El Tribunal de Apelaciones confirmó recientemente una decisión que evita que el Departamento de Justicia entregue al portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández, los expedientes de investigaciones archivadas de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC).

La información la dio a conocer el propio Departamento en un comunicado de prensa en el que la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, destacó que su agencia actúa conforme “al ordenamiento jurídico y con el debido respeto a la separación de poderes”.

“Rechazamos de plano la insinuación de que en este Departamento se proteja a funcionario alguno. Es una alegación seria, hecha sin un solo documento que la sostenga. El Departamento de Justicia no tiene nada que ocultar, pero sí tiene el deber legal de proteger la integridad de las investigaciones, así como los derechos y la seguridad de los testigos y las víctimas de delito. Esa responsabilidad debe cumplirse al mismo tiempo que garantizamos el interés público y el acceso a la información conforme a los límites establecidos por nuestro ordenamiento jurídico”, expresó.

Fue el pasado 1 de junio que la delegación popular, encabezada por Hernández, informó de la radicación de la demanda contra Justicia.

El recurso legal fue presentado luego de que, el pasado mes de mayo, se archivara una querella contra la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

La funcionaria estuvo involucrada en una controversia por la otorgación de un contrato de $60,000 mensuales mientras laboraba en el Departamento de Salud durante el pasado cuatrienio.

Gómez Torres explicó que no es cierta la alegación del legislador sobre la existencia de casos de corrupción archivados sin investigar.

Aclaró que los casos fueron atendidos mediante distintos procesos. Algunos fueron referidos a otras agencias y entidades investigativas; otros se remitieron a distintas fiscalías para evaluar posibles elementos de delito que no están bajo la jurisdicción de DIPAC; unos se encuentran bajo evaluación en el área civil para gestionar el posible cobro de dinero; y otros fueron procesados criminalmente ante los tribunales.

Pero, el legislador enfatizó en su reacción a la decisión del Apelativo que quedará el “misterio” sobre los casos cerrados por Justicia y se cuestionó qué tiene que esconder la agencia.

“Recibimos la sentencia del Tribunal de Apelaciones que no le reconoce legitimación a un legislador de la minoría para acudir al Tribunal mediante el mecanismo del Artículo 34-A del Código Político. No estamos de acuerdo con la interpretación restrictiva que le dio el Tribunal de Apelaciones a la figura de la legitimación activa. De hecho, desde el primer día hemos sostenido que cuando comparecimos a los tribunales, lo hicimos tras una moción aprobada por el Senado de forma unánime donde se nos autorizaba a comparecer a los foros judiciales para hacer valer nuestras prerrogativas legislativas que son de estirpe constitucional”, dijo Hernández.

El también abogado declaró que “en los próximos días, evaluaremos el curso de acción y las alternativas legales que tenemos disponibles, incluyendo la posibilidad de llevar esto hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El país merece conocer qué hay en los expedientes que el Departamento de Justicia ha ocultado. La defensa férrea de Justicia en esconder estos expediente, nos lleva a pensar que se trata de un encubrimiento más de la secretaria Lourdes Gómez hacia otros funcionarios de esta administración. Recordemos el caso de la Secretaria de la Familia, Suzanne Roig, a cuya funcionaria le dieron un toallazo desde Justicia”.

Por otro lado, la secretaria de Justicia reconoció la facultad constitucional de investigación de la Asamblea Legislativa y reafirmó su disposición de colaborar y proveer toda aquella información que, conforme a derecho, pueda ser divulgada sin comprometer investigaciones presentes o futuras ni los derechos de las personas involucradas.

“El Departamento de Justicia continuará cumpliendo su responsabilidad con transparencia, prudencia y estricto apego a la ley. Cada determinación que tomamos responde al análisis de los hechos, la evidencia disponible y el derecho aplicable, con el firme compromiso de proteger la integridad de nuestras investigaciones y servir al interés público”, puntualizó la secretaria.