Por primera vez en la historia moderna de Puerto Rico, un secretario de Justicia en funciones encara cargos criminales, tras la determinación anunciada este martes por los fiscales especiales independientes  -Ramón Mendoza, Iris Meléndez y Guillermo Garau- de acusar a la titular de la agencia, Wanda Vázquez, por presuntamente intervenir en la investigación de un caso de robo en la casa de su hija y su yerno, ocurrido el 7 de diciembre de 2017.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares relevó temporalmente a Vázquez del cargo, en lo que se dilucida el caso y nombró como secretaria interina a la jefa de los fiscales, Olga Castellón.

Vázquez en tanto, en declaraciones escritas, rechazó haber cometido “algún acto ilegal” y sostuvo que “nunca” fue notificada que era objeto de una investigación por parte del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

“Como he sostenido desde el primer día, hoy me reitero en que no he cometido ningún acto ilegal, antiético o inmoral en mis funciones como secretaria de Justicia”, dijo Vázquez.

“En su día se demostrará que estas imputaciones son infundadas y producto de una fabricación de personas malintencionadas que solo buscan desestabilizar mis funciones como secretaria y, como consecuencia, descarrilar investigaciones en curso en el Departamento de Justicia”, indicó.

Posterior al anuncio de la radicación de cargos, Vázquez  le solicitó al gobernador ser relevada de sus funciones para tener “tiempo y espacio necesario para atender esta situación”.

“Siempre he servido con integridad y compromiso al pueblo de Puerto Rico por más de 31 años. Agradezco al Gobernador la confianza y el espacio que me concede para atender esta situación”, añadió.

Hoy, tras una segunda reunión, los fiscales especiales rindieron al Panel  Sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) el informe final de la pesquisa y le notificaron que le someterán cargos criminales a la Titular de Justicia.

“Los Fiscales Especiales Independientes a cargo de la investigación colateral producto del referido del Departamento de Justicia en cuanto a la pesquisa del caso de la Comisión Estatal de Elecciones, informaron al Panel en la tarde hoy (ayer) que concluyeron su informe sobre este particular”, informó el PFEI en una comunicación escrita.

La funcionaria fue citada a comparecer a la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de San Juan para la presentación de cargos, el  viernes 7 de diciembre a la 1:30 p.m.

El PFEI añadió que conforme a los procedimientos rutinarios, en el día de la vista los fiscales informarán los cargos contenidos en las denuncias.

El pasado 1 de noviembre trascendió públicamente que el PFEI realizaba una pesquisa sobre el manejo en el Departamento de  Justicia de un caso contra dos acusados por un escalamiento en la residencia de la hija menor de Vázquez Garced, Beatriz Díaz Vázquez y el esposo de esta, Kelvin Carrasco Ramos, ocurrido en Gurabo, el 7 de diciembre de 2017.

La Titular de Justicia fue investigada, presuntamente, por intervención indebida ya que se alega que hubo trato preferencial con uno de los dos acusados por el robo. Mientras, uno de los implicados (Tyrone Torres Betancourt) fue sentenciado a 15 años de cárcel, el otro fue referido a un programa de desvío. Trascendió que uno de ellos supuestamente es pariente de Carrasco Ramos.

La investigación desató entonces un fuego cruzado entre Vázquez  y la presidenta del PFEI, Nydia Cotto Vives. 

Vázquez dijo en entrevistas en los medios de comunicación que la pesquisa del PFEI era amañada y que no era confiable. 

Mientras Cotto Vives sostuvo que  “ninguno de los miembros del Panel intercede o da instrucciones a fiscal alguno en el curso de una investigación asignada”.

La secretaria de Justicia admitió que estuvo en una reunión de la jefa de los fiscales, Olga Castellón, y con los fiscales asignados, pero dijo que no intervino en el caso.

“Yo estuve en esa reunión, pero no di instrucciones, vi lo que había sometido y esto fue todo”, dijo Vázquez. 

Indicó que la Oficina del PFEI no le había dado oportunidad de expresarse y acusó a Cotto  Vives de tener represalias en su contra, porque cuando Vázquez fungía como  Procuradora de las Mujeres prescindió de un contrato que tenía la exjueza.

La presidenta del PFEI dijo, por su parte, que fue ella quien rescindió el contrato y que así lo hizo constar por escrito.

Ese mismo día, 1 de noviembre, el gobernador Ricardo Rosselló refirió a la secretaria de Justicia a la Oficina de Ética Gubernamental.

Reaccionan abogados

“Esto es bien serio por cualquier lado que lo mires. Independientemente del delito que se le impute, es una institución del propio Estado que forma parte del sistema de justicia criminal del País, que es el FEI, haciéndole unas imputaciones muy serias a la secretaria de Justicia”, expresó  el profesor de Derecho Constitucional, Carlos Ramos.

“Igual o más grave es la respuesta de la secretaria al FEI, acusándolo de obstruir procesos investigativos. Eso es el caos total”, sostuvo Ramos.

El profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana dijo que se trata de un problema bien serio para lo que se conoce como el estado de derecho.

Añadió que el Departamento de Justicia es la agencia “más importante” y recordó que  el FEI se creó para “dar confianza al pueblo en sus investigaciones contra funcionarios públicos”. 

El presidente del Colegio de Abogados, Edgardo Román Espada, dijo por su parte,  que a la secretaria de Justicia le cobija la presunción de inocencia, “como a cualquier hijo de vecino”.

No obstante, Román Espada indicó que le preocupa “profundamente que la tercera persona en rango constitucional para gobernar al País pueda ser acusada criminalmente y, eventualmente convicta, de ser encontrada culpable, porque se lacera la credibilidad en nuestras instituciones de gobierno”.

“Que yo recuerde esta es la primera vez en nuestra historia que esto ocurre”, dijo Román Espada sobre la radicación de cargos contra Wanda Vázquez.

Recalcó que esto afecta  la confianza del País en sus instituciones. 

“El asunto fundamental es cómo queda la institución, el Departamento de Justicia ante el País, cuando su principal funcionaria es acusada de delito, que todavía no sabemos cuáles son los cargos”, sostuvo el presidente del Colegio de Abogados.

También dijo que la secretaria de Justicia “tiene la obligación de explicarle al País qué fue lo que sucedió en este caso, como también tiene que  explicarle a la abogacía por qué utilizó los fondos públicos destinados al pago de abogados de oficio para otras obligaciones del Departamento de Justicia”.

Un expresidente del Colegio, Julio Fontanet, reaccionó sorprendido a la radicación de las denuncias.  

“A pesar de que tenemos visiones muy distintas de tantos temas, tengo que reconocer que la secretaria de Justicia es una persona que, a lo largo de su carrera, ha demostrado mucha integridad y convicción en las cosas que cree”. 

El abogado indicó que de la información que se ha hecho pública, a Vázquez se le imputa estar presente en una reunión donde los fiscales discutían el caso de su hija perjudicada. “Uno puede concluir que no fue un acto prudente, pero de eso a que ello por sí solo pueda justificar una denuncia, requiere de mucha explicación”, explicó. 

“Hay que ver qué es lo que va a presentar el FEI, que debo reconocer que también tiene una buena reputación en el País, de manera que uno pueda tener un mejor escenario fáctico sobre esta situación, pero reitero que pienso que si lo que hay es la participación de la secretaria en esa reunión, creo que el caso es injustificado”, expresó Fontanet.

“Lo que es preocupante es la posibilidad de que esto tenga que ver con la intervención de la secretaria de Justicia sobre el asunto del chat (WhattsApp). Todo esto crea mucho malestar y preocupación”, añadió Fontanet.