Dos personas acusadas de cometer fraude electoral en el Municipio de Villalba, se declararon culpables el pasado viernes, indicaron por separado el representante José Enrique Meléndez y el Departamento de Justicia.

Anabelle Martínez Negrón, secretaria de la asamblea legislativa de Villalba y José R. Vázquez Pérez, sargento de armas de ese cuerpo, hicieron se declararon culpables por cargos graves de perjurio, archivo de documentos falsos y traspaso de documentos falsos durante las primarias del Partido Popular Democrático (PPD) del 2012, efectuadas para dilucidar candidaturas legislativas

Las denuncias aluden a la práctica ilegal de vaciado de listas en el escrutinio.

Ambos serán sentenciados el próximo 27 de enero en la sala 501 del Centro Judicial de Ponce, indicó en entrevista telefónica el fiscal Edmanuel Santiago, de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia.

La sentencia recomendada sería de nueve meses y 15 días pero dependería del juez y del informe probatorio si la pena se cumpliría en prisión o en restricción domiciliaria, agregó el fiscal.

Santiago, quien llevó el caso junto a la también fiscal Mónica Rodríguez Madrigal, dijo hoy domingo que, como parte del acuerdo, se archivaron los cargos contra un tercer imputado, José Ronaldo Vázquez, pariente de uno de los acusados y cuyo rol se limitó a vigilar la puerta del colegio electoral donde ocurrió el fraude.

“Hoy se hizo justicia por la democracia y el derecho al voto de todos los ciudadanos de Villalba.  La aceptación de culpabilidad de dos funcionarios electorales del PPD el pasado viernes y acusados por el fraude electoral en Villalba es el inicio para saber toda la verdad sobre el desagradable capítulo donde se manipularon los resultados electorales de las pasadas elecciones del 2012 vaciando listas y falsificando firmas de electores”, dijo Meléndez, quien hizo las denuncias iniciales de este fraude, en declaraciones escritas.

“Espero que el Tribunal les someta todas las de la ley a estas personas que abusaron de la confianza de todo un pueblo y del sistema electoral que representa la democracia de nuestra Constitución. El Juez y el Departamento de Justicia deben enviarle un mensaje claro al pueblo de que este tipo de acciones no se tolerará”, agregó Meléndez.

El legislador felicitó a los fiscales del caso, y a la vez, exigió al secretario de justicia, César Miranda, que se determine la participación del actual alcalde Luis Javier Hernández Ortiz; quien presidía el colegio donde se ejecutó el fraude; del ex alcalde y actual juez del Tribunal Superior de Ponce, Waldemar Torres Cintrón; y de otros funcionarios electorales.

En entrevista telefónica, el fiscal Santiago dijo que la pesquisa en ese municipio no ha concluido.

“La investigación de Villalba y de los referidos en ese municipio continúa. No voy a entrar en más detalles porque se trata de una investigación en curso”, respondió.

Asimismo, Meléndez pidió en el comunicado que se actúe más allá de la radicación de cargos en el caso de fraude electoral imputado a funcionarios y electores identificados con el PPD en Cataño

“Al día de hoy no ha habido ningún tipo de comunicación por parte del Departamento de Justicia sobre alguna acción adicional que se haya realizado sobre este caso”, reclamó Meléndez, quien también pidió a la fiscalía federal que evalúa si hubo violación a leyes electorales federales.

Al respecto, Santiago dijo que los tribunales determinaron no causa en vista preliminar contra tres de los imputados, mientras que un cuarto acusado, William Fuertes, comparecerá a una vista el próximo 8 de enero en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón para evaluar sus alegaciones de desestimación.

Santiago también supervisa los procesos judiciales relacionados al alegado fraude electoral en la primaria del Partido Nuevo Progresista en Guaynabo. El fiscal dijo que este jueves en el Centro Judicial de Bayamón habrá una vista de alegaciones de desestimación al cargo de perjurio contra siete acusados.

En estos pliegos acusatorios de Guaynabo se hicieron imputaciones contra cerca 60 personas, de las cuáles dos se han declarado culpables, aunque también ha habido determinaciones de no causa y reclasificación de cargos para decenas de otros acusados.