La secretaria de Justicia, Dennise N. Longo Quiñones, aseguró hoy a Primera Hora que el departamento que dirige no ha dejado, ni dejará de investigar a ningún funcionario que le refieran, y que no se le va a tirar la toalla a nadie.

“El Departamento de Justicia está haciendo su trabajo. Pero tenemos una ley, que impide que demos detalles de investigaciones. Hay que guardar todas las garantías”, afirmó Longo. “Los casos se están atendiendo. No podemos dar información de lo que se está atendiendo. Pero de que se están atendiendo, se están atendiendo”.

Sus expresiones se dieron en una entrevista aparte con este medio luego de una conferencia de prensa por momentos caldeada, en la que no pareció haber una buena comunicación entre la funcionaria y los medios, que insistentemente le solicitaron información que ella dijo no podía ofrecer por tratarse de investigaciones en curso o información que se ofrecía de carácter privilegiado confidencial entre abogado y cliente.

En dicho intercambio con la prensa, la secretaria Longo indicó, aunque sin ofrecer detalle alguno, que Justicia ya había cerrado la investigación sobre el chat que involucró a varios colaboradores del entonces gobernador Ricardo Rosselló, y desató las protestas populares que provocaron su eventual renuncia. Agregó que esa investigación pasó al Panel de Fiscal Especial Independiente.

Asimismo, la secretaria indicó que está en curso la investigación sobre un referido del secretario de Agricultura que se hizo en octubre pasado.

También, indicó, el DJ ofreció una “consulta” al secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, en el caso de la destitución de la secretaria de ADSEF (Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia), Surima Quiñones, acción que se relaciona a la posterior destitución de la secretaria de Familia, Glorimar Andújar.

De igual forma, indicó que Justicia estaba investigando el escándalo de los suministros para damnificados que no fueron entregados, pero aclaró que se trata de “procesos administrativos que requieren de la evaluación de mucha información”.

“Y ese tipo de investigación, generalmente, toma tiempo. Mi experiencia personal, como fiscal de cuello blanco, es que puede tomar dos o tres años investigar propiamente un proceso de documentación y de identificar cuáles son las personas que están envueltas con algún tipo de documento”, dijo Longo.

Longo insistió en que no puede comentar sobre investigaciones en curso, pero sostuvo que, cuando haya resultados, o referidos al PFEI (Panel del Fiscal Especial Independiente), los mismo serían comunicados.

Ante la frustración de los medios, Longo aclaró que “el gobierno de Puerto Rico es mi cliente, el pueblo es mi cliente”, pero acotó que “yo no puedo hacer público lo que los cánones de ética requieren que mantenga privado”.

“El asesoramiento a personas que trabajan para el gobierno, que son electos o nombrados a esas posiciones, yo le doy el asesoramiento conforme a eso. Cuando hay una opinión que es pública, que tiene que ver con establecimiento de política pública, eso se publica. Cuando son opiniones con respecto a la aplicación de la ley, que son opiniones como las que da cualquier abogado en una relación de abogado cliente, eso es confidencial. Eso es un asesoramiento confidencial, por la naturaleza de lo que es”, agregó Longo, citando el artículo 6 de la Ley Orgánica, que le prohíbe “dar asesoramiento o hacer expresiones de política pública cuando hay una controversia planteada”.

En el aparte con Primera Hora, la secretaria y la jefa de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, la fiscal Phoebe Isales, insistieron en que el pueblo debe confiar en que Justicia está trabajando e investigando.

“Ustedes saben que la gobernadora lo refirió a Justicia (el caso de los almacenes). Ustedes saben que la ley nos exige, cuando recibimos un referido, empezar a investigar, notificar al FEI que tenemos esa investigación si es que envuelve a un funcionario. Si no, comoquiera la ley nos exige investigar”, explicó la fiscal Isales.

“Pueden poner su cabeza en un picador de que lo estamos investigando. Y que una vez se complete la investigación, si es nuestro, lo vamos a llevar al tribunal, y si es del FEI lo vamos a referir”, agregó Isales, destacando que siempre Justicia notifica cuando refiere la investigación al FEI.

Longo agregó que, aunque las investigaciones son confidenciales, no se le prohíbe a ningún involucrado hablar con la prensa.

