La jueza Leslie Hernández Crespo, de la Sala de Familia y Menores del Tribunal de Bayamón, se inhibió ayer, lunes, del juicio que se sigue contra Ana Cacho por alegada negligencia y por el cese de esfuerzos razonables para la reunificación familiar, solicitado por el Departamento de la Familia (DF). 

En una resolución de dos páginas emitida el lunes, la jueza explicó que la inhibición ocurrió en medio del testimonio de la trabajadora social Vanessa Santana y cuando surgió el nombre de Iván Crespo, su primo hermano y pasado abogado del DF que representó a la agencia en las etapas iniciales de este proceso judicial. 

"Al advenir en conocimiento de tal hecho, y luego de excluir a la trabajadora social de sala, se le hizo la expresión a todos los representantes legales de que el licenciado Iván Crespo Arroyo es nuestro primo hermano", apuntó la jueza en el documento.

"También se les informó que desde hace años no tenemos comunicación en persona con él", agregó.

Hernández Crespo, quien juramentó al puesto de jueza el 23 de septiembre de 2011, aseguró que nunca ha discutido con su primo información sobre este caso u otros casos que ha tenido ante su consideración.

"Tan es así que es durante este proceso que advinimos en conocimiento de su intervención", indicó la jueza.

Iván Crespo, además, es hermano del exportavoz novoprogresista en la Cámara de Representantes, Rolando Crespo, y figura como testigo en el juicio contra el exfiscal, Joseph Esparra Álvarez. Según la teoría del Ministerio Público, en la oficina de Iván Crespo se celebró una reunión entre el ahora convicto federal Lutgardo Acevedo y Esparra Álvarez, en la cual se negoció el supuesto archivo de cargos del contable relacionados a una pelea en el restaurante Mesa Criolla a cambio de un nombramiento en propiedad como fiscal de distrito.

Debido a la inhibición de Hernández Crespo, la vista de cese de esfuerzos contra Cacho quedó interrumpida y sin fecha de continuación tras cinco días de desfile de prueba. 

Este juicio inició la semana pasada con el testimonio de Cacho y continuaba esta semana con las declaraciones de las trabajadoras sociales que intervinieron en el caso, que se originó después de la muerte del niño Lorenzo González Cacho, de ocho años, el 9 de marzo de 2010. 

El DF persigue que se le releve de realizar esfuerzos razonables para reunificar a Cacho con sus hijas como lo dispone la Ley 246 o Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.

La vista se celebra luego que 18 de junio de 2013, el Tribunal Supremo revocó la decisión de la jueza Sonia del Toro, quien relevó al DF de realizar esfuerzos razonables para la reunificación familiar.

Actualmente Cacho, quien es representada por las abogadas Sharon González Maldonado y Brenda Berríos Morales, ostenta la patria potestad de las menores y sostiene relaciones filiares con sus hijas de 11 y de 18 años. 

Mientras, el padre, Ahmed Alí González, mantiene la custodia física provisional de ambas menores.

Inicialmente, las autoridades identificaron a Cacho, Jesús Jenaro Camacho, William Marrero y Arnaldo Colón como sospechosos por la muerte de Lorenzo, aunque -a cinco años del crimen- no han presentado cargos por el asesinato. 

Pero en un cambio de discurso, el actual secretario de Justicia César Miranda, aseguró que todos los nombres que se han mencionado públicamente son "relevantes" a la investigación que conduce su agencia para esclarecer el crimen, incluyendo el nombre de Luis Gustavo Rivera Seijo, conocido como el Manco.

Tres jueces inhibidos

El pasado 10 de abril el juez José Cardona se inhibió del proceso luego de que varios medios de comunicación resaltaran la contratación del licenciado Guillermo Somoza para representar a su hijo, Jose Cardona Latoni, imputado por cargos de posesión de marihuana, y su vínculo con el caso de Cacho.

Como secretario de Justicia, Somoza insistió en identificar a Cacho como sospechosa de la muerte de su hijo.

Ante esta inhibición, el 13 de abril la jueza administradora regional, Griselle Robles, reasignó el caso a Hernández Crespo, quien se desempeñó como presidenta interina de la Junta de Planificación bajo la administración del exgobernador Luis Fortuño.

Dos años antes, el 16 diciembre del 2013, Ahmed Alí solicitó la inhibición del juez Ricardo Román porque el togado sostuvo una comunicación exparte con una testigo del caso.