El secretario de Justicia, César Miranda,  evalúa recurrir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para apelar la decisión tomada anoche por el Primer Circuito de Boston de declarar inconstitucional la Ley para la Recuperación de las Corporaciones Públicas, mejor conocida como la “quiebra criolla”, se informó en comunicado de prensa. 

De paso, el funcionario dijo estar “decepcionado” con la decisión emitida por el panel de jueces del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, porque “tiene el efecto de dejar a los puertorriqueños desprovistos de un proceso ordenado para renegociar las deudas de las corporaciones públicas”.

“La decisión emitida por este panel con relación a la Ley para la Recuperación de las Corporaciones Públicas adoptada en Puerto Rico es sumamente decepcionante. La misma adjudica como válido el estado de discrimen establecido contra Puerto Rico, al excluírsele de la aplicación del Capítulo 9 de la Ley de Quiebra por acción del Congreso en 1984. Es arbitrario e inconcebible el que Puerto Rico se encuentre desprovisto de un instrumento que le permita una negoción ordenada de la deuda pública”, sentenció en declaraciones escritas.

Añadió que “hoy tenemos un gobierno que queda desamparado en lo que concierne a lo dispuesto en el Capítulo 9, e imposibilitado para legislar su propio instrumento que le permita a nuestras corporaciones públicas atender de forma ordenada la crisis fiscal que ya ha sido anticipada”.

Explicó que la evaluación de apelar la determinación está en manos de asesores de la agencia. Dijo que cuando se tenga una opinión, será consultada con el gobernador Alejandro García Padilla. 

“Mientras tanto, resulta indispensable para Puerto Rico centrar sus esfuerzos en persuadir al Congreso de Estados Unidos para que se corrija la acción tomada contra Puerto Rico en el 1984 y apruebe la inclusión del país en las disposiciones del Capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras. Esto es indispensable pues, renegociar la deuda de nuestras corporaciones públicas y del país exclusivamente a base de consenso y sin contar con un código ordenado, ha de resultar sumamente difícil y complejo”, explicó el titular.

La determinación del Primer Circuito de Boston, tomada por los jueces Sandra Lynch, Jeffrey Howard y el puertorriqueño Juan Torruella, valida una decisión previa del juez federal en Puerto Rico, Francisco A. Besosa. 

"Puerto Rico, contrario a los estados, no puede autorizar a sus municipios o corporaciones a buscar una quiebra bajo el Capítulo 9", lee la determinación de 75 páginas de estos jueces del Apelativo federal. 

Besosa declaró que la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico, aprobada en junio de 2014, es nula, de acuerdo a los preceptos de la Ley de Quiebras Federal. Esto a raíz del pleito presentado por los acreedores Franklin Trust y Blue Mountain Capital, a quien la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) le adeuda aproximadamente $2,000 millones. Por lo tanto, el 6 de febrero pasado ordenó que no se pusiera en vigor, dado a que la Ley de Quiebras federal ocupó el campo e impide a Puerto Rico legislar su propio estatuto.

Por otro lado, Miranda explicó que la decisión del Tribunal de Apelaciones se tomó luego de que los abogados de Justicia radicaran una moción a raíz del anuncio que hizo el gobernador el pasado lunes 29 de junio sobre la dificultad que enfrenta el gobierno para cumplir con el pago de la deuda. 

En dicha moción se pedía que se atendieran la apelación a la decisión de Besosa con carácter de urgencia, según reveló. 

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