El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, aseguró hoy que la totalidad de la prueba presentada por la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) en el caso presentado contra seis agentes por la muerte del adolescente Javier Antonio Cordero Nevárez de 16 años, durante una intervención concluyó que “no se justificaba el uso de armas en la intervención y que la escena no era compatible con una actuación en legítima defensa”.

En declaraciones escritas surgen luego de que la jueza Iraida Rodríguez no determinó causa para arresto anoche contra los policías por la muerte del menor tras ser baleado el 1 de agosto de 2022, en Puerto Nuevo.

La fiscal Yolanda Morales Santiago, División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC), solicitó una vista de Regla 6 en alzada, la cual fue pautada para el 30 de abril.

Así mismo, Emanuelli Hernández, defendió el compromiso de la mayoría de los agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico, al tiempo que recordó que se trata de un caso lamentable y complejo en un incidente en el que murió un menor desarmado lo que contrasta con los 60 casquillos de bala ocupados en la escena.

“Todo ciudadano, sin distinción de persona, puede tener la certeza de que el Departamento de Justicia de Puerto Rico vela y defiende sus derechos civiles y su seguridad. No tengo duda de que la inmensa mayoría de los miembros de la Policía desempeñan su rol con verticalidad, compromiso, vocación y principios. Pero aquel que se aparte de estos preceptos e incurra en actuaciones contrarias a la ley, también tendrá que enfrentar la justicia”, argumentó.

Aseguró que la investigación realizada por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y el DIPAC se hizo con rigor y responsabilidad.

“Es nuestra posición que nosotros pasamos prueba más allá del estándar requerido en esta etapa de los procedimientos, esto es una investigación extensa, una investigación muy técnica. Nosotros llevamos a cabo no solamente unos análisis básicos, sino también que utilizamos tecnología avanzada en la reconstrucción de la escena para nosotros estar bien claros de cuáles eran los resultados de lo que ocurrió esa noche allí”, sostuvo Morales Santiago, anoche a su salida del tribunal.

La persecución comenzó a las 7:00 p.m. cuando agentes de la División de Vehículos Hurtados de Carolina seguían la ruta que tomó una guagua que era rastreada mediante el sistema de “GPS” por su propietario desde que se la hurtaron en la urbanización Villa Fontana.

Por esta razón, el vehículo no tenía gravamen ya que poseían sus coordenadas. La guagua Hyundai Tucson de 2016, se movió de los residenciales Vista Hermosa, en Puerto Nuevo, al Luis Llorens Torres, en Santurce y retornó a Vista Hermosa, luego salió.

Los patrulleros del Precinto de Puerto Nuevo fueron alertados mediante el radio de comunicaciones de que el vehículo sospechoso había salido y les solicitaron refuerzos.

El conductor fue perseguido hasta llegar a la intersección de las calles 40 SO y 15 SO de la urbanización La Riviera, en Puerto Nuevo, que no tenía salida, entonces dio retroceso y chocó con la verja al subirse a la acera.

La versión inicial que surgió de NPPR es que el conductor intentó atropellarlos y al verse acorralado le dispararon.