“Ustedes saben que está pasando por que la gente que viene a entrevistarse le dicen a ustedes que se están entrevistando. Y nosotros no le prohibimos a nadie hablar con ustedes. O sea, que ustedes pueden fiscalizar. Ustedes saben lo que está ocurriendo. No es porque nosotros estemos tratando de ocultar lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber de mantener la confidencialidad de la investigación”, insistió la secretaria.

Longo recordó que, desde su llegada a Justicia ha hecho un sinnúmero de referidos al FEI. Tan solo en los últimos tres meses, hicieron 12 referidos al FEI.

Primera Hora insistió en la pregunta de cómo entonces podría el pueblo conocer si en efecto están corriendo las investigaciones y qué está sucediendo con ellas.

Longo recordó “las alegaciones son bien fáciles de emitir. Investigar esas alegaciones es difícil. Ustedes los saben, ustedes tienen el mismo proceso, y luego no se corrobora. Nosotros tenemos no solo que hacer el ejercicio que hacen ustedes de ir a buscar, sino entonces levantar declaración jurada, compararlo con otros procesos, hacerlo ordenadamente, solicitar documentos y corroborar. Tenemos que hacer la investigación, como ustedes hacen, y además levantar el expediente. Eso toma tiempo”.

Insistió en que, como secretaria de Justicia, tiene que “hacer valer todas las leyes”, bajo la estructura de gobierno bajo la cual Puerto Rico ha decidido estar organizado.

“Esa estructura que muchas personas pueden estar cuestionando la efectividad, o su validez, yo no me puedo dar ese lujo de cuestionarla. Yo tengo que hacerla valer. Tengo que dejarme llevar por las leyes según escritas, por los organigramas según existen. Yo no puedo hacer eso. Si me pongo a hacer eso me dicen, usted no es legisladora, usted no puede hacer eso, no tiene capacidad para hacer eso”, agregó.

La secretaria comentó, además que, como fiscales, han de ser aún más estrictos con las reglas, porque “cualquier error en el proceso va contra el estado”. Y cualquier error, incluso involuntario, como podría ser la filtración de información o algún video que luego se haga público, podría significar en algún momento que un tribunal determine que esa información “prejuició tanto al jurado, que procesar a esta persona por eso sería una violación de derechos civiles, y por eso vamos a desestimar el caso. Y se va el caso completo por una situación así”.

Longo insistió también en que, aunque algunas investigaciones tarden bastante tiempo, no significa que se hayan dejado de hacer. Y puso como ejemplo el reciente caso del exalcalde de Gurabo, Víctor “Manolito” Ortiz Díaz, que acaba de ser hallado culpable por en un proceso que se remonta a hechos ocurrido en 2012.

“Hay que entender que esto no es café instantáneo. Esto hay que tostarlo, molerlo, prepararlo… toma tiempo”, sostuvo Longo. “Sé que puede parecer hostil, que en esta época de ‘social media’ donde todo sale instantáneamente al Internet, es difícil para la gente entender que las cosas toman tiempo. Pero yo lo he abrazado como mi rol de decir, mire, yo necesito tiempo para que las cosas prosperen”.

Longo, de paso, aprovechó la entrevista con Primera Hora para aclarar una información sobre la investigación que se refirió al FEI sobre la contralora Yesmín Valdivieso.

Indicó que, contrario a lo podría sugerir una reseña de que el PFEI acogió la recomendación de Justicia de no nombrar fiscal especial independiente porque no hay declaraciones juradas levantadas, sí había declaraciones juradas en la investigación.

“Eso es incorrecto. Eso no es lo que dice la resolución. No es lo que ocurrió. Queremos aclarar eso de forma bien concreta. Todo lo contrario. La resolución reconoce que ellos están acogiendo nuestra recomendación basado en la investigación que ese llevó a cabo. Y es una investigación que tenía declaraciones juradas”, comentó la secretaria.

“No hay una declaración jurada que corrobore el anónimo que llegó. Que mire para allá, que siempre se ha dicho que los anónimos no se van a investigar, y hasta los anónimos los estamos investigando porque sabemos que el pueblo tiene interés que se investiguen todas estas cosas que salen en la prensa”, acotó Isales.

“Y lo que pasa es que ninguna declaración jurada daba información que certificara lo que se dice. Al revés. No corrobora. No hay nada. Ese anónimo terminó siendo alegaciones que no se pueden corroborar. O sea, no es que no hay declaraciones juradas. Es que no hay declaración jurada que corrobore lo que dice ese documento anónimo. Son dos cosas distintas. Por eso tengo que ser tan exacta en cómo hablo”, insistió Longo.