Hay quienes piensan que el caso Casellas se resolvió porque Justicia trabajó más

Cuando se logra la convicción de un acusado en un caso con tanta visibilidad como el de Pablo Casellas Toro da la impresión de que en el país se hace justicia, de que los crímenes se resuelven. Y eso es cierto, pero pocas veces.

Además, la celebración del veredicto de culpabilidad por parte de la ciudadanía levanta la interrogante sobre qué es realmente justicia y cómo se sienten, entonces, quienes no la alcanzan.

“En términos amplios, nunca va a haber justicia en un caso donde una mujer haya sido asesinada. Es una historia que nunca va a tener un final justo. Ahora, la impunidad ante actos de violencia es también una violación de derechos humanos”, señaló la presidenta de la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados, Verónica Rivera Torres.

La abogada destacó como violación de derechos humanos el hecho de que el Estado no investigue el acto violento o que la persona que cometa el crimen, aun si es llevada a corte, sea exonerada. “Eso también es violatorio a nivel de derechos humanos. Se supone que haya respuesta del Estado, y respuesta legal”, indicó.

Pero hay víctimas, y muchas, a quienes no se les ha hecho justicia, al menos la que promete el Estado. Y no solamente los familiares piden que se busque a los responsables, muchas veces es el país.

En Facebook, por ejemplo, hay una página con más de 200 mil seguidores en la que se exige justicia para el niño Lorenzo González Cacho, asesinado el 9 de marzo de 2010 en la casa en Dorado del Mar que compartía con su madre y sus hermanas.

Y el padre de Karla Michelle Negrón, a quien una bala perdida le quitó la vida en la despedida de año para recibir el 2012, todavía espera noticias sobre la investigación.

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“La esperanza siempre existe, pero si usted no investiga jamás puede tener solución el caso. Desde enero 18 de 2012 no hemos recibido ninguna información sobre el caso de mi nena”, lamentó Carlos Negrón. “Si Justicia trabajara como trabajó ese caso (el de Casellas) muchos se solucionarían. La diferencia es que ellos son ricos y nosotros pobres”.

Claro, hay alguno que otro caso de “alto perfil” que tampoco se ha resuelto. Todavía no han detenido a alguien con relación al asesinato de Maurice Spagnoletti , atacado a tiros en junio de 2011 cuando conducía hacia su casa en San Juan.

“La realidad es que la impunidad, el hecho de que quien te arrebató tu ser querido esté en la calle, profundiza la herida del dolor y no se logra poner fin a la etapa de luto por la impunidad”, expresó Rivera Torres.

Por eso, quizás, tanta gente pareció celebrar el encarcelamiento de Casellas. “En la celebración está la reivindicación de un asesinato, está la cuestión de clase. Mucha gente pensaba que iba a salir no culpable”, mencionó.

Según la abogada, la visibilidad y cobertura del juicio contra el hijo del juez federal Salvador Casellas permitió ver “las fortalezas y debilidades del sistema”.

“Esta es la justicia que el sistema nos vende, pero la amplia no hay sistema judicial que te la pueda dar”, observó.

Para el presidente de la Comisión de Derechos Civiles del Colegio de Abogados, Osvaldo Burgos, que el caso haya sido tan mediático tiene un doble efecto.

“Tiene un poco el efecto de llenar las expectativas de la ciudadanía en términos de que por tratarse de un persona de recursos y conectado con personas de influencia en el ámbito judicial había expectativa de que iba a ser un veredicto de no culpabilidad. Pero hay quienes pueden pensar que se dio eso por ser un veredicto de alguien de clase alta. Un caso con tres fiscales, eso no es típico en nuestro sistema judicial”, analizó.

Esa inversión de recursos del Estado para probar el caso puede dar la impresión de que “se resolvió porque esta persona pertenecía a la esfera de poder”.

“Mucha gente que espera para que sus casos sean resueltos pueden pensar ‘caramba, si a mí me asignaran por lo menos uno de esos fiscales podría estar resuelto’. Un país donde se resuelve solo un 30 por ciento de los asesinatos no le está haciendo justicia a las víctimas”, señaló Burgos.

El ansia de justicia que puede avivar el fallo es, a juicio de Burgos, “justicia con jota minúscula”. “Despierta una noción equivocada de que con meter a personas presas se resuelven los problemas de criminalidad”, expresó.

Pero tiene que estar preso...

Sí, porque así es que está montado nuestro sistema. Pero quedan muchos asuntos por resolver.

Lo que implica la tenencia de armas, por ejemplo, es algo que se debería discutir. “Es una persona (Casellas) que tenía una cantidad de armas significativa en su posesión”, puntualizó Burgos.

El caso también rompe el mito de que la criminalidad está en sectores pobres del País. “A menos que sucedan cosas tan dramáticas como esta, los delitos (de personas de clase social alta) no llegan a la Policía, no llegan a los tribunales”, afirmó.

Aunque satisfecha con el veredicto, la abogada y directora de Matria, Amárilis Pagán Jiménez, expresó que no por eso se atrevía a “celebrar y decir que en nuestro país se hace justicia sin importar la clase social”.

“Sabemos que por este caso hay muchos otros que ni siquiera llegarán a juicio o a denunciarse. La violencia doméstica existe en las clases altas y apenas se denuncia”, manifestó.