenciado un agente de la Unidad Marítima que se apeopió de $3,000 pertenecientes al Negociado de la Policía, informó este sábado el Departamento de Justicia.
El ahora convicto fue identificado en un comunicado de prensa emitido por la agencia como Daniel Rosado Rodríguez, de 45 años.
Según se detalló, la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, liderada por la fiscal Sonia Martínez Ortiz, acusó al agente de 26 delitos graves y este se declaró culpable.
La jueza María Trigo Ferraiuoli, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, dictó una pena de ocho años en probatoria por los delitos de apropiación ilegal agravada, fraude, uso, posesión o traspaso fraudulento de tarjeta con bandas electrónicas y apropiación ilegal de identidad, al amparo del Código Penal de Puerto Rico. Previo al acto de dictar sentencia Rosado Rodríguez restituyó la cantidad de $3,184.32 como parte de una alegación preacordada de culpabilidad.
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“Reiteramos el compromiso del Departamento de Justicia a combatir la corrupción en nuestra sociedad y restituir los fondos públicos que le pertenecen al pueblo de Puerto Rico. Reconozco la labor de los fiscales de la DIPAC y los agentes del Negociado de la Policía que trabajaron en el procesamiento de este caso”, expresó la designada secretaria del Departamento de Justicia, Janet Parra Mercado.
Justicia precisó que el convicto se apropió de fondos públicos al realizar 33 transacciones fraudulentas en la gasolinera Total Centro ubicada en el municipio de Vega Alta, utilizando la tarjeta de la Administración de Servicios Generales para el despacho de combustible asignada a un vehículo todo terreno, propiedad del Negociado de la Policía, desde el 26 al 31 de enero de 2020. Dichas compras de combustible fueron para uso no relacionado a la agencia a la cual pertenecía.
El fiscal Pedro Mateo Casado, adscrito a la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos al Contralor, contó con prueba pericial y documental, para demostrar más allá de duda razonable la culpabilidad del convicto.
La investigación estuvo a cargo de la agente Priscilla Margolla Coll, adscrita la División de Asuntos Internos del Negociado de la Policía.