“Todo el mundo tiene derecho a demandar”.

Así reaccionó la secretaria de la Familia, Yanitsia Irizarry, a la demanda radicada ayer por la familia Cacho en contra del programa psicosocial adscrito al Recinto de Ciencias Médicas y que pone en tela de juicio la labor protectora de la agencia hacia las menores.

Aunque la agencia que dirige no figura como demandante, es el Programa Biopsicosocial el organismo encargado de descartar o validar alegaciones de maltrato y ofrecer tratamiento psicológico especializado a niños y niñas víctimas de maltrato intrafamiliar.

La familia Cacho alega que los profesionales que ofrecen servicios a través del mismo se han prestado para que las niñas sean utilizadas para adelantar la investigación criminal de Justicia referente al asesinato de Lorenzo González, hermano de las niñas.

“Ellos (el Programa psicosocial), en su momento, harán algún tipo de expresiones. Lo que espero es que las partes, en su sabiduría, habiéndose sometido al caso, no utilicen mecanismos para desviar la atención pública o para ejercer alguna influencia en el foro que está adjudicando unos hechos”, señaló la funcionaria.

A su juicio, dijo, “con todo el respeto”, la parte demandante ha dedicado “demasiadas energías” a cuidar su imagen pública y no así “ a los verdaderos intereses de las menores”.

Sobre la querella institucional radicada la semana pasada por Ana Cacho contra uno de los hogares de crianza donde estuvo su hija menor, la funcionaria repitió que esos señalamientos ya se investigaron en un recurso anterior radicado por el abuelo materno.

Cacho alega que su hija de seis años no tuvo acceso a la educación durante el tiempo que estuvo en el hogar sustituto licenciado por la agencia y que era dejada bajo el cuidado de otro menor de edad, entre otros señalamientos.

“Hace más de dos meses ordenamos a la Unidad Legal que se analizaran las denuncias del abuelo. Se le asignó un trabajador social, se investigó y se adjudicó que lo que el abuelo alegaba, que es lo mismo que hoy alega Cacho, no tenía fundamento”, sostuvo.

Aun así, dijo que la nueva querella radicada por Cacho será investigada por un trabajador social. Ése fue el reclamo que hizo Cacho ayer a través de sus abogadas ante expresiones de la Secretaria de que el recurso era académico.

“El Departamento tiene la obligación en ley de investigar las alegaciones y emitir una investigación final. No se puede despachar con un simple ‘es académico”, insistió la licenciada Brenda Berríos.

A la espera

Tanto Berríos como la licenciada Sharon González no quisieron comentar sobre el caso que se lleva en el Tribunal de Menores de Bayamón referente a la custodia de las niñas. Se espera por la determinación final de la jueza Sonia del Toro.

González se limitó a decir que, en lo que a ellas refiere, entregaron toda la documentación que se les exigió. “Como saben, concluyó el desfile de la prueba, nosotros cumplimos con las órdenes del tribunal y estamos a la espera”, señaló.

Por motivo de la ley de mordaza que impera, no quiso revelar si Familia ha hecho alguna gestión para permitir unas visitas supervisadas a Cacho.