Los hermanos Oscar José y Javier Juelle Abello, dueños de Bora Bora y Flamers, se declararon culpables este miércoles de evasión contributiva y apropiación ilegal de fondos públicos a cambio de un acuerdo que les requiere pagar $1,270,000, de los que ya restituyeron la mitad al Departamento de Hacienda.

El acuerdo recomienda, además, una pena reducida de cinco años y seis meses, que cualificaría para cumplirse en probatoria.

“El 26 de junio de 2014 el Departamento de Hacienda recibió $630,000 en restitución”, informó el fiscal Miguel Deynes Vargas ante la jueza Giselle Alfonso Fernández del Tribunal de San Juan.

“Ya restituyeron la mitad del dinero, porque si no, no habría acuerdo”, aseguró Deynes Vargas.

Los $640,000 pendientes se harían en dos pagos, uno en 2015 y otro en junio de 2016, según el alegato de culpabilidad que suscribieron los ahora convictos.

 Los hermanos Juelle Abello fueron representados por el veterano abogado Joaquín Monserrate Matienzo. Mientras, el licenciado José Olmo representó a las corporaciones que dirigen.

La jueza Alfonso Fernández, quien fijó la sentencia para el 9 de septiembre, evaluará las condiciones del acuerdo y los informes presentencia antes de decidir si lo acepta tal cual o si haría cambios.

Para lograr el preacuerdo con pena reducida, los delitos de apropiación ilegal de fondos públicos se reclasificaron a modalidades que cualifican para probatoria, según informaron los fiscales Deynes Vargas y Carlos Romo Aledo en un aparte con este medio.

Según las denuncias por estos delitos, los empresarios se quedaban con 66% del impuesto sobre las ventas y uso (IVU) que cobraban a sus clientes y no lo remitían en Hacienda.

 Sin reclasificaciones, el dúo se exponía a un máximo de 23 años de reclusión.

En cuanto a los delitos tributarios, Deynes Vargas dijo que “hicieron alegación de culpabilidad por las violaciones (al Código) de Rentas Internas según imputadas”.

“Logramos ambas cosas: la restitución del dinero del erario y la condena por delito grave”, expresó de su parte Romo Aledo.

 “Vamos a continuar radicando delitos criminales contra aquellos que cobran el IVU y no lo pasan a Hacienda”, puntualizó su colega.

 Las acusaciones contra los empresarios contenían 16 cargos por violaciones al Código de Rentas Internas y 20 por apropiación ilegal de fondos públicos, producto de una investigación de 2009 a 2012 que realizaron en conjunto el Departamento de Justicia y la División de Delitos Económicos de Hacienda.

La pesquisa reveló un esquema en el que las compañías de los empresarios convictos retenían $2 de cada $3 que cobraban por el IVU, informó en febrero pasado el secretario de Justicia, César Miranda.

 "El dinero con el que se quedan estos comercios no es de ellos, es del pueblo de Puerto Rico y la verdad es que esta práctica constituye un atropello contra los ciudadanos que sí cumplen con su obligación de pagar al Gobierno", expresó entonces Miranda.