Se declaran culpables dos acusados por fraude a Beca Pell
Charles Santana y Jessica Rodríguez Velázquez se declararon culpables por un cargo de fraude electrónico.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 10 años.
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Dos de los nueve acusados por cargos relacionados a un fraude para apropiarse de dinero de asistencia económica para estudios académicos de la Federal Student Aid (Fafsa), mejor conocida como la Beca Pell, hicieron alegación de culpabilidad y serán sentenciados en marzo.
Charles Santana y Jessica Rodríguez Velázquez se declararon culpables, luego de llegar a acuerdos con la fiscalía. Ambos hicieron alegación de culpabilidad por un cargo de fraude electrónico, para una pena recomendada de entre 12 y 18 meses, que podrían ser de cárcel o probatoria, a discreción del juez federal Francisco A. Besosa.
La lectura de sentencia de Santana fue señalada para el 12 de marzo de 2015, y la de Rodríguez Velázquez, para el 15 del mismo mes.
El 22 de julio pasado, ambos fueron detenidos por las autoridades federales junto a otras siete personas acusados por un esquema de fraude que se llevó a cabo entre marzo de 2010 y marzo de 2012 para defraudar al Departamento de Educación Federal por $351,333. Según la pesquisa, Santana encabezó dicho esquema, quien junto a Rodríguez Velázquez reclutó a las demás personas que se hicieron pasar por estudiantes de la Universidad Interamericana con el fin de apropiarse de los fondos asignados por el gobierno federal para pagar los estudios.
Los demás acusados son Eliezer Santana Cruz, Nydia Cruz Rodríguez, Alexis Cockran Cruz, José Lanause Cruz, Yamille Santana Cruz, Matilde Santana Cruz e Irma Montañez Aponte. Se alega que estos se matricularon en cursos por internet, pero era Santana quien llenaba la información de solicitud de ayudas económicas federales y les hacía las tareas de las clases para que pareciera que estaban participando de los cursos por internet.
Santana le enviaba a la universidad las cuentas bancarias a nombre de los estudiantes fraudulentos. Tomaba el dinero y les daba su parte a los supuestos estudiantes. Se aclaró que la universidad cooperó con la investigación.
De ir a juicio y ser encontrados culpables, la pena máxima es de 20 años de prisión por cometer fraude usando medios electrónicos, y cinco años por fraude a los programas de ayudas económicas federales para estudios académicos. Santana también enfrentaba cargos adicionales por robo de identidad agravado por usar información personal de otras personas para cometer el fraude.